La entidad de juristas Drets y el Instituto de Derecho Humanos de Andorra han presentado hoy martes una ampliación de la querella de mayo del 2017 contra cuatro policías españoles que presionaron a la Banca Privada de Andorra (BPA) con la finalidad de conseguir datos bancarios de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol. Las dos asociaciones han pedido que se amplíe la querella por los delitos de falsedad de documento y coacción de órganos constitucionales al expresidente español Mariano Rajoy, y los exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Al exministro Fernández Díaz también lo consideran autor de un delito de amenazas. coacciones, extorsión y chantaje, junto con el exsecretario de Interior Francisco Martínez Vàzquez y el exdirector general de la Policía, Ignació Cosidó.
Información falsa
Al escrito de ampliación de la querella se considera acreditado, a partir del testimonio del excomisario José Manuel Villarejo, que la cúpula de Interior estaba detrás de la Operación Catalunya contra los líderes independentistas que buscaba, en este caso, información bancaria para desacreditarlos. Llegaron a filtrar información que luego se demostraron falsas.
Igualmente los querellantes sostienen que hay bastantes evidencias que la intervención del FinCen, organismo dependiente del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue decisiva para la intervención y liquidación del BPA en marzo del 2015, acciones que fueron posibles a partir de información "falsa" enviada por el Gobierno sobre una hipotética práctica de lavado de capitales por parte de la entidad bancaria. Meses antes de la liquidación y la intervención, en enero del 20015, Rajoy y Montoro mantuvieron una reunión en Andorra con el jefe del gobierno andorrano, Isidor Martí, y tres ministros andorranos donde se trató esta cuestión.
Según la querella inicial, en mayo y junio del 2014 tres directivos del BPA fueron amenazados, coaccionados y extorsionados por parte de los cuatro agentes policiales con el objetivo de obtener información de supuestas cuentas bancarias de políticos catalanes independentistas bajo la amenaza de que la entidad podría acabar siendo intervenida, lo que finalmente pasó.