Nuevo capítulo en el asunto de Alberto Rodríguez, diputado por Unidas Podemos en el Congreso a quien la presidenta Mertixell Batet retiró el acta después de que se le condenase por una patada a un policía en 2014. Ahora, el ya exdiputado morado, rompió el carné del partido al volver a Tenerife, ha pedido que se aclare exactamente su condena. Lo ha hecho dirigiéndose a la Junta Electoral Central y ha pedido explicaciones sobre cuando habrá cumplido su condena de mes y medio de inhabilitación.

Inhabilitación de 45 días

Su defensa pide a este organismo que "emita una certificación sobre las fechas de cumplimiento de la pena según tenga calculado esta Junta Electoral Central". Según la sentencia, esta condena es de 45 días de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo. Este es un paso más en la estrategia de Rodríguez después de ser expulsado del Congreso. Aunque se planteó con interponer acciones legales contra Batet, estas se acabaron descartando, en gran parte por la posición de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ahora, los abogados del canario se han dirigido tanto al Supremo como la Junta lectoral Central para aclarar la condena.

Con respecto al Supremo, el letrado ha pedido en la sala de lo penal que suspenda cautelarmente la ejecución de su condena hasta que se resuelvan sus recursos contra las consecuencias de su pena. Ahora, también se ha dirigido a la Junta Electoral Central, para que concrete sus cálculos sobre cuándo habrá cumplido su condena, una vez pagadas tanto la multa como la indemnización. En el escrito de los abogados, se revela la existencia de un informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en que el Ministerio Público asegura que su condena de inhabilitación, sometida a mucho debate, implica que "única y exclusivamente que durante un mes y quince días que se fije en tal liquidación, el señor Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más ni menos".

Rechazo a la revisión

Esta semana, los letrados del Congreso dieron una nueva mala noticia al canario, ya que rechazaron que la mesa revisara su caso. Unidas Podemos había pedido que el órgano de gobierno anulara el oficio de la Junta Electoral Central (JEC) para sustituir al diputado, pero los letrados se han mostrado contrarios a esta demanda. Concretamente, los letrados concluyeron que "la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la presidencia de la cámara", en manos de Meritxell Batet. Entonces, "no existe vía reglamentaria" para que la mesa revise la ejecución de la sentencia contra Alberto Rodríguez decidida por la presidenta.

Trabajo de obrero

Hace una semana, Rodríguez, pidió reincorporarse a su trabajo de antes de entrar a la política profesional: obrero industrial. Lo hizo público en un comunicado a través de las redes después de volver a Tenerife, su tierra, donde nada más llegar, acusó a sus socios de gobierno, el PSOE, de robarle su acta.

"Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y seguir aumentando experiencias vitales y luchas con mis compañeras de la fábrica que tanto he encontrado a faltar", anunció Rodríguez, asegurando que esta reincorporación es algo que "siempre dije que haría". Por eso, al exdiputado morado este le parece un "paso fácil, que siempre sabía que llegaría y nunca lo intenté esquivar".

Después de su asunto, que ha abierto la enésima guerra entre los socios de gobierno en medio de todo el conflicto por la reforma de la reforma laboral y la derogación de la ley Mordaza, por la cual PSOE y Unidas Podemos ya han firmado un primer acuerdo, Rodríguez ha explicado que "nunca he concebido la representación política como una manera de mantenerme individualmente cueste lo que cueste". Con lo que es un duro mensaje hacía aquellas personas que se mantienen en el poder durante muchos años y no lo saben abandonar, el de Tenerife defiende todo el contrario: "Tendría que ser una etapa de generosidad, de gran exposición personal que sirva para defender los derechos y libertad de nuestra gente y de nuestra tierra".

En la imagen principal, Alberto Rodríguez / Efe