El B2 es un nivel de catalán demasiado alto y "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel": esta es la conclusión que sacó un juez a la hora de juzgar las bases del concurso público del Ajuntament de Vic para optar a una plaza de operario de cementerio. Es una sentencia hecha pública la semana pasada y que, esta semana, ha tenido otro caso con la posición de la fiscalía de oponerse al nivel B2 de catalán para ser chófer del Parlament. Aunque no son casos del todo nuevos, ya que ya había pasado en Sant Andreu de la Barca, en la Roca del Vallès, en Sant Andreu de Llavaneres o Roses, el alcalde de Vic, Albert Castells, en una entrevista en El Nacional.cat muestra su preocupación ante lo que podría ser una nueva ofensiva judicial contra el catalán.
¿Por qué cree que entidades como Convivencia Cívica Catalana se fija en un ayuntamiento como el de Vic, que no forma parte del área metropolitana de Barcelona?
El objetivo es muy claro, que es destruir la lengua catalana. Aquí no se aplica el sentido común de lo que ha hecho el ayuntamiento, sino que se aplica una voluntad clara de ir contra la lengua catalana y de hacerla cada vez de uso menos frecuente y de irla borrando de Catalunya. Creo que realmente aquí no se está hablando de derechos de personas, sino que estamos ante una campaña contra la lengua catalana.
Una vez recibida la sentencia, ¿qué actuaciones realizará el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento está, desde el primer día, analizando la sentencia. También lo hemos explicado en la Mesa por la lengua. Estamos todavía en esta fase de análisis, y la voluntad es recorrer hasta última instancia, porque creemos que vulnera los derechos de los ciudadanos de Vic si no garantizamos que puedan dirigirse a los funcionarios públicos en catalán.
Otros ayuntamientos han acabado acatando… Incluso, ¿podrían plantear una modificación o la creación de una ley para proteger el catalán en los ayuntamientos?
Eso es lo que pedimos al Govern de la Generalitat, precisamente. Yo se lo avancé al conseller de Política Lingüística. Desde la ciudad de Vic pedimos a todos los diputados del Parlament de Catalunya que hagan lo que sea necesario a escala normativa para que las administraciones podamos establecer este nivel básico de B2 a toda la escala de funcionarios públicos. Al margen de lo que digan las leyes, de lo que acaben diciendo nuestros posibles recursos, el fondo de la cuestión es que el conseller y todos los diputados del Parlament que pasen actualicen las normas que sea necesario para establecer este suelo de B2, que nos parece lo básico para la función pública.
¿Cuál ha sido la respuesta del Govern y del consellerVila?
El conseller se ha puesto en contacto conmigo en dos ocasiones en tres días. En cuanto al diálogo con la consejería, yo trabajé en ello desde el primer momento y nos instamos a trabajar. Así como ya le hice esta petición de cambios normativos, el consejero también me pidió detalles sobre si haríamos algún recurso, cosa que aún no tenemos. Nos emplazamos a vernos o a trabajarlo en los próximos días para llegar al caso concreto de nuestra sentencia.
Durante la sesión de control de esta semana, la respuesta del consejero fue remitirse al Pacte Nacional per la Llengua. ¿Cómo lo ve?
La teoría puede sonar bien, pero la práctica... Yo le preguntaría cómo garantizaremos, porque el pacto nacional dice que nos garantizará que cualquier funcionario público conozca la lengua catalana o pueda desarrollarse. No sé cómo se podrá garantizar lo que dice este pacto nacional sin este nivel de B2. Es decir, para nosotros, insisto, es el fondo de la cuestión. Si miramos las competencias que establecen los conocimientos de lengua y los certificados, en el nivel B2 hay una frase que dice que el usuario podrá afrontar satisfactoriamente un amplio abanico de situaciones de comunicación con un cierto grado de independencia lingüística, así como un grado suficiente de recursos lingüísticos para expresarse con seguridad, flexibilidad, solidaridad y corrección. Por lo tanto, este es el nivel intermedio. No estamos pidiendo aquí ningún conocimiento profundo de lengua, estamos pidiendo unos mínimos. Si bajamos de este nivel, un A2 dice llevar al usuario a poder dar tareas sencillas en situaciones simples de comunicación. Me tiene que explicar, entonces, cómo garantizará el consejero el Pacto Nacional por la Lengua, si una es clarísima, que es este certificado B2. Este funcionario del cementerio de Vic, si se encuentra a un ciudadano y allí hay una situación de emergencia, que un ciudadano caiga al suelo, que tenga una situación de salud, ¿cómo afrontará la situación? O en una situación menos grave que le pida unas indicaciones… Esto ya son unas situaciones que son de expresarse con fluidez y corrección, que es lo que pedimos a la función pública. En cambio, con los niveles más bajos, esto no está garantizado. Por lo tanto, para mí es una contradicción.
La sentencia y el juez dicen que el B2 es excluyente. ¿Cree que esto podría abrir la puerta a que los otros niveles, como el A2, también sean en un futuro considerados excluyentes?
El objetivo de quien pone en marcha todo esto es ir a atacar la lengua, porque, evidentemente, en el Estado de la Función Pública todas las pruebas son excluyentes, de alguna manera. Aquí hubo un candidato que no cumplía ninguno de los requisitos. Todos los requisitos son excluyentes, evidentemente, pero por eso son requisitos, porque tenemos que acabar pudiendo seleccionar a un último candidato. ¿Por qué el nivel de estudios básicos no es discutido? Porque también es imprescindible para desarrollar una tarea, porque consideramos que se debe tener unos mínimos de conocimiento de todo lo que es la educación básica. Por lo tanto, también los excluyen por no tener unos estudios básicos por situaciones de la vida y humanamente comprensibles y muy duras. No hagamos trampa, aquí el problema es la lengua catalana.
Esta semana también se ha dado a conocer que la fiscalía considera desproporcionado que el Parlament de Catalunya pida también el B2 a sus chóferes. ¿Cree que hay una nueva ofensiva, tal como ha pasado en la escuela?
Esto es clarísimo. Forma parte de un todo de represión política, cultural y nacional en Catalunya. Esto no se puede entender de otra manera sin este contexto. Es evidente que con los taxis es lo mismo, que si queremos garantizar que un ciudadano de Catalunya pueda ser un taxi parlamentario, quien sea, pueda desarrollarse en catalán y entender perfectamente las indicaciones. Por eso, es necesario este nivel básico que hemos dicho antes de fluidez. Si no lo garantizamos, no lo podemos garantizar. Por lo tanto, vulneraremos los derechos fundamentales, los derechos humanos básicos de los catalanes y las catalanas, que es poder vivir plenamente en catalán en nuestra casa. Se quiere conseguir que un catalán no pueda desarrollar su vida plenamente en su lengua. Detrás de estas persecuciones hay claramente la voluntad de que esto pase y sea algo ordinario en Catalunya para justificar entonces que el catalán no es igual, que no tenga la consideración de primera.
No sé cómo se podrá garantizar el que dice el Pacte Nacional per la Llengua sin el nivel de B2
Antes hablábamos de cambios legislativos, ¿qué cambios se deberían hacer para proteger el catalán en este ámbito?
Es una de las cosas que hemos trasladado a la Mesa por la Lengua, para terminar de definir y escribir una propuesta concreta al Parlament de Catalunya y al Govern de la Generalitat. Esto se iría, seguramente, al decreto ley del 61 de 2002. Creo que lo que hay que hacer es algo tan simple como pedir que para acceder a la función pública haya este suelo de B2, de catalán y de castellano, que este suelo se establezca por defecto. Que se establezca por defecto y que ninguna administración pueda contratar a una persona en Catalunya sin que tenga este suelo de conocimiento de las dos lenguas. A partir de aquí, yo creo que también hay que ser exigentes y seguro que hay mejoras que hacer. En los grados superiores, deberíamos acabar dejando libertad a la administración local para determinados niveles, como los C. La administración local es la que conocemos las especificidades del puesto de trabajo, y, por eso, debemos poder exigir por encima de este B2 sin el miedo y la posibilidad de que alguien nos denuncie, nos envíe a los tribunales y nos haga una sentencia o una sanción, sencillamente por haber puesto una cláusula. Por lo tanto, debemos poder tener la libertad de exigir los niveles de cualquier lengua más allá de las de usos oficiales. Debemos poder premiar en un concurso cualquier otro conocimiento.
Usted forma parte del espacio municipalista de Junts. Esta semana se han reunido con el president Puigdemont y el secretario general, Jordi Turull. ¿Esta fue una de las preocupaciones o una de las cuestiones que trasladaron a la reunión del lunes?
Sí, evidentemente. Como alcalde de Vic y como miembro de Junts el tema de la lengua siempre está sobre la mesa. Le trasladé al president Puigdemont las preocupaciones, mientras que con Turull lo había hecho durante los últimos días. Es una de las preocupaciones de Junts y del espacio municipalista.
¿Cuál fue la respuesta del partido?
Total apoyo. Siempre ha habido un apoyo de Junts por la llengua para conseguir mejoras, también en el Parlament. Consideramos que la lengua es el pilar fundamental y la columna vertebral de la nación catalana y esto lo saben muy bien y, por eso, quieren destruirla. Quien quiere destruirla y quien ejerce esta fuerte y dura represión política que mantiene pues todavía al president en el exilio en contra de lo que dicen las sentencias y lo que dice la legislación vigente. No podemos hacer más que denunciar cómo un Estado que hila tan fino, como con el Ajuntament de Vic, y mantenga a todo un president en el exilio en contra de lo que dice la misma ley.
Hablando de lengua, ¿cuál es la situación del catalán en Vic, teniendo en cuenta que en los últimos años ha crecido demográficamente?
La situación del catalán en la ciudad de Vic es que, hasta hoy, goza de buena salud, de una fortaleza evidente, pero que también, sobre todo desde la pandemia hacia aquí, estos años veinte del siglo XXI, sufre un cambio sustancial. Y esto se debe a varios hechos. El hecho migratorio y demográfico no lo es, porque la prueba es que desde el año 2000 hasta el año 2020 la ciudad había crecido el doble de lo que ha crecido el país. El país ha pasado de 6 a 8 millones, la ciudad de 30.000 a 50.000 habitantes. El país ha crecido un 33% y la ciudad de Vic un 66%. Por lo tanto, hemos crecido el doble y los hijos de los recién llegados son catalanes, como los hijos de los que tienen los progenitores que hay aquí. Vic ha tenido un modelo de éxito de integración, de inmersión lingüística, y hay miles de ejemplos en la ciudad de personas nacidas aquí, con lenguas familiares y maternas muy diversas, y, en cambio, los hijos mantienen la lengua materna en la familia y un acento catalán y vigatà perfecto gracias a la escolarización en catalán y a que la ciudad ha hecho el trabajo.
Y esto está cambiando. Y nos ha hecho encender todos los grupos de alerta y, por eso, hemos creado una concejalía de lengua, de crear un plan de acción por la lengua y de empezar a hacer acciones para que esto no se frustre. El catalán ha sido un pilar para la convivencia y la integración social. Si en otros momentos de la historia ha funcionado y ha hecho que la ciudad progrese, quiere decir que no podemos perder esto. Hay síntomas diversos de que las cosas no van bien. En la calle, en las escuelas… Y esto es fruto de esta represión que vivimos como pueblo y como país, esta falta de oficialidad del catalán en la Unión Europea, con la poca presencia en determinados ámbitos de la vida, como en la justicia, o en la sanidad. Si ahora perdemos la administración local, si vamos perdiendo los ámbitos donde el catalán es lengua de uso habitual y frecuente, la ciudadanía por qué lo tendrá que adoptar…
Entiendo que para poder integrar esta última ola demográfica, herramientas como el B2 del catalán en el Ayuntamiento es necesario, ¿no?
Todo es necesario. El mundo digital también, porque es una asignatura nueva que se ha acentuado en los últimos años. Que toda la ciudadanía también tome conciencia de que tenemos muchas responsabilidades como vigatanos y como catalanes. Si nos amamos la lengua, nosotros tenemos en el balcón del Ayuntamiento un lema, que es ‘Defender la Lengua, amar el país’. Esto al final estará en manos de todo el ciudadano. Si realmente cambiamos de lengua y no la hacemos necesaria, pues desaparecerá. No queremos que por una sentencia se pierda el foco de todo lo que tenemos que hacer por el catalán. Son todas las políticas en positivo que estamos haciendo para que el catalán se mantenga y no tenga un retroceso. Es importante que todos los funcionarios de la administración local tengan este B2, porque es lo que pretendemos. Garantiza que cualquier ciudadano pueda dirigirse a cualquier funcionario público y tener una conversación sólida. Si esto ya no está garantizado, pues será un ámbito más en el que el catalán retrocede. Por lo tanto, evidentemente es importante. Pero también quería relativizar en el sentido de que esta plaza la ganó una persona que está ejerciendo sus funciones. Tenemos un problema judicial, no tenemos un problema laboral. No estamos hablando de qué hacer para tener una mayor presencia del catalán en el ámbito digital o cómo hacer que las personas puedan aprender el catalán de una forma más rápida. Estamos inspeccionando todos los comercios y ayudando con el fin de rotular en catalán. Hay mucho trabajo por hacer. Aquí sí que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo eficiente que se puede hacer en positivo y ayudando. Quien nos ataca tiene muy claro cómo destruirnos.