El historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president en el exilio Carles Puigdemont, ha denunciado la "confiscación injustificada" de sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra "tan evidente extralimitación". En una nota de prensa, Gonzalo Boye, abogado de Alay, ha expresado su "sorpresa" por la confiscación de los dispositivos móviles después de su detención la semana pasada en el marco de la "operación Volhov", teniendo en cuenta que está siendo investigando por unos hechos que "ya están documentados".

Alay está investigado por un delito de malversación, en el marco de una pieza que indaga supuestos pagos con fondos públicos para que el expresident de la Generalitat participara en 2017 en la conferencia internacional Crans Montana, un encuentro de reflexión internacional al estilo de Davos.

Según el abogado, Alay ha sido imputado por una factura de 4.250 euros que cobró el 4 de octubre de 2017 por sus "servicios profesionales" en el marco del foro Crans Montana, encargo que recibió entre marzo y julio de 2017 como "especialista en geoestrategia e historia de Asia y política internacional".

Los argumentos de la defensa

La defensa sostiene que esta factura ha sido presentada ante la Guardia Civil, al lado de la "memoria justificativa" de los trabajos llevados a cabo en Crans Montana, un "acontecimiento anual de ámbito internacional y reconocida reputación". Dado que estos hechos ya han sido documentados por la defensa, a Boye le "sorprende" la "confiscación injustificada de los teléfonos móviles" de Alay por parte de la Guardia Civil, una medida, a su parecer, "desproporcionada, innecesaria y falta de cualquier fundamento legal".

Por este motivo, ha anunciado que se tienen que ejercer las acciones legales oportunas para "restablecer en su derecho" al investigado, ante tan "evidente extralimitación" en unas "actuaciones policiales y judiciales impropias de cualquier estado democrático de derecho".