Nuevo movimiento en los juzgados de Plaza de Castilla. Las acusaciones populares del caso de Begoña Gómez (encabezadas por Hazte Oír e integradas también por Iustitia Europa y Vox) han solicitado a Juan Carlos Peinado que cite a Pedro Sánchez a declarar como testigo en la pieza relativa a la contratación de la asesora de la mujer del presidente español, Cristina Álvarez, según indican fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Es una rama de la investigación en la que la lupa está puesta sobre un presunto delito de malversación y que, si llega a juicio, se juzgará con un jurado popular. Si el juez lo ve con buenos ojos y accede a la petición, no sería la primera vez que Sánchez tendría que testificar. En julio del año pasado, Peinado se desplazó a la Moncloa para tomarle declaración, pero él se acogió a su derecho a no declarar en una cita que duró dos minutos porque se escudó en el precepto que lo exime de la obligación de declarar como testigo en una causa que investiga a su cónyuge. “Es mi esposa. […] Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. […] Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley”, se limitó a contestar. Posteriormente, el juez sostuvo que se pueden sacar “conclusiones” de su “silencio”.
📝 Begoña Gómez planta al juez en la cita para informarla de la malversación que puede acabar al jurado popular
Asimismo, las acusaciones también han pedido que se cite a Félix Bolaños como testigo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts ya testificó a mediados de abril: se desvinculó de la contratación de la asesora de Begoña Gómez y aseguró que fue conforme a la ley. Ahora tendría que declarar sobre las funciones y las tareas que hacía Cristina Álvarez. Bolaños está en el punto de mira porque era el secretario general de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021, cuando se contrató a Cristina Álvarez. Además, las acusaciones han solicitado un careo entre Álvarez y Alfredo González, el alto cargo de la Moncloa que propuso nombrarla. Él es quien, en la declaración como testigo, dijo que se limitó a elevar la propuesta y, cuando le preguntaron quién era su superior, señaló directamente Bolaños. El juez Peinado convocó el careo hace cinco meses, pero lo acabó suspendiendo después de que Cristina Álvarez alegara que tenía un viaje a los Estados Unidos.
Las acusaciones han hecho estas peticiones en la cita convocada por este sábado, 27 de septiembre, para que Juan Carlos Peinado concretara la imputación de la pieza. Los tres investigados (Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín) han plantado al juez y han optado por delegar su representación en sus abogados. Begoña Gómez se escuda en una circular de la Fiscalía de diciembre de 1995 que concluye que la presencia del imputado en este tipo de citas “no debe considerarse indispensable para la celebración de la comparecencia al no imponerlo así expresamente la ley”, dado que el traslado de la imputación “ha tenido que hacerse en un momento anterior”. “En la comparecencia, tan solo se concretarán los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”, esgrime.
El tira y afloja entre Sánchez y Peinado en julio de 2024
El 30 de julio de 2024 Peinado entró por primera vez en la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez. Previamente, hubo un intercambio de solicitudes y denegaciones entre el juez y el presidente del Gobierno a razón del formato de la comparecencia. Acogiéndose a una previsión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Sánchez pidió hacerlo por escrito alegando que la norma permite que el presidente del Gobierno y los ministros puedan “informar por escrito sobre los hechos que tengan conocimiento en razón de su cargo” si son citados como testigos.
“Como presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento. […] Es notorio que mi comparecencia resulta indispensable de la condición de presidente del Gobierno”, esgrimió Sánchez en una carta que envió al magistrado. Sin embargo, el juez lo rechazó alegando que su testigo no se enmarca en hechos de los que tuviera conocimiento en razón de su cargo, sino como marido de Begoña Gómez (Sánchez defendía que es presidente del Gobierno las 24 horas de los 365 días).
Hace cinco meses, se repitió el mismo guion con Félix Bolaños. El ministro pidió declarar por escrito, pero el juez le contestó que su interpretación era “errónea”. “Los hechos sobre los que tiene que versar su testimonio no los ha conocido a razón de este actual cargo, sino cuando tenía un cargo diferente, en concreto, el de secretario general de la Presidencia, no siendo este el que permite la aplicación del precepto”, argumentó en un auto.
Una querella de Sánchez contra Peinado que el TSJ de Madrid tumbó
De hecho, la negativa del juez de que Sánchez pudiera declarar por escrito llevó al presidente español a presentar una querella contra él. La Abogacía del Estado denunció que tomar declaración a Sánchez presencialmente en la Moncloa “contradice la normativa” y “despoja de garantías la presidencia del Gobierno” y Sánchez defendía que era “notorio” que su comparecencia era “indiscernible” de su condición de presidente del Gobierno. La Fiscalía era partidaria de que la querella se aceptara y se estudiara, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmitió por unanimidad argumentando que Juan Carlos Peinado “no quiso interrogarlo” por sus actos “como institución”, sino que quiso interrogar al “marido de la querellada por lo que hubiera podido conocer en este plan personal”. “La cita como testigo se hizo claramente por actos no derivados del ejercicio de las funciones de presidente del Gobierno”, justificó.
El auto era muy crítico con la querella de la Abogacía del Estado: criticaba el “carácter especulativo” en el que se basaba y el “prejuicio que la destila”, reprobaba que “no tiene suficiente desarrollo, aunque sea a manera indiciaria, de cuál ha sido el perjuicio infringido” al Gobierno y censuraba que atribuir a Peinado un “móvil espurio y prevaricador” quedaba en el terreno de la “especulación”. Además, reprochaba al líder socialista que “nadie tiene derecho a la incoación y el seguimiento de un proceso penal sobre presupuestos infundados”, consideraba que la querella “obedece al intento de tergiversar la finalidad lícita” de “perseguir conductas improcedentes” de los jueces y añadía que la “utilización” de la Abogacía del Estado para la formulación de una querella como esta es “extravagante”.