Autodeterminación, amnistía y fin de la represión. Los múltiples actores del independentismo han compartido este clamor manta veces, en infinitas movilizaciones. Consensuar que estos serán los máximos con que la Generalitat irá a negociar con el Estado no ha sido difícil, pero sí insuficiente para alcanzar un acuerdo formal. Junts per Catalunya, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium y el Consell per la República han coincidido esta tarde en fijar estas tres demandas como los pilares sobre los que debe pivotar la propuesta catalana de la mesa de diálogo con Sánchez. La cuestión clave es como reaccionar y hasta dónde ceder si el tándem PSOE-Podem se opone. Y aquí surgen las diferencias y matices.
El cónclave, que finalmente ha reunido sólo a partidos y entidades independentistas y ha excluido a los comunes, se ha alargado durante más de dos horas pero no se ha salido con ningún resultado concreto más allá de la voluntad de seguir avanzando en la unidad estratégica y defender autodeterminación y amnistía. El objetivo de la cita era doble. Uno, más de fondo, unificar criterios. El otro, simbólico, dar una imagen de unidad de acción que revista de más fuerza a la delegación catalana que envíe la Generalitat a negociar con Madrid. Ninguno de los dos se ha cumplido plenamente.
El acento más optimista lo ha puesto, a la salida, el artífice de la reactivación del diálogo con los socialistas. En nombre de ERC, Marta Vilalta ha valorado "positivamente" el encuentro. Los republicanos han invitado a "aprovechar la oportunidad" sin "renunciar a ninguna vía". Con todo, ha reconocido que no han sido capaces de cerrar acuerdo alguno.
En términos similares se ha expresado la portavoz del Govern. Ha calificado la cita de "buen síntoma" y ha expresado la voluntad del ejecutivo de que estos encuentros se repitan con periodicidad. También ha confirmado que en la reunión con Sánchez, Torra pondrá sobre la mesa la autodeterminación y la amnistía.
JxCat pide que se reconozca "la interlocución de la prisión y el exilio"
Durante las comparecencias posteriores ha quedado claro que hay disonancias. JxCat ha alertado que no quiere que "esta mesa de negociación sirva para perder el tiempo". Y ha subido el listón. Por ejemplo, que además de reconocer a Torra, hay que aceptar como interlocutores "a los presos y exiliados", empezando por Carles Puigdemont. Así mismo han recuperado la idea de un relator que arbitre el diálogo y han advertido que enmarcar el diálogo "dentro de la Constitución" no supone ningún avance. Durante la valoración que ha hecho una vez terminada la reunión, Elsa Artadi ha aprovechado para reprochar a ERC no haber reunido al independentismo antes de negociar con el PSOE. "Deberríamos haber empezado por donde estamos hoy y no con una negociación entre partidos".
La CUP apuesta por insistir en la desobediencia para "forzar al Estado" a la autodeterminación
La CUP ha trasladado el escepticismo que le despierta la apertura del diálogo con el Estado. Para los anticapitalistas, es impensable que el PSOE se avenga a conceder la autodeterminación en las circunstancias actuales. Por ello apuestan por "poner el foco" en "forzar al Estado" a aceptar la autodeterminación a través de la "desobediencia civil y institucional".
Además de Torra, Aragonès y Budó, a la reunión han asistido Elsa Artadi y Albert Batet en nombre de JxCat, Marta Vilalta y Josep Maria Jové por ERC y en representación de la CUP Carles Riera y Maria Rovira. También ha tenido voz, por videoconferencia, el eurodiputado Toni Comín, como número dos del Consell per la República. Por parte de las entidades soberanistas, han participado sus vicepresidentes, Marcel Mauri, de Òmnium, y Pep Cruanyes, de la ANC. Ambas organizaciones han insistido en la necesidad de fiscalizar la negociación con el gobierno español a través de este espacio. Òmnium, además, ha pedido discreción en futuras convocatorias.
Torra quiere llevar la batuta
Superadas las pegas y los reproches iniciales, Quim Torra ha acabado comprando sentarse en el espacio de negociación que Esquerra Republicana acordó con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, quiere llevar la batuta. Por ello, antes de estrenar la mesa con el Estado, quiere reunirse con el presidente español para establecer las bases del diálogo y exigir garantías.
Ambos acordaron ya en una conversación telefónica convocar un encuentro en Madrid o Barcelona lo antes posible. Los respectivos equipos de los dos presidentes están en contacto para encontrar un hueco en las respectivas agendas. A pesar de las críticas de PP, Cs y VOX, Sánchez ha dejado claro que sigue reconociendo a Torra como president, independientemente de la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle. De hecho, el PSC se alineó con los partidos independentistas y los comunes defendiendo que la JEC no es competente para apartar a Torra.
PSC y comunes, aparte
El gobierno Torra ha planteado dos espacios de debate diferenciados. Uno, el que se ha reunido esta tarde, ya generado polémica porque se ha excluido a los comunes, tal como defendían la ANC y JxCat. El argumento es que no tiene sentido que participen de una reunión que debe servir para preparar otra en la cual ellos formarán parte del otro bando, la del Gobierno de España. ERC, en cambio, se había mostrado partidaria de incorporarles para evitar acusaciones de sectarismo.
El otro ámbito de discusión es la continuación del que se puso en marcha en octubre de 2018 a propuesta de Miquel Iceta, que se reunirá por tercera vez este viernes tras un año de inactividad y donde Torra ha invitado a todos los partidos del Parlament. Sólo han aceptado la invitación, además de JxCat y ERC, el PSC y los Comunes. En cambio, Cs, PP y la CUP no asistirán, como ya ha pasado en las anteriores convocatorias.
La consulta ciudadana
Uno de los elementos que incorpora el acuerdo que suscribieron ERC y el PSOE es que el pacto al cual se llegue en la futura mesa de diálogo entre gobiernos -si se llega- lo acaben votando los catalanes en una consulta ciudadana. Habrá que ver, y este será el quid del asunto, si la futura pregunta hará referencia o no a la independencia de Catalunya.
El otro compromiso que fijaba el documento pactado entre socialistas y republicanos era que la mesa entre gobiernos se activaría en los quince días posteriores a la formación de gobierno en España. Eso querría decir antes del 27 de enero.