Jordi Pujol ha quedado fuera del escrito de acusación de la Abogacía del Estado en el llamado caso Pujol, según ha avanzado el digital El Independiente, que ha tenido acceso al escrito.
El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata pidió someter a juicio tanto a Pujol padre como a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos e hijas. A todos ellos los acusa de integrar una organización criminal presuntamente liderada por el expresident de la Generalitat de Catalunya que se habría enriquecido mediante la corrupción a lo largo de décadas. La fiscalía del Estado, al contrario que la Abogacía, pidió 9 años de prisión para Jordi Pujol y 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
En su escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane acota la responsabilidad de los presuntos delitos cometidos contra la Hacienda Pública, de falsedad en documento mercantil y de frustración de la ejecución a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente, para quien pide 25 años de prisión; a la exmujer de este, Mercè Gironès, para quien solicita 17 años y medio y a otro de los hijos del matrimonio Pujol, Josep Pujol Ferrusola, para el que pide 4 años y medio. Fuera deja a Jordi Pujol padre.
Si se estimara el parecer de la Abogacía del Estado, el expresident no iría a juicio, lo mismo que sucede con su esposa, Marta Ferrusola. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estimó la petición de la familia y archivó la causa contra ella porque padece alzheimer el pasado 7 de mayo.
Delito contra la Hacienda pública prescrito
Casi 7,7 millones de euros reclama a los citados familiares de Jordi Pujol la Abogacía del Estado por el presunto daño causado al erario público. En concreto, por el fraude fiscal correspondiente al pago del IRPF de los ejercicios del 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, según ha informado ElDiario.es. Por el contrario, Hacienda ya dictaminó que el delito contra la Hacienda Pública del expresident ya había prescrito. Por esta razón, la representación de los servicios jurídicos del estado deja fuera de la causa a Jordi Pujol padre, a diferencia del fiscal, que ha pedido para él 9 años de prisión.
En el llamado caso Pujol están también acusados diez empresarios que habrían participado en la presunta trama corrupta. En concreto, se trata de Francesc Robert Ribes, Bernardo Domínguez Cereceres, José Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornado Mateu, A.G.K. y Carles Vilarrubí Carrió.
Interlocutoria del juez De la Mata
El 20 de abril pasado, la sala penal de la Audiencia Nacional confirmó la interlocutoria del juez De la Mata, que proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública i falsedad documental.
El tribunal negó toda credibilidad a la versión que ya dio el ex president de la Generalitat el 25 de julio del 2014, cuando confesó la existencia de cuentas opacas de la familia en el extranjero que no habían sido regularizadas durante más de tres décadas, de que la fortuna procedía de una deixa o legado de su padre, Florenci Pujol.
Según la Audiencia, la presunta trama familiar se habría aprovechado de la figura del president de la Generalitat para rentabilizar sus cuentas ocultas al Fisco, y actuaba de manera concertada a la hora de abrir y cerrar simultáneamente las cuentas depositadas en el extranjero y los movimientos de fondos entre ellas.