Mariano Rajoy no tiene más remedio que aplicar la ley, pero que lo haga de manera extrema se debe a su debilidad y a la falta de apoyos que puedan moderar la influencia del ala más conservadora del Partido Popular. El presidente del gobierno español no puede contar ni con Ciudadanos ("un partido que actúa por rabia más que con la razón"), ni con el Rey, que ha malbaratado su papel mediador porque los catalanes lo ven alineado con el mismo gobierno español.

Así lo explica la abogada Míriam González en una columna en el Financial Times, este miércoles, donde apuesta por la nueva versión de la llamada Tercera Vía, que ahora se presenta como "ni DI ni 155". González es una de las asociadas de Dechert, un despacho de abogados de negocios de referencia mundial. Su marido es Nick Clegg, viceprimer ministro británico con David Cameron.

"La paradoja es que las demostraciones de golpearse el pecho, tanto del gobierno catalán como del español, sólo esconden la debilidad de sus posiciones", explica González. La parte catalana está amenazada por divisiones internas y la fuga de empresas. El lado español por su enfoque rígido y legalista y por la cobardía de Rajoy, que no se ha atrevido a visitar Catalunya ni una sola vez desde el 1-O. "Ha enviado a la policía y le ha retirado los poderes [a Catalunya], pero no ha sido lo bastante valiente como para ir él", añade.

La columnista no propone ninguna solución concreta. Ofrece, sin embargo, unos propósitos generales. Por una parte, resolver el problema "exige más que aplicar la dureza de la ley a los organizadores del referéndum ilegítimo [del 1-O]. Rajoy también tendría que abrir un espacio emocional para empezar a construir puentes con una parte más amplia de la sociedad catalana y con las fuerzas independentistas menos extremas".

Por otra parte, "los moderados de todos los partidos" tienen que salir del armario "y coordinar y galvanizar un nuevo enfoque" del conflicto. El problema de estos "moderados" es que "en una sociedad tan cerrada políticamente como España, serán presentados como traidores o saboteadores".

Celebrar elecciones en Catalunya en un máximo de seis meses, como prevé el gobierno español, no mejorará la situación, dice González. "Todos los partidos políticos (los nacionalistas catalanes y los españoles) se centrarán en satisfacer a su electorado, polarizando más el debate político", explica. "Cada día que pasa, el gobierno español está más lejos de solucionar la crisis catalana. La respuesta no se encuentra en medidas con mucha testosterona, aunque las justifique la ley. La respuesta radica en darse cuenta de que hay que buscar la fuerza verdadera en la moderación".