Joan Romero (Albacete 1953) es catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València. Durante años ha centrado su actividad docente e investigadora en el campo de la geografía política, políticas públicas, estructura del Estado y nuevas formas de gobernanza territorial en España y en Europa. Recientemente, ha coordinado un estudio, realizado por investigadores de nueve  universidades españolas, que dibuja el mapa del despilfarro en inversiones públicas innecesarias, realizadas en el estado español entre 1995-2016, cuantificadas en 81.000 millones de euros. Romero opina que el despilfarro en política debería tener consecuencias penales. Es un firme defensor del modelo federal para la toma de decisiones y dice que los altos funcionarios de la Administración del Estado siguen ejerciendo el madrileñismo político que acuñó Ortega y Gasset.

 ¿Qué les motivó a realizar este estudio?
Este es un trabajo que nos ha ocupado poco más de dos años. Derivó de un trabajo en equipo. En concreto, una investigación sobre corrupción política que dirigió mi colega Fernando Jiménez de la Universidad de Murcia, y de un artículo anterior ―Territorios insostenibles―, un balance sobre la burbuja especulativa inmobiliaria en España, que publicamos hace unos años,  junto con Manuel Villoria, responsable de Transparencia Internacional en España. Entre estos dos artículos vi que había un hueco: poner el foco en las infraestructuras públicas desde el punto de vista del despilfarro. Corrupción y despilfarro son conceptos que hay que deslindar.

España tiene una baja calidad institucional

¿Qué conclusiones han obtenido con la realización de este estudio?
La primera es que sabemos muy poco de estas cuestiones, que son muy relevantes. Uno de los problemas de España, y muy grave, es la falta de transparencia en la información por parte de los poderes públicos a la hora de explicar cómo se gasta el dinero de los impuestos en ministerios inversores ―Fomento, Agricultura, Medio Ambiente―, también en consejerías inversoras  y ayuntamientos.

La Unión Europea es bastante más celosa y traslada información mucho más interesante y abundante a la ciudadanía respecto de aquellos proyectos en los que pone dinero para cofinanciar. El Tribunal de Cuentas Europeo da más información de cómo se ha gastado el dinero de las inversiones que nuestras Sindicaturas de Cuentas.

Joan Romero 2

Carecemos de cultura y técnica federal

Cuando uno lee el informe que han escrito ustedes, el rastro que deja es: vaya desastre de país y de gobernantes.
Nosotros tenemos dos problemas muy importantes: el primero es la baja calidad institucional en el conjunto del Estado español. El segundo, un problema de coordinación entre niveles y esferas de gobierno. Tenemos deficientes sistemas de contratación, de información y no tenemos mecanismos de evaluación antes, durante y después de una inversión. Además de informes muy ligeros de impacto ambiental que no conducen a nada, y prácticamente ninguno de rentabilidad social y económica.

España es un estado compuesto, dice el Tribunal Constitucional. Tiene textura federal, aunque a mi juicio estamos lejos de serlo. Carecemos, no ya de instrumentos, sino de cultura y técnica federal a la hora de tomar las decisiones. Le pongo dos ejemplos: el trazado del AVE en España no tiene ninguna explicación; sólo se explica desde el cuadrante de la política. ¿Cómo es posible que el Corredor Mediterráneo esté todavía por hacer?

Y otro ejemplo. Hace unos días, los gobiernos de València, Catalunya, Andalucía y Murcia se han enterado, a través de los medios de comunicación, que han sido excluidos del trazado de los futuros Corredores de Transportes. Hablamos que una parte del Estado, que es gobierno, no ha informado a las otras partes de estas grandes infraestructuras de Estado. Esto es una anomalía institucional de primer nivel.

Y me atrevería a añadir otro problema, hay demasiada cercanía entre intereses privados y esferas públicas. Esto algunos colegas lo definen como Crony capitalism ―“capitalismo de amigotes”―; capitalismo políticamente garantizado.

¿Puede concretarlo?
Yo hago la inversión. Si va bien, el beneficio es para mi empresa y si no va bien, el Estado la rescata.

¿Este ha sido el procedimiento en el proyecto Castor?
Este es el ejemplo reciente más llamativo. Aprovecho para decir que discrepo radicalmente de la última sentencia de la Audiencia Nacional. Hemos de acostumbrarnos también a discrepar de las sentencias como discrepamos de las leyes de los gobiernos.

Usted dice que una estructura federal para la toma de decisiones mejoraría los resultados. Pero, ¿no le parece que la descentralización puede haber facilitado el auge de la megalomanía de los líderes políticos?
No tiene que ver con la descentralización. Tiene que ver con la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación, el proceso de toma de decisiones y la ausencia de sistemas de transparencia y evaluación. Si fuéramos un estado federal, del que estamos muy lejos de serlo, las cosas se podrían hacer mejor.

Póngame un ejemplo.
Recomiendo la lectura del documento elaborado por el Ministerio Federal de Transportes y Comunicaciones alemán. Este documento está colgado en la red. Es el plan de inversiones resultado de una discusión de todos los actores políticos concernidos, es decir, el gobierno central y los länder. En él se concreta el reparto de la ejecución presupuestaria y de responsabilidades, más allá de quien tiene la competencia. El documento se elabora a partir de conferencias sectoriales y de presidentes. Hay una visión “genuinamente federal” que nosotros no tenemos.

La Constitución del 78 hubiera podido ser “federalizante”, es decir, prefiguraba modelos horizontales. Sin embargo, en 2018, nuestros modelos siguen siendo verticales. El Ministerio de Fomento y sus altos funcionarios diseñan el plan de trazados de los futuros corredores de transporte y lo envían a Bruselas sin contar con las comunidades autónomas. Esto no tiene explicación alguna.

El despilfarro político ha de tener responsabilidades en el ámbito judicial

¿Qué impacto cree que tiene en la ciudadanía hablar de 81.000 millones despilfarrados?
En nuestro estudio, hemos puesto el foco en el concepto de despilfarro no de corrupción. La corrupción política sí que se ha instalado en el imaginario colectivo de la ciudadanía, pero no así el despilfarro. Nuestro artículo pretende abrir un camino. Desconocemos el monto total del despilfarro en infraestructuras y equipamientos en España infrautilizados, sin servicio o rescatados. Aquí, insisto, tenemos un problema de calidad democrática tanto en el gobierno central, como en los gobiernos autónomos y locales.

¿Cómo se conjuga que todos los gobiernos autonómicos y locales quieran tener sus correspondientes auditorios, palacios de congresos, de la música... y, al final, tantas “cajas vacías” por falta de recursos económicos para dotarlas de programación?
Yo creo que la pregunta es ¿cómo se combate? Y mi respuesta es con información y con investigación. Otra de nuestras sorpresas como resultado del estudio es el gran número de “ciudades de lo que sea” que hay en España. Del Circo, de la Justicia, de la Luz…

Ya sabemos que estas decisiones las han tomado las élites políticas autonómicas y locales pensando en que ese tipo de inversiones tenían rentabilidad electoral sin coste alguno en caso de fracaso. Esta manera de proceder debería tener un coste más allá de la responsabilidad política. El despilfarro ha de tener una responsabilidad en el ámbito judicial.

Y ahí, es donde reclamo la implicación de los medios de comunicación y el ámbito académico. Está por ver si la rentabilidad de la inversión es buena o no, aunque funcione relativamente.

La falta de información pública en España es un escándalo

Pero, en España, el despilfarro no es delito.
Ahora nos encontramos con que los gobiernos del cambio tienen que buscarle salida, uso o rentabilidad social a otras tantas inversiones. En València, el uso más llamativo es el de la Marina. Han recibido una caja vacía y ahora tiene que resolver cómo devuelven parte del espacio urbano a la ciudadanía y cómo le dan actividad. Es un problema de concepción y de responsabilidad de las élites políticas.

Deberíamos analizar proyecto por proyecto, y mi pregunta es ¿por qué no se ha investigado desde los tribunales de cuentas respectivos? La Unión Europa hace dictámenes y visita todas las infraestructuras aeroportuarias en las que colabora económicamente. La falta de información pública en España es un escándalo.

Los altos funcionarios del Estado siguen aplicando el madrileñismo político

¿A quién beneficia que el gobierno de España apueste por un corredor de transporte que representa el 20% del volumen total y discrimine a otro que supone el 80% de las mercancías?
La Unión Europea no se inmiscuye en la toma de decisiones de los estados miembros. En el caso de los corredores de transportes, el gobierno del Estado español ha tenido una actuación desleal, sesgada y parcial, no sólo con València, sino con todo el Estado.

No sé si esta decisión va contra alguien, pero demuestra una miopía política que deriva de una concepción del Estado. Una colega mía de la Universidad de Sevilla señala, y lo comparto, que las comunidades autónomas sí han querido leer la Constitución del 78 en clave federal, pero los altos funcionarios del Estado, no.

Los altos funcionarios siguen pensando en clave de estado unitario. Creen que España acaba en la periferia de Madrid. Esto no pasa ni en Francia, que es un país absolutamente centralista. Ortega y Gasset le llamaba a esto “madrileñismo político”.

¿Cómo valora usted la actitud del sector empresarial en la reclamación de estas infraestructuras?
Hace ya tiempo que los actores políticos vieron cuál era la visión que se estaba trazando de Europa hasta el 2030. Los actores económicos, lo han visto también. Este es el buen camino, pero creo les falta ganar visibilidad y peso económico en los centros de decisión centrales.