Se equivoca quien deja libre de culpa a Felipe de Borbón de los resultados del cortafuego construido con la declaración del último 15 de marzo. Se consideró que la exclusión del emérito del uso de los recursos públicos de la Casa Real (unos recursos que no fueron devueltos al erario público, sino que fueron redistribuidos para otras finalidades de esta misma Casa), y a pesar de la renuncia del Rey con respecto a los bienes de la futura herencia de su padre integrados en la Fundación Lucum (de la cual era segundo beneficiario el actual jefe del Estado), salvaban del fuego al actual monarca.
Pero el tiempo pasó, la pesadilla de la Covid-19 aflojó un poco y el problema seguía, con nuevas revelaciones de hechos del emérito incompatibles con la ética pública. La renuncia a una herencia futura no deja de ser un brindis al sol, absolutamente ineficaz en términos jurídicos. Los hechos eran conocidos por el Rey y por el presidente del Gobierno del Estado desde marzo del 2019, sin que fuera informada la opinión pública. Hubo que esperar a lo peor de la pandemia para hacerlo. Por otra parte, desde el 15 de marzo han pasado ya cuatro meses y medio y sigue faltando una declaración valiente y definitiva. A pesar de la evidencia de que, al menos, existió fraude fiscal en la conducta de su padre, faltó un requerimiento público para hacer cuentas con la Hacienda Pública y transferirle el dinero que pertenece a la ciudadanía y que tanta falta hacía para enfrentarnos a la pasada crisis sanitaria.
La renuncia a una herencia futura no deja de ser un brindis al sol, absolutamente ineficaz en términos jurídicos
Falta también un acuerdo entre la Casa Real y el Gobierno del Estado para retirar a Juan Carlos de Borbón su título de rey (no rey emérito, como a veces confunde mucha gente), que tiene atribuido por decreto para el resto de su vida, pero del cual puede ser privado por causas tan justificadas como las existentes.
Mientras tanto, la Casa Real desarrolla una campaña de imagen que separa más la divisoria entre la Corona y la ciudadanía. En sus recientes visitas a Poblet y Santiago de Compostela se proyectó la imagen de un rey cerrado en el hieratismo institucional, blindado por la policía y recibido sólo por pocas decenas de seguidores, que constituían, tanto en Catalunya como en Galicia, personajes de fantasía y presencia exótica en el contexto de cada una de sus sociedades catalana y gallega. Los dispositivos de seguridad restringieron en las dos (costosas) visitas la movilidad ciudadana y discriminaron el acercamiento de las diferentes personas en función de las banderas que llevaban: barra libre para la española y prohibición para las esteladas y estreleiras. Parece que, en los dos casos, siguiendo instrucciones de la Casa Real.
Nadie podrá negar, llegado el momento, que el jefe del Estado pudo actuar de otra manera. Y que no supo, no quiso o no pudo hacerlo.