Los días 11 y 12 de marzo, con menos de 2.200 casos en todo el Estado, el gobierno central tendría que haber decretado el estado de alarma cerrando la región de Madrid. Una región que actuó en las siguientes semanas como un auténtico centrifugador de contagios. Tampoco blindó Galicia ni le permitió a la Generalitat cerrar Catalunya.

El estado de alarma no llegó hasta la noche del sábado 14 de marzo y se basó en un mando único estatal (ya solicitado por el PP estatal el día 13). Pero el Ministerio de Sanidad carecía de medios personales después de más de 25 años sin desarrollar gestión (1.200 empleados estatales vs. 500.000 autonómicos) y no tenía ninguna experiencia en cuanto a proveedores y canales de comercialización y logística. Cuatro días después, el ministerio permitió de facto que las comunidades autónomas y otros operadores siguieran comprando material de protección individual (EPI) y respiradores, pero el mal ya estaba hecho, porque los canales de abastecimiento estaban ya colapsados de pedidos internacionales y la desconfianza estaba ya sembrada.

Siguió el cuento con la inadecuada (y también derogada) prohibición de test para casos leves y con la entrega directa de máscaras a los ayuntamientos y ciudadanos, en lugar de hacerlo mediante las comunidades, que son las que conocen las necesidades. Y ahora con la oposición del Gobierno del Estado al hecho de que sean los gobiernos nacionales y autonómicos los que dirijan la fase de vuelta a la normalidad, cuando son los que conocen el territorio, población, actitudes y costumbres sociales.

Ante la falta de estructura humana de muchos ministerios, que suelen no tener quien les escriba, Pedro Sánchez optó por los militares y policías nacionales como aparato estatal, despreciando a las administraciones autonómicas y locales

Pasó lo que pasó y no es casualidad, sino que responde a una concepción centralista de los problemas, necesidades y soluciones, ya sea en la normalidad, ya sea en la emergencia, que comparten PSOE, PP, Cs e IU-Podemos. Partidos que se obstinan en imponer el tradicional concepto radial español (reactivado en el económico en los últimos veinte años). Partidos que no aceptan la gobernabilidad en red y sólo creen en la jerarquía centralizada. Despreciando por periféricas las opiniones de algunos de los científicos más reconocidos en Europa y más vinculados a la divulgación científica en cada uno de sus países, como el gallego Jorge Mira o el catalán Oriol Mitjà. Porque, a estas alturas, ya sabrán ustedes que la ciencia verdadera sólo puede estar en Madrid, según los omnipresentes oráculos unionistas.

Ante la falta de estructura humana de muchos ministerios, que suelen no tener quien les escriba, Pedro Sánchez optó por los militares y policías nacionales como aparato estatal, despreciando a las administraciones autonómicas y locales. En toda Europa no hay mandos militares comunicando en las ruedas de prensa, sólo hay políticos y científicos. Bien es cierto que en Europa no son capaces de detener a peligrosísimos autores del hurto de 30 kg de naranjas, como hizo la Benemérita.

Las fuerzas armadas están para defender militarmente, no para hacer de policías, profesión que requiere una formación teoricopráctica muy específica. Y tampoco para hacer de protección civil. La Unidad Militar de Emergencias (UME), como los planes estatales plurienales de vivienda, son expresiones de la recentralización estatal de recursos que tendrían que estar transferidos a las comunidades autónomas, legítimas titulares de la competencia. Los gallegos, en lugar de tener un grupo en León para dar servicio a 8 millones de personas, tendríamos un amplio servicio en nuestro país de unos 150-180 profesionales coordinados por la Axencia Galega de Emerxencias con los agentes forestales, guardas ambientales, bomberos y servicios de extinción de incendios. Los catalanes tendrían un servicio de unos 500 profesionales coordinados con los Bombers de la Generalitat y Agents Rurals para construir un gran servicio de Protección Civil de país.

Mientras tanto, los estados europeos que mejor reaccionaron a la pandemia fueron los estados federales, donde las líneas generales se adoptan coordinadamente y son ejecutadas en cada territorio por los gobiernos autonómicos. De esta forma, las estructuras en red garantizan una actuación más próxima al territorio y más resiliente, sin depender de un único cerebro que puede fundirse a negro.

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