Dice el Govern que, literalmente, en España “no hay una ofensiva contra el catalán”. Lo dijo primero el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, lo repitió después la consellera de Territorio y Sostenibilidad y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y es lo que piensa el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. De hecho, es la consigna que tiene todo el Govern del PSC —el Govern es solo del PSC por mucho que haya miembros del entorno de ERC o de la extinta CiU— después del enésimo garrotazo judicial contra la lengua catalana en la escuela. ¡Cómo que en el Estado español no hay una ofensiva contra el catalán! Solo hace tres siglos que dura.
Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el que ha lanzado un nuevo torpedo contra la línea de flotación de la inmersión lingüística al ordenar la ejecución provisional —aunque parezca un oxímoron, son aquellas incongruencias que tiene el mundo judicial— de su sentencia del pasado mes de septiembre en la que anulaba buena parte del decreto del Govern de 2024 que teóricamente blindaba el catalán como lengua vehicular en la escuela con una fórmula que pretendía superar los porcentajes del 25% de la enseñanza en castellano impuestos por el mismo tribunal y por otros. Es, en la práctica, una consecuencia más de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el nuevo Estatut que en 2010 se cargó el sistema de inmersión lingüística que hasta entonces había permanecido incólume por mucho que los gobiernos de la época —primero del PSC, ERC e ICV y después de CiU— fingieran que no había pasado nada.
Pero era mucho lo que había pasado, porque desde entonces el Tribunal Supremo (TS) y el propio TSJC no han parado de emitir, aplicando justamente la doctrina del TC, resoluciones, una tras otra, contrarias a la lengua catalana. Es cierto que casi todas estas decisiones están inspiradas por asociaciones y entidades raras, sin ningún tipo de representatividad más allá de la representación unipersonal de quien las integra —normalmente gente amargada por un profundo sentimiento de anticatalanidad—, y eso aún las hace más injustas y sectarias y demuestra que, efectivamente, hay una ofensiva contra el catalán. Pero también lo es, de cierto, que, al responder precisamente solo a intereses muy minoritarios y marginales, lo que hacen en realidad los pronunciamientos judiciales es conculcar los derechos de la mayoría, que se ve obligada a aceptar sí o sí lo que le impone la minoría.
Es el funcionamiento exactamente inverso al de cualquier régimen democrático digno de este nombre y que se explica por la relación de metrópoli y colonia que de hecho hay entre España y Catalunya, que también hace más de trescientos años que dura, desde la infausta derrota de 1714 a manos del borbón Felipe V, y es lo que corrobora que realmente hay una ofensiva en toda regla contra todo aquello que huela a catalán. No solo contra la lengua, pero que sí tiene la lengua como estandarte a abatir en tanto que símbolo principal de lo que es y representa la nación catalana, que, más allá del vecindario, no tiene nada que ver con la nación castellana mal llamada española. Formalmente, lo que hay en estos momentos es una ofensiva judicial, pero con claras connotaciones políticas y evidentes repercusiones sociales.
El PSC, a pesar de ello, se queda solo con la primera parte de la ecuación y lo atribuye todo a la mala fe del estamento judicial. Nadie discute que en esta legislatura el PSOE ha tenido gestos hacia el catalán, como que se pueda usar con normalidad en el Congreso o que se lleven a cabo gestiones, si bien sin ningún tipo de éxito, para que se convierta en lengua oficial en la Unión Europea (UE), pero es una obviedad que lo ha hecho por pura necesidad política, para que Pedro Sánchez pudiera continuar cuatro años más en la Moncloa. Y es que el PSOE, y el PSC como una simple parte más del partido español desde que renunció al alma catalanista que históricamente lo había caracterizado, puede llegar a ser tan anticatalán como el PP o como Vox, o como lo era Cs, en función de la conveniencia de cada momento, según gobierne o según esté en la oposición. La vieja guardia del partido, con los caducos Felipe González y Alfonso Guerra al frente, es la muestra más fehaciente.
Todo el mundo sabe que la ofensiva judicial es, de hecho, una ofensiva política de los poderes del Estado español contra la displicente colonia catalana
De hecho, una vez desaparecida la formación de Albert Rivera, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y compañía después de haber cumplido la misión para la cual fue creada —justamente dinamitar la inmersión lingüística—, el poso lerrouxista que dejó lo heredaron indistintamente el PP y Vox, pero también el PSOE y, en Catalunya específicamente, el PSC. No hay que olvidar que muchos de los gestores y fundadores de Cs procedían precisamente del propio PSC. Por todo ello, le interesa hacer creer que no hay ninguna ofensiva, para que no se le vea el plumero. La realidad, sin embargo, es tozuda y, por mucho que el Govern intente que parezca otra cosa, todo el mundo sabe que la ofensiva judicial es, de hecho, una ofensiva política de los poderes del Estado español contra la displicente colonia catalana. Que en España los jueces hagan política es una práctica plenamente normalizada cuando de frenar las aspiraciones nacionales de Catalunya se trata, como ha quedado demostrado en todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en esta dirección.
La salud de la lengua catalana es más delicada que nunca. Errores propios han contribuido a ello. Pero promover una inmigración masiva, mayoritariamente de habla castellana y refractaria a todo lo que tenga que ver con el catalán, como la que ha llegado los últimos años a Catalunya —con gobiernos en España primero del PP, pero después también del PSOE—, de manera que la integración sea cada vez más complicada al resultar imposible la absorción de una avalancha como la actual, ha sido, de momento, la maniobra orquestada que más desestabiliza el frágil equilibrio que siempre ha habido entre las dos lenguas. ¿Al Govern y al PSC quizás todavía les parece poca cosa esta enésima ofensiva, no tan solo contra la lengua catalana, sino contra el conjunto de la identidad catalana? No admitir la realidad del problema es la peor manera de intentar resolverlo —dando por hecho que el objetivo sea este y no el contrario—: será que en tres siglos todavía no han tenido tiempo suficiente para tenerlo diagnosticado, controlado y resuelto.