Hay un formato de programa televisivo —en el Estado español se llama La Voz— que prioriza el talento artístico de los participantes por delante de su apariencia física. Los cuatro miembros del jurado están sentados en cuatro grandes butacas situadas de espaldas al escenario. Si cuando el concursante empieza a cantar, a ellos les gusta su voz y encuentran que afina suficiente, entonces pulsan un botón que hace que su silla se gire automáticamente hacia el intérprete, mostrando así su interés. Entonces, y solo entonces, le ven la cara y saben quién es y cómo le llaman. Si hiciéramos una analogía política y los cantantes fuéramos los independentistas y el jurado los constitucionalistas, ¿cuántas veces se girarían?

Muchísimas más que ahora, le pese a quien le pese. Se girarían a escuchar nuestras propuestas sociales y nacionales con interés, porque tienen toda la lógica y sentido y están bien argumentadas. El problema actual es que, antes de oírlas, ya saben que vienen de aquellos a los que ellos llaman separatistas y no quieren saber nada. Consideran que desafinarás por el simple hecho de ser quien eres. Te excluyen por la estelada, la senyera, el aspecto o por prejuicios. Es más, al conocer tu ideología, no es que ya no te votarían, es que no te dejarían ni participar en el concurso. Iustitia, la divinidad romana que representa alegóricamente la justicia actual, lleva una venda en los ojos para demostrar imparcialidad. Hoy en día, y desde hace siglos, muchos españolistas levantan ligeramente la tela y miran por debajo de la nariz para hacer trampas, obsesionados en el quién, más que en el qué.

La misma teoría también funciona a la inversa, es decir: si en lugar de elegir quién canta mejor, se trata de detener un ataque a los derechos fundamentales, entonces no se mira cuál es la injusticia, sino quién la padece y, en función de eso, ya veremos si se actúa o no. Si la lengua en peligro fuera el castellano, ellos ya estarían haciendo leyes para blindarla. Si los trenes de la metrópoli fallaran como los del Principat, la inversión millonaria ya se estaría llevando a cabo. Si el expolio fiscal de cerca de 25.000 euros anuales (datos del economista David Ros en su estudio 'El coste de ser españoles', elaborado para el Consell de la República) lo estuvieran sufriendo Madrid o Andalucía, ya se estaría poniendo remedio, se habría denunciado a la Unión Europea o, directamente, no se habría ni tan siquiera permitido. Pero como afecta a Catalunya y a sus habitantes (sean independentistas o no), pues adelante, que todo vale. Si los 4.000 millones de euros que hoy algunos fingen que negocian como gran victoria, fueran ofrecidos a un gobierno serio, no se aceptarían como limosna que son, sino que se reclamarían los 21.000 M€ restantes.

Si hiciéramos una analogía política y los cantantes de La Voz fuéramos los independentistas y el jurado los constitucionalistas, ¿cuántas veces se girarían?

Durante la XI legislatura catalana (2016-2017), el Parlament aprobó una retahíla de leyes sociales que tenían en el punto de mira ampliar el autogobierno y mejorar la vida de las personas (que, por otro lado, es lo que se espera de la política). De aquella acción legislativa destacan medidas para una vivienda digna, para la igualdad efectiva y los derechos LGTBI, contra la pobreza energética o para la regulación del comercio. También leyes pioneras como la de la comunidad catalana en el exterior o la de regulación de las asociaciones de cannabis. Se quería reforzar el estado del bienestar, pero se topó con el estado de represión. Con el Estado español. El Tribunal Constitucional anuló la gran mayoría de aquellas leyes. ¿Porque eran avanzadas? No. Porque eran catalanas (y porque también estaban las leyes del Referéndum y la Transitoriedad Jurídica). Si estas propuestas hubiesen llegado de la Comunidad de Madrid, habrían hecho bandera de ellas por todas partes y, si hubiesen venido de Alemania, habrían querido aplicarlas, alardeando de modernidad y europeísmo.

El choque de competencias está adulterado. Ya no se miran las propuestas, se mira únicamente quién las hace, con la arbitrariedad que eso conlleva. Por eso en los premios literarios se pide que el autor firme la obra bajo un pseudónimo, para evitar clientelismos, aunque a veces, viendo la fotografía final de algunos ganadores, parece que el jurado sí que sabe quién canta antes de verlo. Si Brigitte Vasallo hubiera hecho unas declaraciones similares a las que hizo en RAC1, pero dirigidas a la lengua castellana, probablemente ahora tendría una querella. Si Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuando subieron encima del coche de la policía para desconvocar la manifestación, hubieran militado en VOX, ahora tendrían una condecoración y no años de prisión a la espalda. Y si la Generalitat se concentrara en servir a Catalunya y no en aplaudir al PSOE y a sus socios en Madrid, en una falsa pacificación, quizás todos estos pseudónimos no serían necesarios. ¿Pero qué se puede esperar de un president de la Generalitat que dijo que él habría aplicado el artículo 155 mucho antes? Tenemos al lobo en piel de cordero cuidando las gallinas y deberíamos hacer algo más que comer obedientemente el pienso y seguir poniendo huevos.