La actualidad catalana de esta semana ha registrado como destacable la presentación del informe económico elaborado por la patronal Foment del Treball titulado “El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2025”. Prácticamente todos los medios en Catalunya se han hecho eco del mismo, incluido este periódico, en sendos artículos del pasado lunes y martes. Pero, en cambio, a pesar de la importancia de los datos aportados y de la contundencia de la denuncia pública que ha efectuado la patronal catalana, se puede decir que la cuestión ha pasado prácticamente desapercibida en los medios de ámbito estatal, mayoritariamente radicados en Madrid. No es de extrañar, como comentaremos, pero antes déjenme hacer referencia a tres aspectos relevantes del ejercicio y de la postura expresada por Foment.

El primero es la forma de calcular la suficiencia inversora. El punto de referencia que toma Foment para cuantificar lo que se destina a infraestructuras no son ni los presupuestos iniciales ni los ejecutados (el gobierno central no da información sobre inversión ejecutada a escala territorial desde 2023), ni mucho menos promesas de inversión a las que nos tienen tan acostumbrados los líderes políticos. Para calcular si hay o no déficit de inversión, toma dos variables singulares en el ámbito de los estudios económicos: por un lado, la intensidad inversora en nuestro entorno, cuánto se debería invertir si nos comparáramos con la UE, un espacio en el que se destina una proporción del 2,2% del PIB anualmente; por otro lado, la cifra resultante de multiplicar este porcentaje por el PIB arroja una cifra anual que se compara con la licitación de obra pública, que es una aproximación muy fiable a la inversión real (es la activación contractual de las obras). La diferencia entre una y otra da el resultado de sobreinversión o subinversión que efectúan en Catalunya el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos.

El segundo aspecto destacable del ejercicio de Foment es que pone negro sobre blanco (con cifras) la realidad, con datos desde 2009 hasta 2025. Para sintetizar, algunos de los numerosos datos que aporta el informe son: a) el déficit acumulado de inversión para parecernos a Europa roza los 60.000 millones de euros de 2025; b) la media de inversión sobre el PIB en Catalunya ha sido del 0,98%, frente al 2,2% europeo mencionado y al 2,4% del conjunto del Estado español; c) el principal origen del déficit de inversión viene del Estado (en ferroviario, carreteras, etc.); d) no es solo que se planifique poca inversión, sino también que de la inversión prevista se ejecuta poca, siendo el Estado el gran incumplidor. Me detengo aquí. 

Catalunya continúa siendo, mande quien mande en Madrid, una vaca lechera. Hasta que algún día la leche se le acabe

El tercer aspecto relevante es que en la rueda de prensa de presentación del informe, Foment, con su presidente (Sánchez Llibre) a la cabeza, puso el grito en el cielo por los resultados obtenidos. Se emplearon calificativos directos, claros y desacomplejados, que hacen difícil que se pueda acusar a la patronal de sumarse al tópico del victimismo catalán, porque los datos hablan por sí solos. Algunos de los términos utilizados para referirse al déficit en cuestión fueron “profundamente indignante”, “alarmante” e “intolerable”, a los que se añadieron algunas guindas con destinatarios marcados: “una nefasta gestión pública, que se agrava”, “falta de cultura inversora”, entre otros.

Dicho esto, mi valoración personal del informe de Foment es de un sobresaliente; una contribución sólida al conocimiento de una faceta (la inversión pública en infraestructuras) de la realidad económica catalana. El formato de denuncia ante la evidencia de los datos se agradece, y tiene un destinatario principal, que es un Estado que maltrata Catalunya de forma persistente, por varios frentes y de manera continuada en el tiempo. Si el Estado fuera una persona, los datos y las palabras de Sánchez Llibre harían que se sonrojara ante todo el mundo, por la desconexión con la realidad y la incoherencia con la generación de renta de Catalunya. Pero como no lo es y como (emulando a Pep Guardiola, y con perdón de los lectores) ejerce de “puto amo”, ni el Estado ni sus representantes se sonrojarán nunca.

El problema tiene un carácter estructural, depende de los políticos del momento (de derechas, de izquierdas o de centro), pero sobre todo depende de los poderes fácticos del Estado, de su concepción del territorio (con Madrid como prioridad) y, muy probablemente, de la poderosa influencia de la animosidad latente en contra de Catalunya. Si el Estado considera normal la extracción histórica del 8-9% del PIB (el famoso déficit fiscal), que supera los 20.000 millones de euros anuales, ¿por qué debe prestar atención a un déficit inversor en infraestructuras que, de media, es de 4.000 millones?

Por cierto, una curiosidad que cada uno puede interpretar libremente: entre 2011 y 2020 (una época muy viva alrededor del procés independentista) el porcentaje de PIB destinado a la inversión en infraestructuras en Catalunya fue del 0,6%, con dos máximos del 0,8%; desde entonces para aquí, el porcentaje medio anual ha sido del 1,2%; por lo tanto, pues, una cierta recuperación, pero que sigue siendo prácticamente la mitad de lo que correspondería.

En la presentación del informe, Foment apuntó algunas propuestas sobre cómo corregir el déficit inversor. Lograr el consenso político, unidad en el Parlament para reclamar que el Estado invierta en Catalunya, crear un consorcio de inversiones, etcétera. Seguro que nada de todo esto haría daño; otra cosa es que sirviera de algo ante un Estado que va a lo suyo, que padece sordera, que es una pared, que considera este territorio un centro de beneficios que deben repartirse entre todos. Una lamentable condición, esta, que es injusta (comparada con el País Vasco) y a la vez inamovible, a pesar de la indignación de una institución como Foment del Treball. Catalunya sigue siendo, mande quien mande en Madrid, una vaca lechera. Hasta que algún día la leche se le acabe…