Joan Ignasi Elena, el flamante nuevo titular de Interior, se ha tenido que apresurar a apagar incendios apenas estrenado el cargo. La sequía ya hacía prever que este verano el bosque sería un polvorín. Y así es, el titular de Interior también es el responsable del Cos de Bombers y de los Agents Rurals, que estos días se están multiplicando ante la proliferación de incendios que asolan los bosques mediterráneos del país.
Elena —literalmente, 'antorcha brillante' o 'luz que brilla' en griego antiguo— estaba llamado a apagar incendios desde el primer día que pisó la conselleria. Incendios que quemaban desde hacía tiempo y que nadie había osado ni siquiera mitigar. Su área era un permanente hierro candente y la evidencia más notable de las incongruencias y contradicciones exasperantes —y a menudo inadmisibles— que lastraban la credibilidad del Govern los últimos años.
Porque animar a protestar "apreteu" y simultáneamente perseguir penalmente a los que protestan parecería incompatible. Y no. Los hechos lo desmienten. La acusación ejercida por los servicios jurídicos de Interior ha sido implacable los últimos años. Desde aquí se ha ejercido con tanto celo la acusación popular —presuntamente en defensa de los trabajadores públicos— que las peticiones de prisión que se han acumulado tienen poco que envidiar al centenar de años del Supremo contra el 1 de Octubre.
Durante los últimos tres años ha sido así, fuera quien fuera el major de los Mossos o el titular de Interior. Nadie sabía encontrar el antídoto. Ni siquiera un paliativo.
Al menos hasta ahora. El caso de Marcel Vivet fue el primero. Haciendo bueno el más vale tarde que nunca. Elena ha encontrado una vía para corregir el ensañamiento. No parecía tan difícil, dada la celeridad de Elena. El giro es significativo. Por qué no se había producido durante los últimos años es un misterio insondable.
Proteger y defender los servidores públicos tendría que ser compatible con el respeto escrupuloso al ejercicio de los derechos fundamentales
La llegada de Joan Ignasi Elena a Interior ha sido determinante desde el primer momento. Elena se ha puesto enseguida manos a la obra, sin perder un instante. Era urgente, imprescindible. Los resultados ya son visibles. Los cambios, como la intención, ya se palpan más allá de las medidas estrictamente cosméticas, como el anunciado cambio de nombre de la Brimo.
Consciente de que cogía una de las áreas más sensibles y cuestionadas del Govern (un auténtico crematorio), los cambios no se han hecho esperar. También fruto del compromiso de legislatura adquirido con la CUP. No sólo por las recurrentes imágenes de la Brimo golpeando a manifestantes con un uso de la fuerza que sorprendía a propios y extraños y que no favorecía ni al Govern ni a la propia Policía de Catalunya, un cuerpo de 17.000 personas responsables del orden público y la seguridad ciudadana en Catalunya.
También —y sobre todo— porque Elena aspira y ya promueve un cambio en profundidad del cuerpo que exige tanto un sometimiento y lealtad al Govern, como legítimo representante de la ciudadanía, como para corregir un corporativismo que aleja la policía de la sociedad a la cual tiene que servir.
Una policía democrática no sólo se ajusta a la legalidad, sino a la autoridad civil, al Govern y al escrutinio del buen trabajo.
Los Servicios Jurídicos que defenderán ahora los Mossos serán los de Presidencia, como el resto de servidores públicos. Ni más, ni menos. Y la eficacia de esta medida no sólo incide en la igualdad sino que tiene que beneficiar la imagen y buen gobierno de la Policía de Catalunya.
Lo que de ninguna manera podía seguir es esta manera de hacer que parecía ensañarse contra el derecho democrático a la protesta y que estropeaba la imagen de los Mossos a ojos de gran parte de nuestra sociedad.
Hace cuatro días juzgaban a un chaval de 21 años, Pol Serena, que había participado en la huelga general convocada por la Intersindical. El ministerio fiscal le pedía 8 años de prisión. Serveis Jurídics de Interior, de acuerdo con los precedentes anteriores, habría competido con la Fiscalía en un ejercicio sangrante de supuesta ejemplaridad.
Criminalizar la protesta parecía guiar la actuación de unos Serveis Jurídics que en el fondo hacían más daño que bien al cuerpo. Proteger y defender los servidores públicos tendría que ser compatible con el respeto escrupuloso al ejercicio de los derechos fundamentales.
De momento, funciona. Hay movimiento. Se aprecian las novedades y los gestos son evidentes. Pero los cambios de fondo piden tiempo y perseverancia. No se harán de la noche al día y aparecerán dificultades y resistencias. Elena está ante una carrera de fondo sometido a las urgencias y las vicisitudes coyunturales. Desde la feminización del Cuerpo y en especial de sus mandos hasta la revisión de la gestión y despliegue del orden público. Y que, al mismo tiempo, tiene que ser compatible con una defensa vehemente de la Policia de Catalunya y del ejercicio integral de todas sus competencias.