Se ha llegado a un punto de polarización política, que determinadas iniciativas parecen ser rechazadas por el simple hecho de quién las presenta. Y a veces, incluso, algunos proyectos de ley se tumban por el simple hecho de no aparecer en la misma fotografía al lado de vete a saber quién. Este maniqueísmo hace que el debate se convierta en algo muy superficial y que ni siquiera se entre a debatir, y menos a negociar, el fondo de la cuestión. Es el caso de la ley contra la multireincidencia. Una simple lectura del texto propuesto lleva a pensar en cuáles son los argumentos reales para oponerse.

La normativa -ahora atascada en el Congreso- plantea una serie de cambios para combatir, por ejemplo, la sensación de que el hurto es un delito asumible y que los delincuentes gozan de una impunidad para hacer del hurto su modus vivendi. En España se cometen cada año 2,4 millones de delitos de todo tipo, de los cuales 700.000 (es decir, un 30%) son hurtos. Y el problema no es este robo sin violencia sino que esta sensación de impunidad lleva a sus autores a una escalada delictiva con hechos más graves. Es decir, es muy habitual el salto de tomar el móvil en una terraza de bar a un tirón de bolso.  

La ley actual ha quedado desfasada; no es lo mismo robar un móvil ahora que hace veinte años

Para combatir esto, la ley prevé diversas medidas: por ejemplo, actualmente la legislación está desfasada respecto a lo que representa el robo de un teléfono móvil. El actual marco legal se hizo cuando estos dispositivos eran solo eso, un aparato con el que llamar. Actualmente, un teléfono móvil es una herramienta de trabajo, un dispositivo central para la vida cotidiana, donde además de contactos a quienes llamar, hay correo electrónico, acceso a datos bancarias, títulos de transporte y mucha más documentación y aplicaciones. Esto quiere decir que cuando un ladrón hurta un móvil, una tableta o un portátil, no está robando un aparato valorado en unos determinados euros sino que roba un objeto mucho más valioso. Lo que propone la ley es que, en lugar de esperar a que el ladrón repita hasta tres veces para empezar a contemplar pequeñas penas de prisión, en este caso concreto de robos tecnológicos ya se aplique directamente una pena más dura que, efectivamente, conlleve prisión de manera automática. Aparte de los sectores más radicales de lo políticamente correcto y del queda-bien-con-todo-el-mundo, ¿quién puede estar en desacuerdo con que robar un móvil conlleve, como mínimo, el susto de ingresar una temporada en la prisión y no diez minutos en una comisaría?

Más medidas: actualmente, los ayuntamientos no se pueden personar en las causas contra delincuentes multireincidentes que actúan en sus municipios. Y esta cuestión es capital. Pongamos el caso de Barcelona, Lloret o cualquier otro destino turístico. Cuando un ladrón roba a un turista, normalmente, el caso judicial se pierde en los limbos porque o bien prescribe, o bien cuando se celebra el juicio, la víctima no está porque ya ha vuelto a su lugar de origen. Esto deja en nada el robo y ayuda a aumentar la sensación de impunidad. En cambio, si el ayuntamiento de Barcelona o el de Lloret se pueden personar en aquellos delitos que han pasado en su municipio, eso permitiría que los consistorios sean considerados parte y por lo tanto, ahora sí, se podrá hacer un seguimiento del caso hasta llegar al juicio, condena e ingreso en prisión. ¿Qué ayuntamiento, del color que sea, podría rechazar hacer un seguimiento de los expedientes judiciales contra aquellos delincuentes que causan alarma social en su municipio? O a la inversa, ¿qué partido político puede votar en contra de una medida que beneficia a los ayuntamientos que gobierna?

¿Qué partido puede oponerse a destinar más jueces para acelerar los juicios antes llamados rápidos? Y sobre todo, ¿por qué motivo?

Además de estas novedades, la ley contra la multireincidencia prevé mejorar la eficacia del marco actual. Aquello de los juicios rápidos, que tan de moda se puso, se ha ido diluyendo, y ahora se ha llegado a una situación en que, si se llega a juicio, demasiado a menudo no son rápidos. La media de los llamados juicios rápidos por delitos menores es ahora de 10 meses cuando la misma ley prevé que sean celebrados en quince días.  Los motivos son múltiples pero uno de básico es la combinación explosiva de aumento de denuncias y falta de recursos humanos y económicos. En Cataluña, sin ir más lejos, actualmente hay 35 jueces, llamados de adscripción territorial, que intentan agilizar procesos y evitar la prescripción de delitos. El texto prevé que se dupliquen estos agentes y lleguen hasta 70. No hace falta saber mucho de matemáticas para concluir que duplicar recursos conlleva rebajar los calendarios a la mitad, y esto resulta esencial en un ámbito -el judicial- donde el paso del tiempo juega a favor de la injusticia.

El PSOE no se atreve a llevar esta propuesta de Junts a votación por miedo a perderla. Porque incluso los socialistas estarían de acuerdo con sacarla adelante sin que la formación independentista se lo exigiera: diferentes voces como el Ayuntamiento de Barcelona (a través de su responsable de seguridad, Albert Batlle), han manifestado la necesidad de cambiar la ley para evitar la multireincidencia y disolver los grupos que concentran la mayor parte de las detenciones y sensación de inseguridad (En Barcelona, 283 personas concentraron 5.600 delitos en el año 2022, último año que se pudieron cruzar datos).  Y cuando se pregunta quién se puede oponer a esta ley, hay que mirar a ambos lados. ¿Qué partidos de izquierdas, y sobre todo por qué, pueden votar en contra de un paquete de medidas así? ¿Cuál es el motivo último; que lo presenta Junts? ¿Antes permitir multireincidencia que coincidencia (con Junts)? Y al otro lado, el PP, formación que con sus votos también lo podría desencallar: ¿cuál es el problema, votarle una cosa al PSOE? ¿Antes multireincidencia que coincidencia (con el PSOE)? Explican los Mossos y las policías locales que, cuando los delincuentes salen en libertad poco después de haber sido arrestados se despiden con una sonrisa y diciendo ‘hasta la próxima’. Si esta ley no se aprueba, a este tono de burla podrán añadir un elemento nuevo: el de saber que son impunes por culpa de los políticos que, con sus cálculos electorales, han vuelto a reincidir.