La recuerdo como si fuera ahora. Hablo de la reunión que tuve como consellera d'Acció Exterior con el aún ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el 8 de septiembre de 2021. La defensa de la lengua catalana en Europa era una prioridad absoluta para nosotros y así se lo planteamos. Pero la respuesta fue la de siempre, mandara quien mandara: “La oficialidad del catalán en Europa es imposible; de esto ni hablamos”, me dijo Albares en su despacho mientras listaba con displicencia una retahíla de impedimentos burocráticos. Es de justicia poética que ayer fuera él mismo quien, en unas declaraciones públicas realizadas a la salida de la sesión constitutiva de las Cortes Generales españolas, confirmara que acababa de solicitar "la modificación del reglamento 1/58 que regula el régimen lingüístico en la Unión Europea para que se incluyeran como lenguas oficiales las lenguas ya cooficiales en España: catalán, euskera y gallego".
Ha sido una lucha sorda y constante, y ahora va camino de ser coronada con éxito. Que el catalán sea una lengua oficial en la Unión Europea es un hito histórico indiscutible, tanto por lo que respecta al reconocimiento internacional de nuestra lengua como por las implicaciones que eso tiene para protegerla en nuestra casa.
Las excusas de carácter administrativo del ministro Albares, visitante constante de nuestro país, suponían, de hecho, no coger el toro por los cuernos de lo que siempre ha sido una cuestión de estricta voluntad política por parte del estado español. Uno de los grandes eurodiputados que ha tenido este país, Ramon Tremosa, pidió insistentemente al presidente de la Eurocámara al inicio de cada legislatura poder utilizar la lengua catalana en el plenario. Recuerdo la cara de sorpresa e incredulidad de muchos eurodiputados con quien me reuní siendo consellera al descubrir que eso supone, además, el incumplimiento de una ley orgánica española: el propio Estatut d'Autonomia de Catalunya. Hay que tener presente, además, que el artículo 6.3 donde se establece este mandato estatutario nunca ha sido declarado inconstitucional ni ha sido objeto de interpretaciones posteriores por parte del Tribunal Constitucional.
Deberíamos tener todos claro que esta oficialidad va mucho más allá del hecho de que nuestros representantes puedan hablar en catalán en el Parlamento Europeo. La falta de oficialidad invisibiliza nuestra lengua en todas las políticas europeas que afectan nuestro día a día, y nos deja a la intemperie en términos de protección. Plataforma per la Llengua lleva años de trabajo identificando lo que representa esta oportunidad. Por ejemplo, más protección legal para exigir por ley el etiquetaje en catalán de todos los productos alimenticios, o que la ciudadanía pueda relacionarse con todas las instituciones europeas, incluida la justicia, en catalán.
Deberíamos tener claro todos, también, que la Unión Europea nunca ha sido un impedimento para el catalán. Los derechos lingüísticos forman parte de los valores fundacionales europeos. La oposición siempre ha venido del estado español y de sus gobiernos.
Como la mayoría de las mejores cosas que han sucedido en la historia de nuestro país, la demanda de la oficialidad del catalán en Europa nace de la sociedad civil
Lo que sí encontramos son acuerdos administrativos menores entre el Gobierno español y varias instituciones europeas que permiten, por ejemplo, hablar en catalán en el Comité de las Regiones, o que los particulares puedan enviar algunas comunicaciones escritas en catalán a las instituciones europeas a través de un organismo intermediario designado por España (su Representación Permanente), que se encarga de hacer las traducciones al castellano y mandarlas a la institución correspondiente. Los acuerdos de Esquerra Republicana con el Partido Socialista en 2022 —en el marco de la fallida mesa de diálogo— iban en la línea de ampliar este sucedáneo legal y, a pesar de su insuficiencia, también fueron incumplidos por parte de la Moncloa.
Hasta ayer, pues, no se ha encauzado el incumplimiento de este mandato estatutario de 2006, que puede comportar que el catalán sea finalmente la 25.ª lengua oficial de la Unión Europea. Justicia histórica, teniendo en cuenta que no hay ninguna otra lengua con el peso demográfico y económico del catalán, ni con su vitalidad y representatividad legal, científica y cultural, entre otras, que no sea lengua oficial en Europa. Recordemos solo un dato: 12 de las 24 lenguas oficiales actualmente en la UE tienen menos hablantes que el catalán. Bienvenida sea la aritmética parlamentaria que ha permitido que Junts marque el camino al plurilingüismo real del estado español dentro y fuera de sus fronteras.
La carta que el ministro Albares mandó ayer a la secretaría general del Consejo de la Unión Europea, Thérèse Blanchet, para que este tema se incluya en el orden del día del Consejo General del 19 de septiembre para su aprobación, deberá seguir ahora su curso. Todo hace pensar, sin embargo, que es altamente improbable que la oficialidad del catalán en Europa encuentre escollos significativos fuera de España en los siguientes pasos de este proceso.
No olvidemos nunca las dinámicas de gobernanza que supone ser un club de estados, y que comportan que nadie interfiera en los asuntos internos de los demás. Este hecho, que jugó en nuestra contra en el momento de asegurar apoyos internacionales próximos al ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya en 2017, ahora juega a nuestro favor. Aunque Francia pueda tener ciertas reticencias, por ejemplo, a un reconocimiento de este tipo, lo más probable es que estas preocupaciones no impidan alcanzar la unanimidad requerida para aprobar la modificación de este Reglamento 1/1958 del Consejo, por el cual se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión. Reitero lo que le dije al ministro Albares en su despacho hace casi dos años: estamos ante una cuestión de estricta voluntad política del estado español que, sumando el simbolismo de tener la presidencia de turno, debería poder lograrse sin ningún problema.
El president Pujol nos marcó el camino con sus escritos europeístas desde los años 50, y creando desde el gobierno de Catalunya el Patronat Català Pro Europa cuatro años antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea en 1986: Catalunya será europea o no será. También la campaña de La Crida de 1987, tan solo un año después de que dicha entrada se hubiera producido, que reunió 100.000 firmas a favor de la oficialidad del catalán en Europa y llevó una auténtica delegación de país a Bruselas, que fue recibida por el entonces presidente del Parlamento Europeo. De hecho, como la mayoría de las mejores cosas que han sucedido en la historia de nuestro país, la demanda de la oficialidad del catalán en Europa nace de la sociedad civil. Y ayer el president Puigdemont, en una operación que refuerza la nación catalana en el trayecto hacia la consecución de un Estado propio, finalmente lo consiguió.