Cada semana —o cada dos— hay un tema de debate en la política española que provoca lo siguiente: el anuncio publicitario del PSOE, la crítica destructiva del PP, el posicionamiento por parte del resto de partidos políticos (especialmente los de izquierdas apoyando al PSOE), la aparición de esta cuestión en telediarios, tertulias y artículos y, al mismo tiempo, un nuevo motivo de desconexión entre la ciudadanía y la clase política. Y especialmente entre el marco mental español y el marco mental catalán, aunque a veces se intenta unificar a golpes de martillo y de escaleta. Esta semana, el tema escogido es la ley de nietos.
La ley de nietos es un texto legal que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, ha permitido a cientos de miles de extranjeros con raíces españolas pedir la nacionalidad española. La normativa, que a su vez está incluida en la ley de la Memoria Democrática, permite que personas nacidas fuera del Estado y sin nacionalidad española la obtengan si pueden demostrar que su padre, madre, abuelo o abuela la había tenido en el pasado pero la había perdido a causa del exilio, por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. Esta ley también prevé otorgar la nacionalidad española a personas nacidas en el exterior y que son hijos o hijas de mujeres que, por el hecho de haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, han tenido que renunciar a la nacionalidad española.
En pocas semanas, España ha regularizado 1,2 millones de inmigrantes y ha aprobado 500.000 nacionalizaciones
El caso es que, en el plazo previsto por la ley, 2,4 millones de personas pidieron la nacionalidad, a medio millón ya se les ha aprobado y 300.000 ya son españoles de pleno derecho. El resto deberá esperar a que se resuelva su expediente o bien se les denegará. Como todos los que sean nacionalizados españoles podrán votar, el PP ve en ello un mecanismo de engorde del censo en favor del PSOE porque considera que todos estos cientos de miles de nuevos votantes, agradecidos con el gesto, votarán socialista masivamente.
Esta polémica de la ley de nietos ha coincidido en el tiempo con la regularización de inmigrantes que, a pesar de no ser lo mismo, sí que comporta un aumento de las personas registradas en la administración española. Los cálculos desde la Moncloa (que preveían 500.000 regularizaciones, 100.000 de las cuales en Catalunya) se han quedado cortos. A la mitad, concretamente. Se calcula que cerca de 1,2 millones de personas han regularizado su situación, de las cuales 257.000 en Catalunya.
¡Qué fácil es obtener la nacionalidad española y qué difícil desprenderse de ella democráticamente!
En paralelo, este año se cumplen 10 años de la famosa frase de Carles Puigdemont en el Parlament en la que prometía "o referéndum, o referéndum", es decir, anunciaba que Catalunya votaría para decidir su pertenencia a España ya fuera a través de una votación acordada con el Estado (como hizo Escocia con el Reino Unido) o bien de manera unilateral (como acabó pasando el 1 de octubre). Todo el mundo sabe cómo acabó y la resistencia feroz del Estado español para impedir no ya la independencia sino, simplemente, la pregunta a los catalanes. Cuando hablo de Estado español en genérico es porque fue realmente así: todas las patas del Estado se alinearon para impedir, insisto, no la secesión, sino que los catalanes opinaran. Y todas las patas del Estado quiere decir: el gobierno español, que activó todos los mecanismos, el Congreso y el Senado, que votaron en contra, la policía, que golpeó a votantes, la justicia, que desplegó todos sus encantos, los cuatro grandes partidos del momento (PP, PSOE, Vox y Ciudadanos) así como el no despreciable concurso de la prensa editada en Madrid que hizo de eco, apoyo e incluso punta de lanza de todo este operativo.
Así las cosas, uno no puede dejar de pensar en lo fácil que es obtener la nacionalidad española y lo difícil que es desprenderse de ella. Y la imposibilidad de que aquellos que no se sientan españoles puedan constituir una comunidad política nueva. No solo poder hacerlo, sino que actualmente ni siquiera se pueden contar, mediante una votación, cuántos lo desean. Y cómo, a pesar de todo, el DNI todavía es utilizado como un símbolo a conveniencia. A cuántos de nosotros nos han preguntado "qué pone en tu DNI", como muestra de que la catalanidad no existe porque en ningún lugar queda administrativamente reflejada. Pero, por el contrario, a todos los nacidos fuera que ahora lo están consiguiendo se les está diciendo que, a pesar de que tengan un DNI español, nunca serán considerados como tales. Lo que no saben estos nuevos españoles es que si algún día quieren dejar de serlo, lo tendrán mucho más complicado que haberlo logrado. Y es que no son precisamente los nietos de la ley de nietos (que ahora ya son casi abuelos) los que nos deberían preocupar, sino las generaciones futuras, los nietos que hoy todavía no existen, los hijos de nuestros hijos. Son ellos a quienes les tenemos que garantizar que tendrán servicios públicos, capacidad de progreso y, sobre todo, que vivirán en un Estado que es tan democrático que permite preguntarles si están a gusto.