En mi artículo anterior sobre el tema que me ocupa aportaba datos relativos a la cuestionada y desprestigiada justicia española en el marco internacional. Así lo muestra el índice de independencia de la justicia con respecto a la influencia de miembros del gobierno, particulares o empresas, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), así como los tirones de orejas del GRECO con respecto a la corrupción.

La justicia en Europa tiene un medidor del estado de opinión: el Eurobarómetro (un sistema de encuestas regular de la Comisión Europea) sobre la percepción de la independencia judicial en los 28 países miembros de la UE. Pregunta a una muestra amplia de encuestados distinguiendo dos colectivos diferenciados: por una parte, la población en general, y, por la otra, las empresas.

Empezando por la población, en el 2018, en el conjunto de la UE la percepción que se tiene de la independencia de tribunales y de jueces es más buena que mala: 56% buena o muy buena y 32% mala o muy mala (el 12% no lo sabe). La percepción en España con respecto a tribunales y jueces españoles es bastante diferente: prácticamente la mitad de los encuestados (49%) la considera mala y solo el 29% la considera buena. Los tres países mejores son, por este orden, Dinamarca, Finlandia y Austria, donde más del 80% de la población considera que tribunales y jueces de sus Estados son independientes. Provocan una envidia sana.

Resulta muy interesante que el Eurobarómetro tome el pulso también al mundo de las empresas, no en balde este tipo de organizaciones, más que las personas individuales, se rigen por contratos internos (con empleados, con accionistas, etc.), por contratos externos a la empresa (con proveedores, con clientes, con la banca, etc.) y por múltiples obligaciones provenientes de la Administración Pública, sobre las que hay que saber, en caso de conflicto, quién dirime, quién tiene razón. Una legislación clara ayuda, pero un sistema de impartir justicia que sea independiente da seguridad jurídica al sistema empresarial y crea confianza económica en el país.

Pues según el Eurobarómetro del 2018, las empresas instaladas en España que fueron encuestadas opinan que la independencia de tribunales y jueces es mala en más de la mitad de los casos, el 56%, ante del 39% en el conjunto de la UE. De los 28 países miembros, entre los más desarrollados solo Italia registra una percepción peor que la española (el 79% considera mala la independencia judicial). Tal como pasaba en la encuesta a la población, Dinamarca, Finlandia y Austria son los países donde las empresas consideran mejor la independencia de sus tribunales y jueces (más del 80% de las empresas encuestadas). De hecho, en este ámbito en España tan solo el 41% de las empresas considera que la independencia es buena; eso sí, un registro mejor que (aparte de Italia) Rumanía, Chequia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Eslovenia, Croacia y Eslovaquia.

Otro indicador judicial que no está directamente relacionado con la independencia ni la corrupción, sí podría estar relacionado de forma indirecta. Me refiero al sueldo de los jueces y de los fiscales. No quiero dirimir si su nivel tiene relación con la independencia; eso lo dejo abierto a la consideración del lector y de eventuales estudiosos del tema. Apunto solo la hipótesis de que en países con sistemas judiciales poco independientes (es decir, influenciables, parciales, etc.) los jueces tienen que estar bien pagados como mecanismo para prevenir (si se puede) las tentaciones de ponerse al servicio de intereses del gobierno, de particulares, de empresas, que les puedan "influir".

La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), citando un artículo mío anterior sobre el tema, nos ofrece datos del salario bruto de los jueces que empiezan la carrera y también de los jueces que pertenecen a la cúpula judicial de cada país. Compara, con datos del 2016, sus sueldos con el sueldo medio de cada país. Hace lo mismo con los fiscales. El resultado es sugerente: en Finlandia, el país con la justicia más independiente del mundo, el juez que empieza cobra 1,5 veces el salario medio finlandés, el juez de la cúpula judicial cobra 3,2 veces el salario medio y el fiscal que empieza, 1,2 veces. En España el juez y el fiscal que empiezan cobran 2,1 veces el salario medio, el juez de la cúpula judicial cobra 5,4 veces el salario medio y el fiscal que empieza, 5 veces. Por países, la cúpula judicial está mejor pagada que en España (relación del salario con el salario medio de cada país) solo en Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Chipre, Chequia, Italia, Rumanía y Serbia. También está Gran Bretaña, que quizás sería la excepción que confirma la regla. Bien, aquí queda.

La justicia española presenta demasiados claroscuros para poder pensar que estamos en buenas manos, y eso llega a la población, a las empresas y a los organismos que velan por hacer un seguimiento de la calidad de la materia a nivel internacional. Lamentablemente, no sirve de mucho a los pobres administrados, porque las únicas supervisiones de organismos superiores que tenemos a escala europea comparten dos características pésimas: 1) llegan pasados muchos años de las injusticias consumadas y 2) son simples tirones de orejas que hacen reír a aquellos a quienes se dirigen, porque o están muertos o cómodamente jubilados, sabedores de que no pagarán ningún precio y de que nadie los privará de los réditos de la parcialidad —o, aún peor, dependencia— que aplicaron a su día.

Modest Guinjoan, economista