Economía y política han ido siempre de la mano, en todas partes. Habitualmente, en las dictaduras es la política la que parece que tenga la preeminencia sobre la economía, mientras que en las democracias acostumbra a ser al revés, es la economía la que, aunque no lo parezca, marca el ritmo a la política. Dejando esto bien sentado, la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell —que es la denominación comercial que tiene en Catalunya, a pesar de ser Banco de Sabadell, S.A. el nombre oficial— es una maniobra aparentemente económica, hecha, pero, en clave política y que tendrá un desenlace, sea el que sea, también político.

Cuando todo el mundo apenas se había rehecho del apagón monumental que el lunes de la semana pasada dejó a oscuras a España y a Portugal, el miércoles por la noche la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprovechaba para hacer pública la decisión según la cual autorizaba la opa hostil, si bien con condiciones, y trasladaba el balón, y la presión, al tejado del Gobierno para que fuera este el que dijera la última palabra. Talmente como las medidas impopulares que los gobernantes toman con nocturnidad y alevosía para tratar de que pasen lo más desapercibidas posible, la resolución del organismo encargado sobre el papel de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios cogía a unos y a otros sumidos en el caos derivado de la desconexión eléctrica. Hacía casi un año que tenía el expediente encima de la mesa y lo resolvió precisamente en estas circunstancias.

De entrada, es obvio que la absorción del Banc Sabadell por parte del BBVA —que es lo que en realidad sería— iría en contra de la libre competencia al dejar a la población sin posibilidad de escoger en muchos lugares en los que la concentración bancaria hace tiempo que es un hecho. Entre las fusiones y los reajustes de plantillas derivados de las mismas, en Catalunya muchas oficinas y cajeros automáticos han desaparecido y en algunas localidades incluso se han quedado sin ellos, lo que ha obligado a la Generalitat a poner en marcha un servicio de banca móvil que visita de vez en cuando los lugares afectados para paliar el déficit. Una vez más deben ser los poderes públicos los que cubran las carencias de unos estamentos privados, a los que —como a raíz del apagón ahora se ve que sucede también en el caso de las eléctricas— no solo se les ha permitido todo, sino que se les pone la alfombra roja para que puedan seguir haciendo de las suyas. Nada nuevo, en todo caso, porque la banca española ya tuvo que ser rescatada, desde la crisis económica de 2008 y hasta 2012 en que se hizo oficial la solicitud de rescate del Gobierno a la Unión Europea (UE), con más de 66.000 millones de euros de dinero público, de los cuales,  según datos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —el organismo encargado de gestionar las ayudas— no se han devuelto ni un 10%, a pesar de los beneficios de récord que desde entonces han tenido todas las entidades financieras.

Govern, partidos, patronal, sindicatos y asociaciones de todo tipo han mostrado una inusitada unanimidad en su defensa

Por un puro motivo de competencia, al no quedar garantizado el servicio a los clientes particulares en un sector ya de por sí excesivamente concentrado, la CNMC, pues, no debería haber autorizado nunca la opa, pero está visto y comprobado que a la banca española se le deja hacer lo que quiere. Por razones económicas, además, los expertos financieros consideran que la fusión tampoco tiene sentido, en tanto que puede perjudicar gravemente a las pequeñas y medianas empresas —las pymes—, que se abastecen básicamente del crédito que les da el Banc Sabadell, no el BBVA. La decisión, por tanto, es y será estrictamente política, y aquí habrá que ver cómo influyen varios actores y factores. Por un lado, ver qué hace el Gobierno, que siempre se había manifestado en contra de la absorción, pero que ahora parece que empiece a lavarse las manos con Pedro Sánchez, en el papel de Poncio Pilatos, anunciando una “consulta pública” para poder pronunciarse en bien del “interés general”. Por otro, y en este contexto, ver qué influencia tienen las alianzas que hacen que en la actual coyuntura política el PSOE —el partido que controla la Moncloa— dependa de JxCat y de ERC. Por otro, y en la misma línea, ver si la buena sintonía que el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, se dice que tiene con el mundo socialista da frutos. Y por otro, y llegado el caso de que la compra hostil salga definitivamente adelante, ver si los accionistas del Banc Sabadell, a la vista del bajo precio ofrecido por la venta de las acciones, son capaces por sí solos de parar los pies al BBVA y rechazarla.

La reacción en Catalunya ha sido, de momento, cerrar filas con el Banc Sabadell. Govern, partidos, patronal, sindicatos y asociaciones de todo tipo han mostrado una inusitada unanimidad en su defensa. Llegados a este punto es necesario hacer, sin embargo, una serie de precisiones. El lamento ante la posibilidad de que el banco desaparezca no es porque se pierda una entidad financiera catalana ni por el daño que cause a la economía catalana, aunque en parte sea así. Catalunya, por desgracia, hace tiempo que perdió todo su poder financiero, cuando, a consecuencia precisamente de la crisis económica de 2008 y de la mala gestión que se hizo, las cajas de ahorros —que habían sido ejemplo de la capacidad de autoorganización de la sociedad catalana, pero que acabaron politizadas y debido a ello arruinadas— fueron absorbidas por el poder económico español, entre ellas Catalunya Caixa —donde estaban Caixa de Catalunya, Caixa de Tarragona y Caixa de Manresa—, Caixa de Sabadell, Caixa de Terrassa y Caixa de Manlleu a manos justamente del BBVA. El daño irreparable a la economía catalana se produjo entonces. El golpe letal de España contra la economía catalana fue en aquel momento. Y los que sobrevivieron a la purga, CaixaBank, por un lado, y Banc Sabadell, por otro, hace tiempo también que han dejado de ser bancos catalanes.

El Banc de Sabadell, que es como se llamaba cuando nació en 1881 en la ciudad de la que lleva el nombre, fue creciendo sin estridencias y prácticamente sin atraer la atención más allá de las fronteras de su hábitat natural. En Sabadell todo el mundo estaba orgulloso de tener un banco, y un banco de reconocida solvencia que progresaba al ritmo que también lo hacía su ciudad. Pero en el resto de Catalunya era casi un ilustre desconocido. Tanto que ni a Jordi Pujol, cuando, tras perder Banca Catalana, clamaba por la existencia de un banco genuinamente catalán, se le ocurrió reconocer que este banco, de hecho, ya hacía años que existía y era el Banc de Sabadell. Con el tiempo, la entidad se expandió primero fuera de Sabadell, después fuera de Catalunya y después internacionalmente, con un punto de inflexión clave para entender su consolidación como marca de prestigio en el panorama bancario actual: la salida a bolsa en 2001, comandada por un Josep Oliu que en 1991 había cogido el relevo de su padre, Joan Oliu, como director general y que en 1999 había sido nombrado presidente.

A partir de ahí, el Banc Sabadell dio un salto de gigante, hasta convertirse en el cuarto banco de España. Pero fue también a partir de ahí que dejó de ser un banco catalán. Apellidos de peso en Sabadell como los de Corominas, Casablancas o Monràs, que habían regido los destinos de la entidad y algunos de los cuales no compartían el cambio de estrategia, fueron sustituidos con el tiempo por apellidos bien españoles que demuestran el rumbo que decidió tomar el banco. Un rumbo que quedó afianzado cuando tras el referéndum de independencia del Primer d’Octubre de 2017 sucumbió a la presión del Gobierno, entonces en manos del PP, y trasladó la sede social fuera de Catalunya, a Alacant. De modo que nadie se piense que el retorno no hace mucho a allí de donde no debería de haberse marchado nunca, a Sabadell, responde a un ataque repentino de catalanidad, sino que obedece única y exclusivamente al intento de tratar de aprovechar el factor local para oponerse con más empuje a la opa del BBVA. Y es evidente que el apoyo que ha buscado con este movimiento lo ha encontrado.

Sabrá mal, aun así, si finalmente es absorbido por el BBVA, sobre todo para los nostálgicos de Sabadell, para los que el banco ha formado parte inseparable de la evolución de la ciudad, una de las principales de Catalunya, y cuyo nombre ha paseado durante casi ciento cincuenta años de un lado a otro. Llorar ahora la posible desaparición del Banc Sabadell como banco catalán no tiene, sin embargo, ningún sentido y llega tarde. La entidad ha jugado en cada momento la carta que más le ha convenido. Nada que decir en tanto que actor privado. Pero querer hacer ver ahora, desde dentro y desde fuera, que Catalunya perderá un banco catalán es confundir innecesariamente al personal. Está ampliamente demostrado que Catalunya hace tiempo que se quedó sin poder financiero, y lo poco que, a pesar de ello, ha perdurado es, en estos momentos, irrelevante en términos económicos, y más vale que siga siendo así para que nadie vuelva a tener la tentación de poner las manos allí donde no toca.

Estaría bien, sin embargo, que la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell acabara fracasando, o porque la detiene al Gobierno con una decisión netamente política o porque los accionistas la rechazan en clave tanto económica como política. Y estaría bien ni que sea para que los nostálgicos de Sabadell puedan seguir viendo como el nombre de la ciudad luce con letras bien grandes en la plaza que en otras épocas congregaba, uno a cada lado, los cuatro poderes más importantes: el religioso (la iglesia), el político (el ayuntamiento), el económico (el banco) y el popular (el ateneo).