Junts per Catalunya no se fía de Pedro Sánchez, tiene razones para no hacerlo, y ha dejado claro que continuará sin dar apoyo parlamentario al Ejecutivo español mientras este no cumpla los compromisos establecidos. El principal es la amnistía, que, como todo el mundo sabe, ya está avalada por el Tribunal Constitucional, pero su aplicación depende en última instancia del Tribunal Supremo, que es quien debería ordenar la liberación procesal de todos los encausados, y ya se ha visto la capacidad imaginativa de los magistrados para impedirlo digan lo que digan los tribunales europeos y el propio Constitucional.

Ya veremos qué pasa con la amnistía, que va haciendo su curso, pero mientras tanto habrá otros compromisos que deberán llevarse a cabo, pero no están suficientemente concretados por parte de Junts, a excepción de la publicación de las balanzas fiscales y las leyes contra los okupas y la de los reincidentes, que ya parece que saldrá adelante. Quizás trabajan asuntos más trascendentales y puede que lo lleven en secreto. Si es así, mejor. Junts se encuentra ante su gran oportunidad dadas las necesidades de Sánchez, que parece dispuesto a hacer lo que sea necesario para resistir en el Gobierno.

Y para Catalunya la defensa de la lengua siempre ha sido una prioridad, así que sería lógico que Junts per Catalunya (y también PSC, ERC y Comuns) aprovechara la ocasión para resolver un asunto pendiente e importante que hace referencia al catalán y al modelo educativo. El Parlament de Catalunya aprobó la Ley 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Esta ley fue aprobada en 2022 en el Parlament con el objetivo de regular el uso del catalán y también del castellano en la enseñanza no universitaria sin establecer cuotas lingüísticas fijas (por ejemplo, sin imponer un mínimo del 25% de clases en castellano). Lo que hace la ley es dejar la definición del uso de las lenguas en la escuela a criterio de los centros, atendiendo su realidad sociolingüística y regulando que el catalán continúe como lengua vehicular, pero sin proporcionalidades concretas.

Esta ley no era una reivindicación independentista, fue aprobada con los votos de Junts y también del PSC, de ERC y de Comuns. Sin embargo, el tándem PP-Ciudadanos o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, manteniendo su intransigencia en estos asuntos, presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional. La impugnación lleva tres años guardada en un cajón, seguramente por razones de oportunidad política. No hace falta decir que, si el Constitucional tumbase definitivamente la ley catalana, la legislatura española saltaría por los aires. En cambio, una inflexión positiva en la cuestión del modelo educativo lingüístico justificaría como contrapartida el apoyo de los grupos catalanes. Y, con algo más, incluso en los presupuestos del Estado. También Sánchez es consciente de que su salvación merece arremangarse y encontrar contrapartidas rentables para los catalanes. Solo hay que plantear las condiciones con la discreción adecuada. Porque no nos engañemos, si la presión política de Junts ha servido para que la mayoría progresista del Constitucional avale la ley de amnistía, que ha traído tantos quebraderos de cabeza, mucho más fácil debería ser que la mayoría progresista del tribunal avale esta ley aprobada por partidos no independentistas y avalada en su constitucionalidad por el Consejo de Garantías Estatutarias, que ya deja el trabajo hecho al TC para una sentencia favorable a la ley. Y ahora es el momento propicio de hacerlo dadas las circunstancias...

Las circunstancias son que Sánchez no se ve con fuerzas de convocar elecciones, a pesar de que podría ganarlas, porque las encuestas todavía dicen que PP y Vox sumarían mayoría, así que no tiene más remedio que resistir, que resistir como sea. Por eso ha aceptado que no ha sido puntual en el cumplimiento de los acuerdos de Bruselas con Junts per Catalunya y convocó a dos medios catalanes para expresar su voluntad de cumplirlos. Y ha hecho esto porque lo que más necesita Sánchez es tiempo.

Sánchez también necesita tiempo para que Gabriel Rufián consiga reagrupar las izquierdas españolas en una candidatura conjunta

Sánchez necesita tiempo para que la rivalidad PP-Vox le favorezca y sobre todo para que Gabriel Rufián consiga reagrupar las izquierdas españolas en una candidatura conjunta. Todos los estudios demoscópicos señalan que, si a la izquierda del PSOE —es decir, Sumar, Podemos, Izquierda Unida y otros— no forman una única opción electoral en el conjunto de España, la repetición de la mayoría llamada progresista en el Parlamento español será imposible; no se podrá superar la suma mayoritaria de PP y Vox.

Junts y ERC tienen la oportunidad de aprovechar la coyuntura para dar un salto en el autogobierno cuando Pedro Sánchez se muestra dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar tiempo, resistir y no verse obligado a convocar elecciones

Así que Sánchez necesita tiempo, y para perdurar está dispuesto a hacer la pelota a Junts..., y lo que haga falta. Y Junts (y también ERC) tienen más que nunca la gran oportunidad de conseguir una protección legal al modelo educativo catalán e incluso un salto cualitativo del autogobierno. De hecho, solo hay que apuntarse a las mismas reivindicaciones que el PNV trabaja con la discreción habitual, de acuerdo con su pacto de investidura. Pongamos algunos ejemplos: el traspaso de la Seguridad Social; el reconocimiento nacional de Euskadi; dar prelación a los convenios laborales de ámbito vasco sobre los estatales; inversión millonaria para la promoción del euskera... Para Catalunya, siempre, pero sobre todo ahora, la protección de la lengua propia ha sido una prioridad, y hoy, según los sociolingüistas, una emergencia.