La ley orgánica de garantía Integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "Solo sí es sí" ha generado una gran polémica. De hecho, a esta ley la discusión la ha perseguido desde el inicio, vista la importancia y la contestación social que tiene el tema que aborda; pero la culminación ha sido su entrada en vigor. La última semana hemos asistido a un cruce de acusaciones nada edificante entre estamentos —y más concretamente entre la ministra de igualdad y los jueces y juezas—, sobre quién ha hecho o hace mal las cosas. Lo peor de todo es el nuevo sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual que esta situación ha generado y, por descontado, el mensaje que puede estar llegando al conjunto de la ciudadanía: en vez de ir adelante vamos atrás, talmente como las penas a los agresores que ahora, con la nueva ley, se han revisado a la baja.

Todo lo que tiene que ver con la violencia machista es muy controvertido en una sociedad machista por definición en la cual avanzar —y eso quiere decir hacerlo desde el feminismo— hacia la igualdad y la no discriminación de las mujeres es extremadamente difícil. Ciertamente cualquier cambio es contestado y puesto bajo la lupa de todas las consideraciones posibles —las pertinentes, las que no tocan y las impertinentes—, pero por eso y con más razón todavía, las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y, añadiría, extremadamente bien hechas.

Es cierto que las cosas se hacen tan bien hechas como se puede —o cuando menos eso presupongo—, pero en este caso ya había más que indicios de peso que con esta ley se podría producir lo que finalmente ha pasado. Voces diversas alertaron sobre esta posibilidad y, además, incluso el informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley del Consejo General del Poder judicial de febrero de 2021 hacía esta advertencia. Entonces la pregunta es ¿por qué no se cambió? ¿Por qué se salió adelante en los términos actuales? Y aquí sí que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades. ¡Y no hablo solo de la ministra! La lista tiene que incluir como mínimo al Gobierno y a todos los partidos políticos que votaron a favor; ¡los que votaron en contra entiendo que no avisaran! No sirve solo acusar a los otros y no reconocer los propios errores; principalmente porque si no se reconocen los errores, difícilmente se pueden enmendar.

No quiero añadir leña al fuego; quiero que se haga una reflexión sobre cómo se legisla, sobre cómo de rápido se están haciendo las cosas y especialmente la falta de conocimiento o conocimientos que se aplica. Y hablo por esta ley y por otras que se están redactando. No es de recibo, y especialmente no toca en el siglo XXI, menos todavía cuando la intención —no la pongo en duda— es avanzar y transformar y no tirar atrás o solo fingir que avanzamos.

Sabemos muy bien cuál es la problemática de la justicia española en términos de género, pero no por eso se puede utilizar esta excusa para todo; a la vez que sabedores y sabedoras de este hecho más razón todavía para no dejar margen a posibles interpretaciones sesgadas. Aparte de asegurar —porque la revisión es de obligación que se produzca— la imposibilidad de la reducción de las sanciones. No por nada, sino porque las agresiones sexuales son crecientes, cada vez peores, y el objetivo de la ley es luchar de manera efectiva contra esta realidad y sus nuevas formas de expresión social. O, cuando menos, eso es lo que se publicitaba desde el Gobierno.