Esta frase va de perlas a la semana que hemos vivido en la sala de plenos del TS. Antes, sin embargo, de entrar en la visión de los tres días de juicio, conviene hacer, como siempre, algunas precisiones, con el fin de poder entender mejor algunas de las cosas que pasan y por qué pasan como pasan.

A los profesores y a los juristas nos gusta formular teorías. Son útiles si son instrumentales y no dogmas de fe: los objetos, físicos o inmateriales, presentan facetas que no todos vemos igual. Pero convencionalmente, para entendernos formulamos teorías. A ver si lo conseguimos.

Este proceso ha dado a luz dos nuevas teorías. Una, ya la semana pasada, la doctrina Torrent, esta aplicada con estrépito. Esta doctrina, que carece de base legal explícita, recorta sustancialmente el derecho de defensa y, por lo tanto, es un punto esencial a revisar, si las cosas no cambian, en Estrasburgo. La doctrina Torrent consiste en que las partes solo pueden interrogar a los testigos de las otras partes por lo que éstas les han interrogado, a menos de que la parte que los examine haya propuesto también al testigo.

El presidente Torrent fue propuesto por la acusación popular. Lo interrogó brevemente sobre aspectos del uno de octubre. La abogada Olga Arderiu, la defensora de Carme Forcadell, la predecesora de Torrent, intentó formular preguntas sobre otras cuestiones. Marchena la cortó, limitando así el examen del testigo a los temas que había suscitado la excusación popular.

El jueves sucedió algo similar. El fiscal, encima con muy malas formas, quiso interrogar al major Trapero sobre unas reuniones. El presidente, recordando su precedente, lo cortó y ambos tuvieron un inusual pique. Resulta que lo que quería el fiscal era formular unas preguntas sobre la reunión entre el president Puigdemont y algunos miembros del Govern con la cúpula de los Mossos con Trapero al frente.

Como se demostró a lo largo del interrogatorio de Trapero, era una pregunta primordial, máximo después del examen al cual lo sometió Melero. Entonces, acogiéndose a lo que prevé el art. 708 de la ley procesal penal, Marchena le hace hacer la pregunta. ¿Qué había sucedido para introducir esta delicadísima intromisión del juez en el proceso?

Al complicarse la vida sin previsión legal y ajeno al principio de verdad material que persigue el enjuiciamiento penal, la sesión parecía coja. Y Marchena hizo la pregunta, que consideraremos mañana. O sea: tenemos la doctrina Torrent I y la doctrina Torrent II o doctrina presidencial. Con la segunda, el presidente del tribunal puede preguntar lo que ha prohibido preguntar a las partes. Mira que hubiera sido fácil gestionar el juicio sin restricciones del derecho a un proceso público con todas las garantías, tal como proclama el art. 24 de la Constitución y aplicar las normas de siempre.

La otra precisión se refiere a lo que podríamos denominar la teoría de documentos ahora no. En virtud suya, los testigos no son confrontados, depurando lo que haya que depurar, con los documentos, sean en papel o audiovisuales, sino que serán leídos o reproducidos en la tercera fase del pleno, la fase de la prueba documental.

Con este tipo de proceder, sin base legal y tan inusual como ilógico, no se podrá contrastar, por ejemplo, en el 20-S cuándo y cómo se hace hacer el pasillo de voluntarios y así rebatir directamente a quien declare que no se podía entrar ni salir durante todo el día de la sede de la Conselleria d'Economia. O en lugar de mencionar a los testigos correspondencia administrativa o comercial (facturas, recibos...) y citarlos por datos ―no siempre exactos―, forzando la memoria de los deponentes al máximo, lo que toca, como se hace de ordinario, es presentar al testigo el documento sobre el que se quiere que declare. Esta maniobra convierte los exámenes testificales en un lío de imprecisiones, dudas y contradicciones que alejan el juicio de la verdad material y que pueden poner en peligro la propia seguridad jurídica del declarante.

Para cerrar este capítulo, hay que señalar que ocho de los testigos citados de la serie semanal estaban implicados en otros procesos conexos con el del TS. Sólo dos, Emili Quevedo y Josep Lluís Trapero, accedieron a ser interrogados. Otros tres comparecieron y se negaron a declarar. Por fin, la sala ha aceptado una medida que sí que acelera y elimina burocracia: los testigos investigados en causas penales vinculadas con la que se sigue en TS no hace falta que comparezcan físicamente; basta un escrito de su representación mencionando esta circunstancia a la secretaria de la sala. Ya se hizo con tres.

Castellví confirmó que los Mossos no estaban conformes con el tipo de coordinación que se llevó a cabo; estaban, digamos, molestos con la política gubernamental y reiteraron su obligación de cumplir la ley

Dicho esto, haremos un repaso de las sesiones de esta semana, dejando para mañana, como ya he dicho, la declaración del major Trapero.

Empezamos la jornada con la continuación de la declaración de Castellví, el comisario de información de los Mossos, que concluyó el jueves anterior. El fin de semana le fue bien. Se le aclararon las ideas y su capacidad expositiva mejoró sustancialmente. De hecho, confirmó con precisión lo que había dicho el jueves: los Mossos no estaban conformes con el tipo de coordinación que se llevó a cabo; estaban, digamos, molestos con la política gubernamental y reiteraron su obligación de cumplir la ley. Al final, reconoció ―esto es capital― que se equivocaron con sus predicciones de riesgos de brotes de violencia.

Le siguió el comisario Emili Quevedo, el jefe de planificación de los Mossos. A pesar de estar imputado en el procedimiento del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, sombra que persigue a muchos de los testigos, hizo una deposición sólida y llena de detalles. Grosso modo, detalló lo que y cómo los representantes del Ministerio del Interior, cuando declararon, habían pasado por alto, para no utilizar expresiones más contundentes y, quizás, más próximas a la realidad.

Como de él depende el despliegue de Mossos que se hace por cada acontecimiento no ordinario, el número de los efectivos lo tenía en la cabeza. Presentó un primer plan, que la fiscalía rechazó y lo amplió. De hecho, dijo, se dobló el número de policías respecto de una jornada electoral ordinaria. Se podía hacer lo que se podía hacer sin dejar al descubierto el resto de servicios. Es más: cifró en 40.000 efectivos el despliegue pedido de rodear a los 2.300 con un cordón de 100 metros a la redonda. Refirió la nula colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado. Para acabar, enfatizó mucho más todavía de lo que ya había hecho Castellví el descontento de los Mossos con respecto a la jornada del uno de octubre impulsada por el Govern, malestar que manifestaron en dos reuniones, los días 26 y 28 de septiembre.

Hasta llegar a lo que hiperbólicamente se ha calificado de la bomba Trapero, los testigos restantes de la semana versaron sobre aspectos que apuntaban a la malversación.

Común a todos los planteamientos de las acusaciones, por una parte, fue una deficiente elección de los testigos ―o estaban imputados y no declararon― o no eran los responsables directos de los aspectos administrativos de las empresas proveedoras de la Generalitat. Así, Albert Jaime Planas, Francisco Juan Fuentes, Antonio Manuel Santos, de Unipost, donde eran encargados de producción y no de facturación; o Rosa Maria Sans (recursos humanos) o Enric Marí (comercial), los dos de Artyplan, ajenos a tareas administrativas o de gerencia. Sus declaraciones fueron poco instructivas con respecto a la causa. Las acusaciones no pudieron demostrar que los encargos de trabajos que se imputan a miembros de la Generalitat o no se hicieron, o no se encargaron por la Generalitat y que, en todo caso, no se entregaron a la Generalitat ni se le facturó. En algún caso, clamoroso, como Unipost, porque nunca se recibió el encargo y no se sabía a quién se facturaría el trabajo; por lo tanto, no se hizo la distribución del material ingresado por un tercero sin identificar.

Por otra parte, no someter a los testigos al contraste con la documentación sobre la que eran interrogados, agobiándolos con cifras, fechas y otros datos. Con este marco no se podía sacar nunca el agua clara por parte de las acusaciones. Todo eso sin olvidar las palabras, ratificadas, en el pleno del exministro Montoro, de que ni un euro público se gastó en el referéndum.

Confrontar un testigo con las declaraciones en instrucción, sin exhibirle las de otro testigo rebasa el límite de un proceso con todas las garantías

Quien se llevó la peor parte, cuando menos una cierta intimidación, fue Enric Vidal. Como las acusaciones no entendían ―más bien dicho, no querían entender― la distinción de las diferentes fases en sede administrativa de un pedido, del cual el gestor puede ser ajeno en cuanto al contenido, y su tramitación que concluye con el pago corresponde a otra sección, las inseguridades del testigo fueron grandes.

Aunque lo que motivó la mayor intimidación fue la prepotencia del fiscal Moreno ―que no fue cortado como era necesario― al darle ―literalmente― una nueva oportunidad al testigo, que ya había respondido negativamente con rotundidad, sobre si se había reunido con otra testigo, Rosa Llorach, presidenta de la CCMA, quien declaró, en instrucción, que sí que se encontró con el testigo. Confrontar un testigo con las declaraciones en instrucción, sin exhibirle las de otro testigo, éste imputado en otra causa por los mismos hechos, rebasa el límite de un proceso con todas las garantías. Supone una presión, culminada por las advertencias de la presidencia y por la petición de fiscal de proceder contra él por falso testimonio, que privan al declarante de la necesaria calma que la misma ley reclama para esta actividad procesal.

Otra testigo que sabe qué es la administración, cómo se gestiona y cómo la ha gestionado ella misma fue Teresa Prohías. Fue la declaración de una alta gestora pública (en la época de los hechos, directora general de Serveis de Presidència), con años de experiencia, tanto como para que cuando veía alguna anomalía, la examinaba, pedía al respecto y, si no estaba conforme, no la tramitaba. Eso quedó patente durante todo su interrogatorio. Interrogatorio que se centró en buena medida en pedirle por facturas de terceros, la CCMA por ejemplo, que no respondían a ninguna demanda que ella tuviera registrada. Así, la acusación avanza poco.

El último testigo al cual pasamos revista fue el de Albert Royo Mariné, ex-secretario general del Diplocat, más correctamente,Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, como aclaró el mismo Royo. La fiscal, una vez más, mostró un desconocimiento (como la abogada del Estado) de qué es ―y era― el Diplocat. Quizás una visita a su web habría aclarado que se trata de un consorcio y que no forma parte de la Generalitat. Tampoco es el brazo oculto de la Conselleria d'Acció Exterior. Es un consorcio con fuerza empresarial, cultural, científica y deportiva, dotado económicamente por la Generalitat, quien tiene solo un voto. Voto que, como declaró Royo, no hay que ejercer, ya que las decisiones se toman por consenso.

Si las acusaciones hubieran estudiando qué es el Diplocat y hubieran olvidado la propaganda al estilo de la recientemente desmemoriada Sáenz de Santamaría, se hubiera ahorrado un tiempo precioso. Ninguna acusación pudo demostrar ningún gasto de este consorcio de diplomacia pública ―concepto que el declarante explicó de sobra― en favor o sustitución de la Conselleria d'Acció Exterior o encubriendo gastos de la Generalitat en pro del referéndum. Incluso, algunos gastos que se presentaban correspondientes al portavoz de una especie de plataforma de ayudas al referéndum fueron contrarrestados con la manifestación de su anulación, antes de septiembre del 2017 por imposibilidad de generar el servicio contratado. Servicio que era ser el comunicador de un grupo de estudio independiente y ajeno, una vez más, al referéndum.

En todo caso, Albert Royo se mostró solvente, serio y perfectamente conocedor del terreno que pisaba. Las acusaciones, sin embargo, no.

Bombas aparte, ha sido una semana, como serán las próximas, de mucha piedra picada, de masticar mucho polvo, pesadas de seguir para el gran público, pero sumamente clarificadoras de lo que se dice que pasó, pero, como sabemos, no pasó como dicen que pasó. Mañana más.