Sólo se ha difundido la parte dispositiva de la sentencia por la que el grupo parlamentario de Vox recurría el primer estado de alarma. Una opinión jurídica, mínimamente fundamentada, no se podrá dar hasta que conozcamos el texto íntegro de la sentencia. Es posible, sin embargo, hacer una aproximación político-jurídica, adelanto que profundamente negativa.
En primer lugar, llama la atención, sin parangón en la Unión Europea, que un Tribunal Constitucional u órgano judicial asimilable haya tumbado la respuesta estatal a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de la covid-19.
Cabe decir que el TC juega con ventaja. Por lo que se desprende del fallo, será una sentencia interpretativa, lo cual aumenta la incertidumbre a estas alturas. Y puede ser una sentencia interpretativa meramente declarativa (tal cosa es así), anulatoria (si se ha hecho así, no vale) o prospectiva (a partir de ahora hay que hacerlo así o no hacerlo así). Veremos entonces, cuando se pueda entrar en el fondo del tema.
Este Tribunal Constitucional ha santificado la doctrina Parot, ha confirmado condenas a tuiteros, raperos y otros disidentes incómodos, ha ratificado que no se investigaran torturas policiales y ha creado elementos delictivos de odio en delitos que no figuran así previstos en el Código Penal
Establecida esta ventaja inicial de esconder durante unos días la pelota, queda patente que los magistrados firmantes del voto mayoritario, incluido algún autoconsiderado progresista, no se pavonearán ante sus colegas europeos por su doble originalidad. Una, ya lo he expuesto: es el primer tribunal constitucional que tumba un estado de emergencia pandémica en la UE. Pero el segundo motivo, todavía más lacerante, es que ha sido aceptando las peticiones de Vox, un partido de extrema derecha. A sus hermanos los órganos constitucionales europeos, cuando menos hoy por hoy, no les dan ni los buenos días. Quizás el tribunal de Domenico Scarlatti sea el principio de una nueva era. Todavía no, sin embargo.
Al convertirse el TC en el altavoz —así será considerado— de Vox, dos cuestiones más quedan en evidencia. Por una parte, este partido iliberal cobra carta de naturaleza de política respetable. Por la otra, queda bastante al descubierto quién es, dónde está y quién manda en el deep state.
No hay que olvidar que este TC tiene ya cuatro miembros caducados (los nombrados por el Congreso de Diputados, uno de los cuales dimitió por extrañas circunstancias), lo cual no es precisamente para alardear de legitimidad democrática. No hay que olvidar también que este TC —no otros anteriores, este— ha santificado la doctrina Parot; ha confirmado condenas a tuiteros, raperos y otros disidentes incómodos; ha ratificado que no se investigaran torturas policiales y ha creado elementos delictivos de odio en delitos que no figuran así previstos en el Código Penal. Todo eso con una consecuencia: el Tribunal de Estrasburgo lo ha declarado contrario a la Carta Europea de Derechos Humanos. Y ya espera turno la maquinación aparentemente jurídica contra el procés: empezando por atender el requerimiento del Gobierno de reunirse de urgencia, inventándose procedimientos previos a la admisión de un recurso y santificando hasta la última coma todas las resoluciones en relación al procés.
Por último, no hay que pasar por alto un detalle bastante relevante: el TC se ha unido ilegítimamente a aquellos que fuera de las urnas quieren tumbar el gobierno actual. La cantinela que oiremos a partir de ahora, con música del TC, será insoportable, aunque el Partido Popular votó a favor del estado de alarma y no lo recurrió.
Esperar algo bueno de este TC, caducado, sesgado y con una calidad jurídica más que cuestionable, es pedir peras al olmo.