El artículo debía tratar sobre cómo gestionar la memoria democrática respecto a la dictadura franquista, pero la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado obliga no a cambiar de tema, sino a relacionarlo dada su trascendencia. La condena al fiscal general ha sido decidida por cinco magistrados contra dos. Los cinco magistrados que firman la condena son Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Lamento tener que repetirme, pero no se puede pasar por alto que los cuatro primeros firmaron la sentencia del procés y Carmen Lamela fue promocionada al Supremo desde la Audiencia Nacional tras dictar las órdenes de prisión contra los líderes del procés. ¿Qué hizo el fiscal Álvaro García Ortiz? No filtrar no sé qué, sino oponerse a este tribunal, negándose a apoyar sus impugnaciones contra la amnistía y ordenar a los fiscales, también a los beligerantes fiscales del procés, a aplicar la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. La ley de amnistía supone una desautorización del Tribunal Supremo que los magistrados que lo componen no están dispuestos a admitir, así que, además de boicotear el cumplimiento de la ley aprobada por la mayoría parlamentaria democráticamente elegida, han decidido vengarse del fiscal, que actuaba en consecuencia, y han encontrado el pretexto para ejercer su poder no democrático.
Los cinco magistrados que firman la condena al fiscal general son los mismos que condenaron y encarcelaron a las personas que participaron en el procés y no perdonan a Álvaro García Ortiz su apoyo a la ley de amnistía
El Gobierno español es una cosa y el régimen político es otra, fruto de una transición calculada con la teoría del Gattopardo. Que todo cambie para que nada cambie. El Poder Judicial es lo que no se ha cambiado. El Tribunal Supremo actual considera en un auto que Franco era jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, solo tres meses después del golpe de Estado militar, cuando Azaña todavía era presidente de la República, lo que quiere decir que el Tribunal Supremo actual legitima ahora el golpe de Estado militar y niega legitimidad al Gobierno de la República, democráticamente constituido.
Si, como ha dicho el ministro Ángel Víctor Torres, en España hay 4.000 símbolos franquistas 50 años después de la muerte de Franco, será porque a la gente no le molestaban. Hay menos en Catalunya y en el País Vasco porque es donde irritaban más y donde la oposición a la dictadura fue, digamos, más numerosa. Lo cierto es, sin embargo, que España es el único país donde el fascismo triunfó y Franco murió en la cama, a diferencia de sus aliados Hitler y Mussolini. En 40 años de dictadura, no hubo ninguna revolución democrática, y Franco todavía se permitió hacer un testamento en el que lo dejaba todo “atado y bien atado”. España es también el único país que, después de derrocar la monarquía sin derramamiento de sangre, a diferencia de franceses o italianos, ha aceptado el retorno de la dinastía borbónica con todos los honores, pero por imposición del dictador con el apoyo de los militares. Para bien o para mal, España es lo que es.
El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia un decreto para retirar símbolos franquistas, pero más importante que eso es revocar la legislación heredada de la dictadura y que se mantiene aún vigente cumpliendo el testamento del "atado y bien atado"
El Gobierno de Pedro Sánchez ha necesitado aprobar un real decreto para aplicar la ley de memoria histórica, seguramente porque la ley no se acaba de cumplir, y pone como anuncio estrella la retirada de los símbolos franquistas, como si esta fuera la herencia fundamental del franquismo. Es una iniciativa loable, probablemente pensada con interés táctico del momento, pero no nos tenemos que engañar. Lo peor del franquismo no son los símbolos, sino la realidad franquista que aún perdura.
Sin ir más lejos, se llenan mucho la boca de antifranquismo, pero el Gobierno español no es capaz de suprimir la Audiencia Nacional, tribunal que solo ha cambiado el nombre del Tribunal de Orden Público de la dictadura. Ni siquiera es capaz el Gobierno más progresista de la historia de resignificar el templo de la tortura que es la Jefatura de Policía de la Via Laietana, y no lo hace porque no se atreve a imponérselo a los policías que han opuesto resistencia a las iniciativas del Parlament y del Ajuntament.
Hay otras iniciativas más trascendentes que retirar placas franquistas que podría impulsar el ejecutivo español en defensa de las libertades. Sin ir más lejos, derogar la ley de seguridad ciudadana, más conocida como la ley mordaza, que Franco no la habría hecho muy diferente. Pedro Sánchez prometió que sería lo primero que haría cuando gobernara y aún estamos esperando. También sería interesante, desde el punto de vista democrático, derogar o al menos reformar de arriba abajo la ley de secretos oficiales que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó... ¡¡¡para hacerla más regresiva!!!
La revista El Salto ha registrado 265 normas preconstitucionales vigentes y consolidadas. 169 son normas aprobadas durante el franquismo y 66 continúan vigentes sin haber sido modificadas —ni una vez— desde la muerte del dictador. 43 tienen la firma de Francisco Franco, vigentes, consolidadas, y sin haber sido modificadas en ningún artículo hasta la actualidad. Rectificar todo esto es más importante que derribar el monumento franquista de Tortosa, que parece que a muchos tortosinos no les causa ninguna molestia. Todavía hoy tenemos un rey inviolable. Aunque robe o incluso mate, no se le puede acusar de nada.
Al llegar a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama prometió infinidad de reformas, desde suprimir progresivamente las armas nucleares, a combatir el cambio climático hasta garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Sin embargo, también le temblaron las piernas ante el auténtico Estado profundo y se quedó a medias. Y lo que consiguió fue despertar a la bestia de los halcones, que encontraron en Donald Trump la vacuna contra todo lo que proponía Obama y que fue derogado a las primeras de cambio.
Los halcones españoles no perdonan a Pedro Sánchez todo lo que ha anunciado que hará y aún no ha hecho. Si no lo hace, si no tiene suficiente coraje para aprovechar la mayoría parlamentaria que lo apoya para desarmar a sus adversarios, estos no desistirán. Mantendrán sus ataques por tierra, mar y aire hasta acabar con él. No están dispuestos a perdonarlo tanto si hace cambios en las estructuras de poder como si no los hace. De hecho, le conviene hacerlo para sobrevivir, y lo necesita para ganar las elecciones, tal como señalan los últimos sondeos de opinión.