Nos pasamos la vida preguntándonos qué haríamos si viéramos una injusticia. Si destaparíamos la trama de corrupción en nuestro ayuntamiento. Si denunciaríamos al jefe que acosa, al compañero que roba, al mando que hace y deshace como si las leyes fueran un adorno. Nos encanta imaginarnos en el papel de valientes. En la práctica, cuando alguien se atreve de verdad a denunciar, lo que suele ocurrir es que se queda sola. Sola frente al sistema, sola frente al monstruo.
Pensemos en Luis Gonzalo Segura, aquel teniente del Ejército que decidió contar lo que veía por dentro: facturas infladas, abusos, privilegios blindados, una casta militar haciendo y deshaciendo mientras la disciplina y el silencio servían de tapadera. Lo lógico habría sido abrir investigaciones serias, depurar responsabilidades, proteger al denunciante. Lo que pasó fue otra cosa: expedientes, arrestos, sanciones y, al final, expulsión. Se castigó al que habló, no a quienes se beneficiaban del chanchullo. El mensaje fue clarito para el resto de la tropa: si se te ocurre seguir su camino, ya sabes cómo terminas.
Sonia Vivas también sabe lo que significa convertirse en objetivo por decir "basta". Policía local en Palma, lesbiana, feminista, en un cuerpo hipermasculinizado que convirtió su vida en un infierno. Insultos, burlas, amenazas, ataques a su vivienda, campañas de odio dentro y fuera del cuartel. Tuvo que tragarse años de procedimientos judiciales, querellas cruzadas, una batalla de desgaste en la que, incluso cuando la justicia le dio la razón y condenó a dos policías por acoso homófobo, el daño personal ya estaba hecho. Se reconoce el delito, sí. Pero el coste lo paga ella: su salud, su tranquilidad, su vida cotidiana triturada a cámara lenta.
Lo mismo podríamos decir de Ana María Garrido Ramos, la funcionaria de Boadilla del Monte que decidió plantarse ante la Gürtel. Sin su documentación, sin su decisión de entregar aquel dosier a la Fiscalía, probablemente no habríamos conocido con tanto detalle uno de los mayores escándalos de corrupción política de este país. A cambio, lo perdió casi todo: trabajo, entorno, estabilidad. Años sobreviviendo como podía, mientras algunos medios se dedicaban a difamarla, acusándola incluso de estar implicada en la trama que ella ayudó a desvelar. Hace nada el Supremo ha obligado a un medio de comunicación a compensarla por haber vulnerado su honor con un bulo, pero ¿cómo se repara una década de linchamiento público con 7.000 euros y una sentencia tardía?
Cruzamos el charco y el patrón se repite. Las mujeres que denunciaron a Jeffrey Epstein, el financiero que tejió una red de abusos sexuales con conexiones que llegan hasta las élites globales, se atrevieron a poner nombre y rostro a la violencia que habían sufrido. Y, años después, una reciente investigación de Reuters recoge cómo muchas de ellas viven ahora bajo una nueva forma de amenaza: acoso constante, campañas en redes, identidades expuestas en documentos oficiales, miedo cotidiano. Algunas han decidido armarse, cambiar de vida, vivir a la defensiva. Hablar las convirtió en objetivo no solo del agresor original, sino de toda una maquinaria que las señala, las ridiculiza, las culpa de haber roto el pacto de silencio.
Mientras sigamos respondiendo con silencio, con indiferencia o con un “bueno, algo habrá hecho”, el monstruo seguirá tranquilo. Sabe que, cada vez que alguien se atreva a denunciar, el sistema se encargará de dejarla sola
En algunos lugares, la respuesta ni siquiera se molesta en disfrazarse. En Sudáfrica, la funcionaria Babita Deokaran fue asesinada a tiros tras señalar pagos sospechosos y posibles casos de corrupción en un hospital público. Su nombre se ha convertido en símbolo de lo que puede pasar cuando alguien decide que su responsabilidad con el bien común está por encima de la obediencia ciega. Y no es la única: testigos clave como Marius “Vlam” van der Merwe, vinculados a investigaciones sobre abusos policiales, también han sido asesinados en plena calle. El mensaje es directo y brutal: quien se mete con determinadas estructuras de poder, juega con su vida.
Podríamos seguir sumando nombres y países, pero el patrón ya está claro. No estamos ante una colección de anomalías. Es un sistema. Cada vez que alguien denuncia, se activa un manual de instrucciones que se repite con precisión. Primero, desacreditar: convertir al denunciante en un loco, una resentida, un trepa, alguien “con problemas personales”. Después, aislar: apartarlo del puesto de trabajo, romperle las redes de apoyo, dejarle claro que se ha quedado sola frente a la maquinaria. Por último, intimidar: querellas, amenazas, campañas de difamación, acoso judicial, hostigamiento mediático. En algunos contextos, balas.
Nos gusta señalar a “los malos”. Es fácil. Los corruptos, los abusadores, los que dan las órdenes, los que aprietan el gatillo. Pero el gran agujero negro de estas historias no está solo ahí. Está en la gente que se considera buena. En los compañeros que dicen “yo no me meto”. En las instituciones que miran para otro lado mientras la persona que ha denunciado es triturada. En los medios que sólo prestan atención cuando ya hay una sentencia firme, un premio de transparencia, un documental de Netflix, pero que durante años han contribuido al silencio o, directamente, al linchamiento.
El problema no es solo que existan quienes usan su poder para abusar. El problema es que quienes se sienten “buenos” se quedan quietos cuando alguien se juega el pellejo por todos. Porque eso es lo que hacen estas personas, aunque nunca las veamos así: se exponen para que el abuso no siga ocurriendo, para que la corrupción no se convierta en norma, para que el poder tenga, al menos, algún límite. El beneficio social de su gesto lo compartimos todos; el coste se lo dejamos a ellas.
No se trata de santificar a nadie. Los denunciantes también son humanos, con contradicciones, errores, biografías complejas. Pero sin ellos no hay democracia que aguante, ni justicia que funcione más allá del papel. Y, lo más importante, sin el apoyo del resto, lo que estamos transmitiendo a cualquiera que se esté planteando hablar es muy sencillo: si denuncias, te dejamos sola. Te atacarán los de arriba y te fallarán los de al lado.
Tal vez la próxima vez que veamos una historia de este tipo (un militar expulsado por destapar la corrupción, una policía acosada por denunciar la homofobia y la corrupción, una funcionaria arruinada por señalar una trama, una mujer amenazada por contar un abuso) deberíamos hacernos otra pregunta. No “¿qué haría yo si estuviera en su lugar?”, que es cómoda porque sabemos que probablemente nunca nos veremos ahí. La pregunta incómoda es: “¿qué estoy haciendo yo ahora que ella sí está en ese lugar?”. Porque mientras sigamos respondiendo con silencio, con indiferencia o con un “bueno, algo habrá hecho”, el monstruo seguirá tranquilo. Sabe que, cada vez que alguien se atreva a denunciar, el sistema se encargará de dejarla sola. Y que nosotros, los supuestos buenos, seguiremos mirando hacia otro lado.