Estos días cuesta no recordar con ironía aquellos anuncios edulcorados en los que durante la crisis anterior, por allá el 2012, La Caixa nos recordaba que tenía alma. A pesar de convertirse entonces en un banco, todavía mantenía una obra social gracias "al compromiso de clientes, empleados, voluntarios y beneficiarios: los auténticos beneficiarios del alma de la entidad". Los términos de la campaña publicitaria lo dejaban claro, porque "al margen de números y balances" —como si no fuera lo que le importa a cualquier empresa que trabaje sólo para obtener beneficios para sus accionistas—, quien de verdad se comprometía no era tanto la entidad financiera, como la gente que trabajaba y confiaba en ella. Esta alma, si en algún momento existió, es la que está a punto de perderse. Y ahora bajo los auspicios del estado español (y del BCE). Todos los economistas ven un paralelismo con lo que ya pasó en 1999 cuando el Gobierno de entonces del PP propició que Argentaria se comiera al BBV, cosa que implicó la 'desvasquización' de la entidad, y ahora es el Gobierno del PSOE quien promueve que la entidad (¿catalana?) venda su alma a Bankia, la de las tarjetas y el corazón black (¡hasta aquí llega todavía la sombra de Rodrigo Rato!).

Parece que la operación de fusión es inminente y es preocupante que las negociaciones se estén llevando a cabo sin ninguna transparencia, sin que los medios de comunicación informen con detalle a la ciudadanía, teniendo en cuenta la trascendencia de la operación y que uno de los implicados es el propio Estado. Los españoles se juegan mucho en esto. Por una parte, por la magnitud de la operación: si se consuma, desde la anterior crisis económica el número de entidades bancarias que operarán en el territorio pasaría de 54 a 3 o 5. Estos macrobancos se convertirán en un oligopolio que perjudicará, en primer lugar, a la competencia y, por lo tanto, a los intereses económicos de los consumidores de productos bancarios, que somos todos, a través de cuentas corrientes y de ahorro, de hipotecas, de préstamos... que tendremos que pagar más caros porque estaremos más desprotegidos a la hora de negociar las condiciones con las entidades.

Por otra parte, la fusión supondrá un perjuicio para los trabajadores de las entidades implicadas, porque verán reducidos drásticamente los puestos de trabajo. Se calcula que cerrarán unas 1.500 oficinas, el 25% del total de las dos entidades, y que unos 10.000 trabajadores serán despedidos (¿de verdad que los sindicatos, CCOO y UGT, están tan anulados que sólo pueden aspirar a minimizar el desastre negociando "salidas voluntarias" y prejubilaciones?). En ambos casos: beneficios fáciles, rápidos e inmediatos para las entidades, sus gestores y los accionistas; como ya pasó en la nefasta gestión de la crisis anterior. Incluso un economista como Xavier Sala-i -Martín, portavoz privilegiado del pensamiento neoliberal, considera que es "una mala idea desde casi todos los puntos de vista".

El Gobierno tendría que velar para que la fusión no implicara en ningún caso un nuevo rescate financiero encubierto para las entidades y ninguna pérdida para la ciudadanía, más necesitada que nunca de restablecer los servicios del estado del bienestar

Pero las consecuencias para la ciudadanía podrían ser todavía más preocupantes si tenemos en cuenta la deuda que los bancos tienen con la sociedad. En el mes de mayo, durante el confinamiento por la pandemia, algunos consejeros y directores generales de la gran banca española defendían que hacía falta un mayor reconocimiento social como entidades "imprescindibles" para superar la crisis económica que se empezaba a desatar, y aducían que el sector bancario se estaba entregando tanto para paliarla que era la oportunidad para cambiar la percepción que la sociedad tiene de la banca (en palabras casi literales de un directivo de CaixaBank).

¿Y cuál es esta "percepción" que tenemos que no nos permite reconocer las bondades de la banca española? Remontémonos primero a los hechos que todos conocemos, y volvamos al año 2012: el "capitalismo de casino" basado en la especulación financiera e inmobiliaria va a la quiebra en el estado español, que, incapaz de hacerle frente, pide la ayuda económica de la Unión Europea. El ministro de Economía del PP de entonces decide "sanear" los bancos y cajas españoles aportando dinero público en calidad de préstamo que después tendrán que devolver al Estado. Con esta operación, la deuda privada se convirtió en deuda pública pagada con el dinero de nuestros impuestos. Ocho años más tarde, los datos son tozudos: de los 78.000 millones de euros aportados al conjunto del sistema bancario —que si contáramos las ayudas directas, los fondos de garantías y los avales otorgados por el Estado, los expertos elevan a la escalofriante cifra de 350.000 millones de euros en una década—, los cálculos optimistas dicen que se ha devuelto sólo un 6,6% (unos 5.225 millones). Y desgraciadamente no hay perspectivas que sus beneficiarios, sobre todo Bankia, CaixaBank, Banc de Sabadell, BBVA, etc., los devuelvan ni ahora ni nunca, bajo la connivencia de los partidos políticos. "Percibidos" así, cuesta mucho otorgar el reconocimiento social que la banca echa ahora de menos, y tampoco ayuda mucho la sombra de operaciones tan opacas y tan poco beneficiosas para la ciudadanía como la que se negocia. ¿La fusión garantizará que nos devolverán todo el dinero que nosotros les dejamos (o quizás regalamos)? El Gobierno, accionista mayoritario de Bankia, tendría que velar para que la fusión no implicara en ningún caso un nuevo rescate financiero encubierto para las entidades y ninguna pérdida para la ciudadanía, más necesitada que nunca de restablecer los servicios del estado del bienestar. Y todavía más, los economistas advierten del peligro de crear este tipo de grandes bancos, porque entonces se vuelven "sistémicos" y, apelando al "too big to fail", en caso de quiebra piden el rescate del Estado. Por lo tanto, ante la crisis inminente, parece como mínimo imprudente que el mismo estado español (bajo un gobierno supuestamente de izquierdas) propicie una operación parecida. Y en cualquier caso, y hablando de nuevo de percepciones, si en la crisis anterior la banca no tuvo el gesto ético de otorgar un "mayor reconocimiento" a la sociedad que a través de sus impuestos les ayudó a superar su crisis financiera, provocada por la especulación galopante, la mala gestión y la más que probada corrupción, ¿cree quizás ingenuamente el estado español que ahora sí que, en caso de necesidad, la entidad fruto de la fusión lo haría?

Por eso hay que tener un poco de alma, y los bancos hace años que le han vendido la suya al diablo.

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