Jueves, 6 de febrero del 2025. El síndic major de Comptes, el prestigioso jurista Miquel Salazar, comparece en la comisión correspondiente del Parlament de Catalunya. Salazar inicia su intervención aprovechando para defender el sistema de auditoría independiente que utiliza la Sindicatura de Comptes. Como denota su nombre, hablamos del organismo fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control financiero del sector público de Catalunya. Ello incluye la administración de la Generalitat, la administración local y los organismos y entidades que dependen de ella, las entidades participadas o financiadas por la Generalitat o los ayuntamientos, y las universidades públicas. También controla las cuentas de las elecciones en el Parlament y el Consell General d'Aran. En virtud de estas competencias, la síndica Maria Àngels Cabasés elaboró en 2023 un informe sobre las cuentas de la Direcció General d'Atrenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que detectaba numerosas irregularidades en la gestión de los millones de euros que la DGAIA otorgó a fundaciones privadas colaboradoras entre el 2016 y el 2020. Por ejemplo, se contrataron 154 centros por el procedimiento de emergencia sin ajustarse a la ley de contratos. Cuando se presentó el informe de la Sindicatura de Cuentas, ERC, que gestionó la DGAIA a través de los consellers Dolors Bassa y Chakir El Homrani entre el 2016 y el 2020 rechazó aplicar las recomendaciones porque eso suponía "hacer el juego a la extrema derecha". El PSC y el comunes, aunque más comprensivos, también votaron en contra de aplicarlas. La asistencia mutua tripartita en casos de crisis graves evitó así poner a los consellers de ERC a los pies de los caballos ante el contundente aviso sobre las irregularidades en la DGAIA.

Lunes, 12 de mayo del 2025. El país asiste conmocionado a las revelaciones periodísticas sobre el caso de una chica que fue captada cuando tenía 12 años por el jefe de una red de pederastia, Teófilo L. M., un electricista con antecedentes policiales por prostitución infantil desde hacía más de una década, que la violó y la ofreció a otros hombres. La fiscalía solicita 107 años de prisión para él. En la red de pedófilos hubo hasta 24 víctimas más. Y estarían implicados otros 16 hombres, seis de los cuales no podrán ser acusados de violación porque las víctimas tenían 16 años cuando fueron agredidas sexualmente. Pues bien, la niña, hija de una familia desestructurada, estaba en situación de guarda o semitutela de la DGAIA. A pesar de las sospechas por la ropa cara con que se presentaba en el centro de acogida y sus conversaciones sexuales con hombres a través de una aplicación de móvil, la DGAIA autorizó a convivir a la menor con una pareja de 25 años. El jueves 15 de mayo, el gobierno de Salvador Illa, a través de su consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, admitía: "es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y eso ha sido evidente muchos años". Tarde y mal -ya no lo podrá hacer en el primer juicio-, el Govern también anunció que se personaría en la causa de la niña violada.

El mismo jueves, los grupos del PSC, ERC y los comunes anunciaban una comisión de investigación sobre la DGAIA adelantándose a Junts, que la reclamó, y el PP, que la apoyaba. El calendario de la investigación parlamentaria comprende un extenso periodo que se remonta a 2011, en tiempos del conseller de CiU Josep Lluís Cleries. De sopetón, el riesgo de favorecer a la extrema derecha dejaba de serlo para los mismos grupos que un año antes habían desoído las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes. La jugada consistía ahora no en salvar a un miembro del bloque tripartito, ERC, sino en ampliar al máximo el periodo a investigar a fin de que permitiera extender las posibles responsabilidades genéricas a todos los consellers anteriores del ramo, es decir, los del espacio que ahora se identifica con Junts. Además, si alguien tuvo la tentación de reducir el problema de la DGAIA a una (terrible) negligencia con la niña violada por la trama de pederastia, las actuaciones en marcha por parte de otros organismos fiscalizadores, la Oficina Antifrau de Catalunya, que ya abrió un expediente a finales del año pasado ante la denuncia de un cúmulo de irregularidades por parte de un testigo protegido, y otro informe de la Sindicatura de Comptes, hacían muy difícil mirar, de nuevo, hacia otro lado. O recurrir a la excusa de la extrema derecha para, otra vez, no hacer nada. Menos mal que, a decir de la actual consellera, la situación es evidente desde hace años.

La extrema derecha aún sacará más tajada del escándalo de la DGAIA si el Govern y los partidos se dedican más a taparse las vergüenzas que a actuar a fondo

Todos los indicios apuntan que entidades o personas implicadas en los procesos de acogida a menores inmigrantes no acompañados o en situaciones vulnerables se han podido beneficiar irregularmente de contratos millonarios adjudicados por la administración, por la DGAIA, saltándose todos los controles y normativas. Y que esta actitud remite a un problema sistémico en el funcionamiento el organismo. Es evidente que la extrema derecha o los partidos antiinmigración utilizarán el escándalo de manera hipócrita para señalar a las mafias, en este caso, las entidades asistenciales, que, en connivencia con los partidos del Govern y la Generalitat, se han podido aprovechar de menores inmigrantes no acompañados, los MENA, para hacer puro y simple negocio a costa del erario público. Por ejemplo, continuando recibiendo las ayudas para chicos que ya no estaban bajo tutela ni residían en centros de acogida. Que el número de llegadas de menores migrantes se incrementara no justifica, como hizo ERC, la discrecionalidad y el descontrol con los contratos.

Por ello, la extrema derecha aún sacará más tajada del escándalo de la DGAIA si el Govern y los partidos, incluidos los de la oposición, se dedican más a taparse las vergüenzas que a actuar a fondo para depurar responsabilidades, cortar de cuajo toda posible acción administrativa irregular u opaca desde ya, y, más pronto que tarde, acometer la reforma de arriba abajo del modelo de asistencia a los menores vulnerables en Catalunya. Este es un problema que no se puede limitar a una simple comisión de investigación en el Parlament porque afecta a los mínimos de los mínimos del sistema: la protección social de los más vulnerables de los vulnerables, los niños. Además, convendría que quien haya hecho negocio con las ayudas de la DGAIA para acoger a menores en situaciones de riesgo social las devuelva. Hasta el último céntimo. Porque nos han robado a todos.