Hay una escena que se repite cada mañana en millones de hogares de esta península compuesta por tantos países confrontados. Alguien enciende la televisión, abre una red social o despliega un periódico digital y lo que encuentra es un campo de batalla. Acusaciones cruzadas, declaraciones incendiarias, titulares diseñados para provocar indignación. Durante unos minutos, ese ciudadano —que tiene una hipoteca que pagar, un hijo al que educar, un padre al que cuidar o un negocio que sacar adelante— se ve arrastrado a una discusión que no ha elegido, sobre un tema que no le quita el sueño, protagonizada por personajes cuya principal destreza es ocupar el centro del escenario sin decir nada que merezca la pena ser recordado.

Conviene detenerse a pensar en lo que esto significa, porque lo que está en juego no es menor. No se trata únicamente de que la política española y catalana atraviesen un momento de especial crispación —que lo atraviesan—, sino de algo más profundo y preocupante: hemos permitido que las élites políticas determinen el terreno de juego, el reglamento y hasta el marcador. Y nosotros, los ciudadanos, hemos aceptado el papel de espectadores de un circo que, en el mejor de los casos, resulta estéril y, en el peor, corrosivo para la convivencia democrática.

La crispación no es un fenómeno espontáneo. Es un producto manufacturado con esmero por quienes más se benefician de ella. Los partidos políticos —y subrayo el plural, porque casi ninguno escapa a esta lógica— han descubierto que la polarización es un combustible extraordinariamente eficaz. Mantiene movilizada a la base electoral, simplifica mensajes que de otro modo requerirían matices incómodos y, sobre todo, evita que el debate público se centre en aquello que verdaderamente importa: la gestión, los resultados, las soluciones concretas a problemas concretos.

Algunos medios de comunicación, lejos de ejercer la función de contrapeso que les corresponde en una democracia sana, han optado por alimentar esta dinámica. No todos, desde luego, pero sí los suficientes como para que el ecosistema informativo se haya convertido en una prolongación del ring político. Las tertulias funcionan como trincheras donde cada contertulio defiende a su bando con la fe del converso, y la audiencia se organiza no en función de la calidad de la información, sino de la intensidad de la confirmación de los propios prejuicios.

La crispación no es un fenómeno espontáneo. Es un producto manufacturado con esmero por quienes más se benefician de ella. Los partidos políticos han descubierto que la polarización es un combustible extraordinariamente eficaz

El resultado es un circuito cerrado en el que la crispación se retroalimenta: los políticos generan conflicto, los medios lo amplifican, las redes sociales lo viralizan y los ciudadanos lo consumen, a menudo sin advertir que están dedicando su atención —ese recurso cada vez más escaso— a cuestiones que no figurarían entre sus diez principales preocupaciones si alguien se tomara la molestia de preguntarles.

En este paisaje degradado prospera un tipo muy concreto de figura política: aquella cuyo talento principal reside en la provocación, en el golpe de efecto, en la frase que estalla en Twitter antes de que nadie haya tenido tiempo de analizar si contiene alguna idea de valor. Gabriel Rufián representa con precisión casi didáctica este modelo. Su capacidad para acaparar titulares es inversamente proporcional a su aportación al debate público en términos de propuestas viables, análisis rigurosos o soluciones aplicables a los problemas que afrontan los ciudadanos. Pero no es un caso aislado. Es un arquetipo que se replica, con variantes estéticas, en todo el arco parlamentario.

Lo verdaderamente alarmante no es que existan políticos así. En todas las épocas los ha habido y, por regla general, no han terminado ocupando ningún lugar relevante en los libros de historia. Lo alarmante es que el sistema los premia. Les concede minutos de televisión, portadas digitales, tendencias en redes. Los convierte en protagonistas de una conversación nacional que debería estar ocupada por cuestiones de una envergadura radicalmente distinta: la sostenibilidad del sistema de pensiones, la transformación del modelo productivo, la crisis de la vivienda, la calidad educativa, la adaptación al cambio climático, el envejecimiento demográfico, el abuso tributario hacia quienes producen. Problemas complejos que exigen pensamiento complejo, no ocurrencias ingeniosas de doscientos ochenta caracteres.

La polarización necesita una narrativa sencilla para funcionar y ninguna es más sencilla que la división maniquea entre buenos y malos. Cada bloque político ha construido su propio relato moral en el que sus adversarios no son simplemente personas con ideas distintas, sino amenazas existenciales para la democracia, la unidad nacional, la justicia social o cualquier valor lo bastante elevado como para justificar la descalificación absoluta del contrario.

Ninguno de los bloques en pugna está dedicando su energía, su inteligencia ni su tiempo a lo que debería ser la razón de ser de la actividad política: construir un modelo de sociedad más justo, más próspero y habitable para el conjunto de los ciudadanos

Esta lógica binaria tiene una consecuencia devastadora: impide el acuerdo. Si el adversario no es un interlocutor legítimo sino un enemigo moral, cualquier pacto se convierte en traición. Y sin pactos, sin la capacidad de ceder y negociar que constituye la esencia misma de la política democrática, los problemas reales quedan sin resolver. Se enquistan. Se agravan. Y mientras tanto, la clase política sigue discutiendo sobre sí misma, sobre sus cuitas internas, sobre sus equilibrios de poder, como si el país fuera el decorado de un psicodrama que solo a ellos les incumbe.

Pero hay que decirlo con toda la claridad que el asunto merece: en esta función, todos son malos. No porque sean personas malvadas —que no descarto que más de uno lo sea—, sino porque ninguno de los bloques en pugna está dedicando su energía, su inteligencia ni su tiempo a lo que debería ser la razón de ser de la actividad política: construir un modelo de sociedad más justo, más próspero y habitable para el conjunto de los ciudadanos. Lo que hacen, en cambio, es buscar fórmulas cada vez más sofisticadas para perpetuarse en el poder o, dicho con menos elegancia, para seguir viviendo de lo público sin rendir cuentas de lo que hacen con ello.

Quizá el mayor daño que causa esta dinámica no sea político, sino psicológico. La crispación permanente genera fatiga cívica. Produce en el ciudadano una mezcla de hastío e impotencia que lo empuja, progresivamente, a la desconexión. Y la desconexión del ciudadano es exactamente lo que el sistema necesita para seguir funcionando sin interferencias. Un electorado desencantado es un electorado manejable: vota por inercia, por miedo al otro bando o, simplemente, no vota. En cualquiera de esos escenarios, las élites políticas ganan.

La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a seguir aceptando este papel. Porque existe una alternativa, y no es revolucionaria ni utópica: consiste, sencillamente, en invertir la dirección del arrastre. No deberían ser los políticos quienes nos lleven a su terreno; deberíamos ser los ciudadanos quienes les obligáramos a pisar el nuestro. El terreno de las preguntas incómodas, pero necesarias: ¿qué van a hacer con el precio de la vivienda? ¿Cómo van a garantizar pensiones dignas dentro de veinte años? ¿Qué plan tienen para que los jóvenes no tengan que elegir entre emigrar y malvivir? ¿De qué manera van a reformar una administración que demasiadas veces funciona para sí misma en lugar de para quienes la financian? Y así casi hasta el infinito porque la cantidad de preguntas sin respuestas no para de crecer.

Nuestra democracia está amenazada por la ocupación sistemática del espacio público por un ruido que nos impide pensar. Un ruido que nos distrae de lo esencial, que nos enfrenta por cuestiones instrumentales y que convierte la política en un deporte de equipo donde lo único que importa es que pierda el contrario

Estas preguntas tienen una virtud que las hace peligrosas para el establishment político: exigen respuestas concretas. No admiten eslóganes ni aspavientos parlamentarios. No se resuelven con un tuit brillante ni con una intervención televisiva cargada de sarcasmo. Requieren estudio, rigor, honestidad intelectual y, sobre todo, la disposición a ser juzgado por los resultados y no por la intensidad de la performance.

Escribía Montesquieu que la tiranía de un príncipe no acerca más a un Estado a su ruina de lo que la indiferencia por el bien común acerca a una república a la suya. Nuestra democracia no está amenazada por un tirano —aunque cada vez tengo más dudas al respecto—, sino por algo más sutil y quizá más difícil de combatir: la ocupación sistemática del espacio público por un ruido que nos impide pensar. Un ruido que nos distrae de lo esencial, que nos enfrenta por cuestiones instrumentales y que convierte la política en un deporte de equipo donde lo único que importa es que pierda el contrario.

Recuperar la conversación pública para los asuntos que de verdad nos conciernen no es solo un derecho, es una responsabilidad. Exige de nosotros, los ciudadanos, un esfuerzo de discernimiento que la vorágine mediática dificulta, pero no imposibilita. Exige distinguir entre lo urgente y lo importante, entre la noticia y el espectáculo, entre quien propone y quien solo gesticula. Y exige, sobre todo, recordar algo que las élites políticas prefieren que olvidemos: que ellos trabajan para nosotros y no al revés.

El día en que esa inversión se produzca —el día en que los ciudadanos dejen de ser arrastrados y comiencen a arrastrar— la política que nos toca vivir será otra. Probablemente menos entretenida, sin duda menos ruidosa, pero infinitamente más útil. Que es, al fin y al cabo, lo único que debería importarnos.