Un Pacte Nacional per la Llengua con el apoyo del PSC solo puede ser un oxímoron. Si no lo es, si el PSC no solo lo apoya, sino que el president Illa preside actos en el IEC y hace bandera de ello, es que el pacto en cuestión nace completamente desnaturalizado. Salvador Illa sobresale en el arte de la cosmética catalanista porque es lo que le permite protegerse ante las acusaciones de parálisis de quien se muestra genuinamente preocupado por la descatalanización del país. Es lo que le permite realizar su labor pacificadora sin demasiada oposición. Si el PSC se abraza al Pacte, es que no ataca de raíz las urgencias del país. De entrada, el Pacte Nacional per la Llengua habla de una sociedad catalana más diversa —quiera darle cada uno la connotación que quiera darle— y más multilingüe. El Pacte dice querer revertir la pérdida de catalanohablantes y ampliar su uso social, pero obvia el núcleo del conflicto: es cierto que hoy la sociedad catalana es más multilingüe, al igual que es cierto que toda esta diversidad lingüística halla su punto de encuentro en la lengua castellana. Sin mencionar esto, sin hablar de la castellanización y españolización automática de los recién llegados, sin decir con pelos y señales que el catalán es una lengua minorizada por el castellano y que la españolización de la inmigración es una herramienta más de sustitución lingüística y cultural, cualquier Pacte Nacional per la Llengua nace capado. Y como nace capado, el PSC no solo se lo puede hacer suyo, sino que también se lo puede jugar a favor de su marca política: una pacificación que españoliza con anestesia.

El Pacte Nacional per la Llengua es una lluvia de millones. Y sí, el catalán necesita medidas drásticas y eso incluye varios millones. Concretamente, 250 millones en total. La partida más importante es para reforzar el catalán en la escuela, con 100 millones, 78 de ellos para incrementar el número de aulas de acogida. 52 millones se destinarán al Consorci per a la Normalització Lingüística. De ellos, 47 millones están destinados a relanzar el Consorci en cuestión. También se destinarán 73 millones para dinamizar la oferta cultural en catalán. El Pacte dice querer realizar una política lingüística transversal, ampliar la base de hablantes, garantizar la formación de adultos, enriquecer la oferta cultural y comunicativa en catalán. Formar, pero sin incentivos reales. Promocionar, pero sin penalizar. Invertir, pero sin fiscalizar. Dinamizar la oferta cultural en catalán, pero sin dejar de invertir el dinero de los catalanes en la industria cinematográfica española, por ejemplo. Favorecer. Fomentar. Impulsar. Conseguir. Imagínate lo insuficiente que debe ser un pacto por la lengua para que incluso Òmnium Cultural, que hace poco más que seguidismo, alerte de que es insuficiente.

En Catalunya, menos de la mitad de los profesores se dirigen siempre en catalán a sus alumnos

La partida más importante del Pacte Nacional per la Llengua es la del catalán en la escuela, dato que contrasta con este otro: pese a que en 2021 el conseller Josep González Cambray y el president Aragonés anunciaron una ofensiva de sanciones para los profesores que no dieran clase en catalán, del 2021 al 2024 no se abrió ningún expediente a ningún profesor. Ni uno. Cero. En Catalunya, menos de la mitad de los profesores se dirigen siempre en catalán a sus alumnos. No todo se arregla repartiendo dinero, pero todo lo que hay que arreglar sin repartir dinero pone al PSC —y a los gobiernos anteriores de ERC y Junts— contra las cuerdas. Catalunya hace lustros que tiene una Ley de Política Lingüística —modificada torpemente en el 2022— que nadie se ha encargado de hacer cumplir, sobre todo en lo que se refiere a infracciones de los derechos de los catalanohablantes por parte de empresas y establecimientos. Hace años que encadenamos gobiernos que se jactan de blindar una lengua mientras son incapaces de hacer cumplir ninguna normativa relacionada con la lengua. O de velar por la carencia de profesores de lengua catalana. Esto, mezclado con un modelo económico de turismo y cemento y un flujo migratorio sin ningún incentivo real para integrarse en la catalanidad, es letal y hace de acelerador de la asimilación castellana. Verter millones a este remolino, "solo" millones, es el chocolate del loro.

La firma del Pacte Nacional per la Llengua cuenta con dos ausencias, sin embargo: la de Junts y la de la CUP. Para desmarcarse del Pacte, ambos partidos comparten el argumento de que el acuerdo esquiva la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional a la Ley y el Decreto de 2022 que trataba de esquivar la imposición del 25% de castellano en las escuelas. Ley que sorteaba los porcentajes, pero que reconocía el castellano como lengua de uso curricular y educativo, sea dicho. Porque la cosmética no le sirve solo al PSC: la oposición al Pacte Nacional per la Llengua también le sirve a la CUP —por falta de oposición real—, pero sobre todo a Junts, para sacudirse de encima la responsabilidad de una dejadez histórica de gobiernos encadenados. Las cifras sobre el uso habitual del catalán no han llegado hasta donde han llegado por culpa del PSC y por decisiones tomadas desde hace tan solo un año. De hecho, el Govern de Illa heredó el proyecto de pacto del Govern de Pere Aragonès. La clase política del país ha evitado reiteradamente tomar medidas firmes y efectivas en cuanto a la lengua porque ha rehuido la aceleración del conflicto con España por la vía de la confrontación. Los escrúpulos de Junts al Pacte son tan cosméticos como el apoyo del PSC al Pacte. Por eso han necesitado que explicase sus argumentos en contra el president Puigdemont, supongo. Y por eso no servirán para generar el marco de pensamiento necesario para abordar la cuestión de la lengua —que es la cuestión de la nación, que es la cuestión de la sustitución y asimilación lingüística y cultural— desde una perspectiva autocrítica con la actitud que nos ha llevado hasta donde estamos, pero a la vez nacionalista y frontal.