El 27 de octubre, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una entrevista en El món a RAC1, a la pregunta que le hizo Jordi Basté “¿Usted es partidario de obligar por ley a saber catalán para poder trabajar de cara al público en Catalunya?”, respondió: “Yo creo que lo que tenemos que hacer es que las empresas garanticen la disponibilidad lingüística, de tal manera que todas las empresas sepan, sean conscientes de que su personal tiene que poder atender en catalán al personal… La obligación de tener un nivel para poder trabajar en una empresa, yo diría, vamos, yo no conozco que exista en ningún país en estos términos”. ¿Por qué la mayoría de los políticos, cuando se les hace una pregunta que solo pide —o que principalmente pide— un sí o un no, en ningún momento responden nada que se parezca a un sí o un no y desvían la atención hacia otro lado y se hacen los suecos? Dejo la pregunta abierta; no me voy a complicar la vida metiéndome en este jardín.

Dicho esto, no sé ni por dónde empezar… Tampoco voy a analizar la frase psicoanalíticamente, porque son cosas del directo, y yo soy la primera que dice cosas inconexas o vagas cuando está nerviosa. Me centraré, pues, en el contenido, en la semántica, en el significado de lo que responde a Basté; para refutarlo, obviamente. Y como los catalanes somos gente de orden (o al menos yo lo soy o intento serlo), empezaré por el primer plato —me saltaré los entrantes para que haya sitio para el postre. Y de primer plato tenemos un exquisito punto 1 del artículo 50 del Estatut d'autonomia de Catalunya que dice “Los poderes públicos tienen que proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y tienen que fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios también se tienen que aplicar con respecto al aranés”. No dice en algún ámbito y sector, dice en TODOS los ámbitos y sectores. No hace falta tener un doctorado en lingüística para entender que todos no quiere decir ‘todos menos alguno’ o ‘me lo paso por el forro y si cuela, cuela’.

Si los ciudadanos de Catalunya tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales, significa que los trabajadores (que son ciudadanos de Catalunya) tienen el derecho y el DEBER de conocer tanto el catalán como el castellano

Pero continuemos con el segundo plato: de segundo plato tenemos un delicado y suculento punto 2 del artículo 6 del Estatut d'autonomia de Catalunya, que dice que “El catalán es la lengua oficial de Catalunya. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar ambas lenguas oficiales y los ciudadanos de Catalunya tienen el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Catalunya tienen que establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo que dispone el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de cualquiera de las dos lenguas”. (El artículo 32 dice: “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en lo que respecta a la lengua, validez y eficacia plenas”) Vuelvo al tema del doctorado en lingüística: si los ciudadanos de Catalunya tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales, significa que los trabajadores (que son ciudadanos de Catalunya) de una empresa pública, privada o no binaria tienen el derecho y el DEBER de conocer tanto el catalán como el castellano. Por lo tanto, indirectamente, sí están obligados a hablar catalán para trabajar en Catalunya. Si fuera por mí, como buena independentista que soy, solo haría obligatorio el catalán en Catalunya; pero ahora mismo esto es lo que tenemos, y lo tenemos que hacer cumplir.

Todo esto, por un lado, y en lo que respecta solo a Catalunya. Ahora, para el postre, me centraré en el “yo no conozco que exista en ningún país en estos términos”, y no me voy a ir muy lejos, a Andorra, la hermana de Catalunya. Y de postre tenemos un refrescante y cremoso punto 1 del artículo 3 de la Ley 6/2024, del 25 de abril, de la lengua propia y oficial, que dice que “Toda persona tiene derecho a ser atendida y correspondida en catalán en sus relaciones orales y escritas, presenciales o telemáticas, con cualquier administración pública y con las entidades y los organismos que dependen de ella; con los servicios sanitarios y los servicios sociales; con los profesionales titulados y los colegios que los agrupan; con las asociaciones; con las entidades deportivas; con las organizaciones empresariales, profesionales y corporativas, y con cualquier empresa o comercio con sede en el Principat d’Andorra.”, combinado con un esponjoso y picante punto 1 del artículo 21 de la misma ley, que dice que “Para hacer posible el ejercicio de los derechos lingüísticos previstos en el artículo 3, las empresas establecidas en Andorra tienen que poner los medios para garantizar que el personal que trabaja de cara al público atienda en catalán a los usuarios catalanohablantes”. Y todo esto sin salir de los Països Catalans. Imaginaos si empiezo a analizar el resto de países del mundo… Es muy triste que el conseller de Política Lingüística, cuya misión es proteger el catalán en Catalunya y garantizar su continuidad, haya hecho unas declaraciones como estas y se haya quedado tan ancho. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Por qué cuando Basté le preguntó “¿Usted es partidario de obligar por ley a saber catalán para poder trabajar de cara al público en Catalunya?” se hizo el sueco —con la voz temblorosa y todo lo que quieras, pero se hizo el sueco— en vez de responder un sí claro y catalán? Teóricamente solo le estaba pidiendo su opinión (“Usted es partidario…”). Pero, por la voz titubeante del conseller, diría que él no lo percibía exactamente así y que se jugaba mucho más. Una vez más nos queda claro que mientras sigamos formando parte del Estado español nunca podremos hablar claro y catalán y ser libres para poder decidir nuestro presente y futuro.