Una no sabe cómo está el patio hasta que lo pisa. Vives pensando que las cosas más o menos funcionan porque, sencillamente, no las usas. Pensábamos que la sanidad española era de las mejores del mundo, y hasta que no ha hecho falta ponerla a funcionar a todo voltaje, no han aflorado las múltiples deficiencias de las que adolece.
Deficiencias que, dicho sea de paso, se venían denunciando por diferentes sectores sociales: años de mareas blancas inundando las calles para denunciar que los recortes en sanidad estaban dejándonos a todos los ciudadanos sin un servicio a la altura de nuestras necesidades. Pero nadie hacía caso, quizás porque en las mentes y en los planes de algunos precisamente se trataba de eso: dejar a la sanidad pública en los huesos para tener así excusa y justificar las subcontrataciones privadas, la apuesta por el sector privado pero pagado, eso sí, con dinero público. Ha tenido que aparecer el nuevo coronavirus para que se pusiera de manifiesto lo que, por otra parte, podía haber pasado en cualquier otro momento: la evidencia del destrozo que se ha venido realizando en el sistema público de salud.
Algo parecido ocurre con la Justicia española: la conoce quien la usa. Quien tiene que acudir a un juzgado a interponer una denuncia, quien trabaja en ella y quien, en definitiva, la sufre. Y tratar de ponerla a punto requiere de una firme voluntad y un auténtico conocimiento del terreno. Porque acudir a los juzgados como los de plaza de Castilla supone viajar atrás en el tiempo: ver carpetas llenas de papeles hacinadas en los pasillos, sujetas con gomas ya podridas y que probablemente sea imposible saber qué asuntos albergan en ellas. Y no es algo que solamente suceda en los juzgados madrileños, sino que esto está a la orden del día. Que se pierdan asuntos suele ser más frecuente de lo que podemos imaginar y, en muchos casos, ni siquiera hay que ponerse conspiranoico pensando en que pudiera haber alguna mano que los haga desaparecer. No. Casos normales y corrientes se pierden entre millones de papeles, dejando a los interesados a la espera de notificaciones que nunca llegan.
Para tratar de modernizar todo esto crearon LExNet, una red jurídica que funciona a través de soporte informático. De esta manera se supone que pueden producirse notificaciones a los profesionales del Derecho, y presentar sus escritos por vía telemática. La puesta en marcha fue un auténtico fiasco: había brechas de seguridad que permitieron a algunos acceder a los documentos de causas de otros profesionales, por ejemplo. Y aunque el sistema va funcionando y los profesionales se van adaptando, supone una labor titánica cuando uno se asoma a ver la complejidad que tiene modernizar y agilizar la administración de la Justicia española.
Pero no se trata únicamente de lo arcaico de los medios, sino que también tienen mucho que ver las normas, la legislación que en muchas ocasiones pareciera estar en línea con esa tendencia: asuntos que se eternizan, causas que se archivan por dejadez, y tiempos que corren para la desesperación de los interesados, permitiendo que al final cuestiones importantes queden impunes.
La conocida ley Catalá fue muy criticada por ello en el ámbito de los juristas. La reforma que puso en marcha el gobierno del Partido Popular en el año 2015 precisamente jugaba con los tiempos de los procesos judiciales y muchos pensaron entonces que era para que fuera posible escaquearse de algún que otro juicio por corrupción.
Lo explica Jaume Alonso Cuevillas hoy en un artículo imprescinidible para comprender cómo estaba la ley procesal y la falta que hacía tomar medidas para evitar impunidades por un lado, y garantizar que los asuntos se muevan, por otro.
Va siendo hora de que se corrija lo que se ha convertido en norma: el tener una justicia injusta, una sanidad insana, una educación maltratada y una democracia ausente
Digo que hay que leer a Cuevillas porque la "culpa" de que esto vaya a cambiar es suya, él es el padre de la enmienda que ha posibilitado hacer un giro fundamental en esta normativa. Y lo ha hecho siendo capaz de convencer al Gobierno de la importancia que tenía acotar los tiempos y garantizar la agilidad del personal que trabaja en la Administración de Justicia. Es muy importante esta cuestión, puesto que la propuesta del diputado convenció y venció, dando a luz así a la primera ley de esta legislatura.
Si la justicia no es eficaz, si la justicia no es ágil, es injusta. Si no se asumen los asuntos con diligencia, con responsabilidad y desde luego, con una cierta urgencia (que no es incompatible con el rigor), muchos asuntos quedarán en el limbo —como viene sucediendo— mientras que otros gozan de unas prerrogativas que hacen dudar en la necesaria imparcialidad y garantías de un proceso judicial.
Es una buena noticia que Alonso Cuevillas haya conseguido introducir estas cuestiones en la nueva ley. Y no sólo por el fondo, por su contenido, sino porque hacer cambiar de opinión al gobierno desde un partido indepe como JxCat bien puede considerarse otro triunfo a estas alturas. Algo que, dicho sea de paso, al Gobierno le honra también.
Va siendo hora de que se corrija lo que se ha convertido en norma: el tener una justicia injusta, una sanidad insana, una educación maltratada y una democracia ausente.