Resulta asombroso el aguante que está demostrado la escuela pública, en Catalunya pero también en Galicia o Euskadi, frente a una ofensiva contra la educación pública que dura ya una legislatura y media. La resistencia de la escuela gallega, vasca o catalana frente al bombardeo constante de mentiras, descalificaciones, bulos y estadísticas de destrucción masiva comienza a rozar el heroísmo.

El tema de la lengua supone una de las bombas fétidas favoritas de los enemigos de la escuela pública. Periódicamente se nos alarma con datos y estadísticas que reclaman probar definitivamente que los niños catalanes o gallegos no saben castellano, ni matemáticas, ni ciencias, ni historia; solo saben gallego o catalán y lo escriben a duras penas. Periódicamente se reclama que, de una vez, se haga valer el supuesto derecho a elegir de los padres respecto a la lengua en que deben estudiar sus hijos. Periódicamente también se nos avisa que la normalización lingüística representa un proceso autoritario, que la mayoría silenciosa resiste en silencio atenazada por el miedo a que sus niños acaben en campos de concentración por hablar castellano.

La escuela pública no está para dar rienda suelta a las manías, los prejuicios o la ignorancia de los padres sino para educar y formar a sus hijos de manera profesional

Periódicamente, es por tanto nuestro deber recordarles a los enemigos de la escuela pública que todas las evaluaciones y datos disponibles, que no son muchos y deberían ser más, demuestran que los niños catalanes, gallegos o vascos se sitúan por encima de la media estatal en rendimiento, calidad y equidad; igual que la media estatal de rendimiento, calidad y equidad se sitúa en la media de la UE, con el pequeño detalle de que nuestra inversión se halla casi un punto por debajo de la media de lo que gastan países como Alemania, Reino Unido o USA. A los licenciados y graduados se los rifan por media Europa, el único lugar donde se desprecia su formación y se les condena masivamente a la precariedad se llama España

Periódicamente, es también nuestro deber recordarles, como acaba de hacer el Tribunal Constitucional, que no existe ese supuesto derecho a elegir de los padres y que, afortunadamente, corresponde a la Administración propia y a los profesionales educativos decidir los objetivos educativos, los contenidos y los currículos académicos. La escuela pública no está para dar rienda suelta a las manías, los prejuicios o la ignorancia de los padres sino para educar y formar a sus hijos de manera profesional. 

Periódicamente, es nuestro deber recordarles a todos los enemigos de la escuela pública que la normalización lingüística constituye un objetivo amparado por los respectivos estatutos de autonomía, la Constitución y la jurisprudencia del TC; legitimado por el respaldo masivo de mayorías parlamentarias tan constantes como aplastantes y aplaudido por la satisfacción que las encuestas reflejan de manera consistente desde hace más de treinta años: a pesar de los recortes, el desprecio y los ataques constantes de la derecha desde el poder, siete de cada diez padres prefieren llevar a sus hijos a un centro público o concertado.

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