El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha tenido que recordarle este martes al presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los Pujol que “no es un capricho, sino un derecho del ordenamiento jurídico” que pueda declarar en su lengua propia, el catalán, en su intervención como testigo. El magistrado presidente José Ricardo de Prada le ha manifestado que "el tribunal es castellanohablante", y que si "persiste" le acepta declarar en catalán; hace días que lo solicitó por escrito. El estreno del catalán en la Audiencia Nacional, sin embargo, ha sido desastroso y accidentado. La traductora de catalán a castellano se ha escudado en que no oía bien, debido al molesto "ruido" (cierto) que había en la videoconferencia con Barcelona. Al final, por problemas de oído o del nivel de catalán de la traductora, han sido los abogados defensores quienes han hecho de traductores al tribunal.
Los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en todos los tribunales españoles no se reconocieron formalmente hasta diciembre de 2024, con la entrada en vigor de la ley del derecho de defensa, que se aprobó en el Congreso de los Diputados. La norma incorporó dos novedades primordiales: blinda el derecho a usar el catalán en los “procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado” (como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo) y establece que si el uso del catalán “contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa”, se podrá utilizar en cualquier tribunal del Estado y será necesario poner a disposición de los intervinientes mecanismos de interpretación o traducción. La iniciativa fue impulsada por Plataforma per la Llengua, con la firma de Junts, ERC y el BNG y con la complicidad de la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez. El precedente a cambiar era la negativa del entonces presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, de permitir que los testigos del juicio del 1-O pudieran usar la lengua catalana, y adujo que los acusados habían renunciado a ella.
El caso del vertedero de Tivissa
Espadaler ha sido citado como testigo en el juicio porque fue titular de Medi Ambient (entonces con Unió) en el último Govern de Jordi Pujol en 2003, y ha asegurado que no recibió “ninguna presión” en el proceso de autorización de un vertedero en Tivissa (Ribera d'Ebre), impulsado por Jordi Pujol Ferrusola, junto con Gustavo Buesa y Josep Mayola, que también son juzgados. Salvador Milà (ICV), sucesor de Espadaler al frente del Departament de Medi Ambient, con el tripartito de Pasqual Maragall, también ha asegurado, en el juicio, que aprobó el código gestor del vertedero, tal como aconsejaban todos los informes preceptivos y el presidente de la ponencia.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys SA (GiRT), propiedad de los acusados Gustavo Buesa y Josep Mayola —defendidos por los penalistas Carles Monguilod y José Maria Fuster-Fabra—, obtuvo en 2002 de la Generalitat autorización ambiental para el vertedero y que no se ha justificado el importe de cinco millones de euros pagados por ambos empresarios a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer y también acusada, Mercè Gironès.
En su declaración, Espadaler (ahora en el Govern del PSC con Units per Avançar) ha explicado que la tramitación de los permisos para la apertura del vertedero era "un acto reglado" que contó con el visto bueno técnico de todas las administraciones implicadas, desde el Ayuntamiento —entonces en manos de ICV— hasta la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), entre otros. A preguntas de Monguilod, el conseller Espadaler ha contestado que “no hubo dinero público ni recursos del Govern” en el vertedero de Tivissa.
Por su parte, Milà ha manifestado que el permiso del vertedero “no era una concesión, sino un proceso de autorización”. Incluso ha explicado que fue la Administración quien le dijo a Buesa que el proyecto era viable, pero que se tenía que limitar a recoger solo escombros del territorio, de las Terres de l’Ebre.
Paralelamente, en la sesión de este martes, han declarado los protagonistas de la policía patriótica del PP, que han negado cualquier irregularidad sobre la obtención de las cuentas de los Pujol en Andorra, además de inculparse entre ellos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el inspector Marcelino Martín-Blas.