Estaba cantado que ERC acabaría apoyando el presupuesto de la Generalitat de este 2026. La gente ya ni recuerda cuál fue la primera condición que planteó la formación de Oriol Junqueras para aprobarlo, porque ha puesto tantas nuevas a medida que el PSC —y el PSOE, que es quien de verdad corta el bacalao— las iba tumbando que lo más fácil es haber perdido la cuenta. Lo que está claro es que aquella financiación, llamada singular, que debía permitir al Govern recaudar el 100% del IRPF, que sirvió para investir a Salvador Illa 133.º president de la Generalitat, duerme el sueño de los justos. De hecho, como todas las promesas que hacen siempre los socialistas, de las que no se cumple nunca ninguna. Y eso los partidos catalanes lo saben de sobra, por experiencia propia, pero no parece que sirva de nada, porque cuando no es JxCat, y antes CiU, es ERC quien les pone la alfombra roja.

Después de dos años de gobernar en minoría con las cuentas prorrogadas —las de 2023, porque desde entonces no se han aprobado más—, el líder del PSC puede sacar pecho de que por fin dispone de presupuesto una vez cerrado el acuerdo, por un lado, con ERC y, por el otro, con los Comuns. Será, cuando el Parlament le dé vía libre antes de las vacaciones de verano, el primero que consigue sacar adelante y, previsiblemente, también el último, porque, más allá de que del ejercicio de 2026 ya habrá transcurrido más de la mitad, el 2027 es año electoral —comicios municipales y españoles— y nadie le hará el regalo de aprobar otro, y en 2028 pasará lo mismo porque vuelven a tocar las elecciones catalanas. Todos han pugnado por ver quién escenificaba mejor el entendimiento, pero quien saca más rédito es siempre quien gobierna y, en este caso, Salvador Illa no desaprovechará la oportunidad de capitalizar una maniobra que esta vez le ha salido bien.

Lo que ha decantado finalmente la balanza ha sido, curiosamente, la formalización de nuevos espacios de poder en forma de organismos, de direcciones generales o de lo que más convenga

La incógnita es qué sacan los facilitadores del acuerdo que no gobiernan y que, por tanto, no se pueden apuntar las medallas con tanta facilidad como sí es posible hacerlo desde el Govern. La incógnita es qué sacan esta vez ERC y los Comuns. Y aquí es cuando el análisis de lo que en apariencia es un simple pacto presupuestario, unas cuantas sumas y restas de números, se complica. Porque, si se hace caso de las últimas exigencias que unos y otros han puesto sobre la mesa del PSC para aprobarlo y que este, con el visto bueno del PSOE, ha aceptado, el resultado más bien parece una repartidora de sillas que un acuerdo de presupuestos. Y es que, además de la insistencia de los unos en la vivienda y de los otros en la lengua, y del olvido de todos de las demandas de maestros y profesores, que todos han rechazado de manera consciente e irresponsable, lo que ha decantado finalmente la balanza ha sido, curiosamente, la formalización de nuevos espacios de poder en forma de organismos, de direcciones generales o de lo que más convenga.

En el caso de ERC, el entendimiento se ha desencallado por una confluencia de factores. Por un lado, el acuerdo de creación de dos organismos vinculados a la gestión de infraestructuras: el Consorci d’Inversions de Catalunya —ente bilateral entre el Estado y la Generalitat encargado de planificar, realizar el seguimiento y priorizar los proyectos de inversión del Estado en Catalunya— y la Societat Mercantil d’Inversions —empresa pública participada de forma paritaria por el Estado y la Generalitat y diseñada para supervisar y ejecutar directamente las obras y los proyectos del Estado en Catalunya—. Por el otro, el acuerdo de avanzar hacia una mayor participación de las administraciones catalanas en el Consorci de la Zona Franca, de manera que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasen a tener conjuntamente mayoría. Y aún por otro, el acuerdo de construcción de la llamada línea orbital ferroviaria entre Mataró y Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona, que, proyectada por primera vez en 2004, se acabaría en 2041 y que, mientras tanto, váyase a saber si daría suficiente juego como para poner en marcha un observatorio, un comisionado, un comisariado, otro consorcio o todo a la vez para que se lo vayan mirando.

En cuanto a los Comuns, el golpe de gracia ha sido también múltiple. Por un lado, la creación de la Comissaria General de Prevenció i Denúncia de les Violències Masclistes. Y por el otro, la creación de una dirección general de Disciplina en Habitatge para sancionar a quien se salte la ley de vivienda de Catalunya, dedicada exclusivamente a inspeccionar los incumplimientos de los topes de los precios del alquiler y a poner las sanciones correspondientes y que tendrá en el punto de mira sobre todo a los grandes tenedores, como se ha encargado de proclamar la propia Jéssica Albiach, que incluso ha avanzado que el nuevo ente lo encabezará lo que ha llamado una "figura de consenso". Dicho de otro modo: gracias a los pactos para aprobar el presupuesto de la Generalitat de 2026, habrá más sillas a ocupar y es una evidencia que, entre todos los que han hecho posible que Salvador Illa tenga las primeras cuentas de la legislatura, se las repartirán. Para otras cosas, entre ellas el sector educativo, no habrá suficiente dinero, pero, para la creación de consorcios, sociedades mercantiles, empresas públicas y direcciones generales, no faltará.

En lo que se tendrán que espabilar ERC y los Comuns es en conseguir que todo lo que el PSC ha prometido lo cumpla. Y eso será lo más complicado, porque a los socialistas la fama de incumplidores los precede. Sin ir más lejos, la línea orbital ferroviaria es —más allá del juego de palabras al que da pie el concepto órbita y sus derivados— el brindis al sol más sonado de todos, porque, después de que PSC y ERC anunciaran al rubricar el acuerdo que el coste de construirla, 5.200 millones de euros, lo asumiría el Estado, fuentes del Gobierno se apresuraban en dar a conocer que no se habían comprometido a financiar nada de todo esto. Es lo que sucede por confiar en según quién, y más si en entremedio ha intervenido el Gobierno de Pedro Sánchez, que a través de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha tenido que bendecir justamente la creación de los nuevos organismos, y que desde que llegó a la Moncloa no ha cumplido ni una de las promesas hechas a los partidos catalanes, sea ERC o sea JxCat. Eso sí, siempre tendrán unas cuantas sillas para esperar sentados.