El Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados que se preparen para un posible despliegue en el estado de Minnesota solo dos días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con hacer uso de la ley de insurrección para desplegar al ejército si no se detenían las manifestaciones en Minneapolis, la capital del estado. El ejército de EE.UU. ha puesto las unidades en órdenes de estar listas para el despliegue en caso de que la violencia en las protestas que se están sucediendo estos días en Minneapolis escalara, según han explicado funcionarios de defensa a The Washington Post, que han descrito el movimiento como "planificación prudente". La Casa Blanca ha señalado en un comunicado repartido a la prensa estadounidense que es normal que el Pentágono "esté preparado para cualquier decisión que el presidente pueda o no tomar". Los soldados sujetos a ser desplegados están especializados en operaciones en climas fríos y forman parte de dos batallones de infantería integrados en la 11ª División Aerotransportada, establecida en Alaska.

El presidente Donald Trump amenazaba hace unos días con invocar la ley de insurrección, lo que significaría que el gobierno federal tomaría el control de la Guardia Nacional de Minnesota y que este podría desplegar tropas del ejército en activo para controlar una "rebelión". El pasado viernes, Trump suavizaba la retórica, diciendo que no había ninguna razón, "en este momento", para invocar la ley. Por ahora, según informa el departamento de Seguridad Pública del estado de Minnesota, la Guardia Nacional "no está desplegada en las calles de la ciudad, pero está lista para ayudar a apoyar la seguridad pública", después de que el gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, ordenara su movilización el sábado. La Guardia Nacional está "en posición y lista para responder", indica en un comunicado su portavoz, Andrea Tsuchiya, al señalar que las fuerzas ayudarán a brindar "soporte al tráfico para proteger la vida, preservar la propiedad y guardar el derecho de todos los habitantes de Minnesota a reunirse pacíficamente".

Las protestas se intensifican

Desde que un agente del Servicio de Control de la Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) matara de un disparo a Renée Good, una ciudadana americana y madre de tres, en su coche, las protestas contra ICE se han ido intensificando. Las protestas son cada vez más grandes y con más tensión en las calles. Este sábado, la tensión se ha traducido en el encuentro entre una manifestación anti ICE y una manifestación convocada por un agitador de extrema derecha, Jake Lang, contra "el fraude en Minnesota", la excusa que ha utilizado Trump para enviar sus fuerzas a la ciudad y dirigirlas contra la comunidad somalí y otras comunidades migrantes. El momento del encuentro ha acabado con Lang rodeado de protestantes y siendo expulsado del lugar por los manifestantes anti ICE, que superaban en número a su convocatoria.

Una orden judicial limita la respuesta

Las manifestaciones continúan este fin de semana con nuevas restricciones impuestas por una jueza el viernes a los agentes federales. Según la orden, los agentes federales no pueden arrestar ni detener a manifestantes pacíficos ni desplegar ciertas medidas de control de multitudes contra ellos. La magistrada que dicta la orden, Katherine Menendez, indica que los agentes no podrán detener conductores cuando no exista una "sospecha razonable y articulable" de que están obstruyendo o interfiriendo por la fuerza en operaciones federales. "Seguir de forma segura", ejemplifica la decisión, "a una distancia apropiada no crea, por sí mismo, una sospecha razonable que justifique una detención". Las restricciones se aplican al personal de la operación Metro Surge de la administración Trump en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) para apuntar contra inmigrantes somalíes indocumentados.

La ciudad de Minneapolis respondió en un comunicado que, "dado que se trata de una orden de un tribunal federal, esperamos que la administración federal cambie de dirección y cumpla por la seguridad de todos". Por su parte, la vicesecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que los agentes utilizan "la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse, proteger al público y a la propiedad federal" ante lo que el departamento define como "agitadores peligrosos". La batalla legal apunta tanto a la actuación de la administración federal como a la estatal y local, ya que, según afirman algunos medios, el departamento de Justicia estaría investigando al gobernador, Tim Walz, y al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, por posible obstrucción al trabajo de las fuerzas federales por sus acciones y comentarios.