El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido este viernes restringir la capacidad de los tribunales inferiores de bloquear políticas presidenciales a escala nacional. La resolución del tribunal llega después de que un juez del estado de Washington, y en otros estados liderados por los demócratas, bloquearan la acción ejecutiva de Trump, que buscaba limitar la extensión de la ciudadanía a aquellos que nacieran en territorio estadounidense. El tribunal, que no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la medida, también ha indicado que la resolución no entre en vigor hasta de aquí a 30 días.

La decisión del Tribunal Supremo se ha tomado con los 9 jueces divididos 6 a 3, según líneas ideológicas. La redactora de la opinión de la mayoría, la jueza Amy Coney Barrett, escribe que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, sino que “resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que los ha otorgado el Congreso.” La opinión de la mayoría se sustenta en que la Ley Judicial de 1798 no otorgó a los jueces de distrito el poder de hacer requerimientos universales que prohíban la aplicación de una política gubernamental (posiblemente ilegal) contra nadie a escala nacional.

En el voto particular de la minoría, la justicia Sonia Sotomayor, nombrada por el presidente Obama, afirma que “el estado de derecho no es un hecho en esta Nación, ni en jefa otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si aquellos bastante valientes de cada rama luchan por su supervivencia. Hoy, el Tribunal abdica de su papel vital en este esfuerzo.” Desde el banco de la sala del tribunal, Sotomayor ha dicho que la decisión supone “una parodia del estado de derecho”.

Dentro de la minoría, pero en un voto particular propio, la jueza Ketanji Brown Jackson escribe: "la sentencia de hoy permite al ejecutivo negar derechos a las personas que los Fundadores escribieron claramente en nuestra Constitución. El poder judicial ha puesto en grave peligro tanto nuestro sistema legal como nuestro sistema de gobierno." En el bando progresista de la oposición a Trump, el congresista Greg Casar ha escrito en un mensaje a la red social X, antes Twitter, que el Supremo "ha abierto temporada de caza contra todos nuestros derechos" porque no ha protegido la ciudadanía por nacimiento.

En una declaración ante la prensa, Trump ha afirmado que, gracias a la decisión del Supremo, su gobierno actuará sin demora para activar políticas que han sido suspendidas por los tribunales como la restricción a la nacionalidad por nacimiento, la suspensión de la financiación en las ciudades que se declaran “santuarios para la inmigración” o la suspensión, también, de la financiación pública a las operaciones de reasignación de género. El presidente también se ha referido a la decisión como una “grandísima victoria por la constitución, por la separación de poderes y por el estado de derecho.”

En la misma declaración, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi ha celebrado la decisión y ha seguido la retórica de Trump en su ataque contra los jueces que han planteado requerimientos contra sus políticas diciendo que "no tendremos más jueces fuera de control derogando las políticas del presidente Trump en toda la nación". Por otro lado, grupos de defensa legal que han estado activos contra este tipo de políticas de la administración han prometido que buscarán métodos para esquivar la resolución, incluyendo demandas colectivas y objeciones paralelas en diferentes estados.

El tribunal no ha entrado a valorar la constitucionalidad de la medida de Trump, que buscaba limitar la obtención de la ciudadanía estadounidense a aquellos hijos de inmigrantes que nacieran en territorio estadounidense, un precepto que recoge la constitución de los Estados Unidos en su 14.ª enmienda. Sobre la aplicación del decreto presidencial, el tribunal ha dado 30 días por su entrada en vigor, que se hará efectiva en los 28 estados en que sus gobiernos no han objetado la medida.