Varapalo judicial al gobierno de Israel en relación con su gestión del conflicto en Gaza. El Tribunal Supremo del país hebreo ha dictaminado este domingo que el gobierno no ha proporcionado a los presos palestinos los alimentos adecuados para la subsistencia básica, y ha ordenado a las autoridades que tomen medidas para mejorar su nutrición. Según el órgano judicial, las autoridades penitenciarias están obligadas a proporcionar a los presos suficiente nutrición para garantizar "unos niveles básicos de existencia" que, en estos momentos, no se están alcanzando. La sentencia responde a una petición presentada el año pasado por la Asociación para los Derechos Civiles a Israel (ACRI) y el grupo de derechos humanos israelí Gisha, que denunciaban un cambio en la política alimentaria después del inicio de la guerra en Gaza. En una resolución del todo atípica —casi no se ha pronunciado en contra de la conducta del gobierno en los últimos dos años—, el Tribunal Supremo ha considerado ciertas las alegaciones de desnutrición y hambre en los presos palestinos.

La sentencia supone una importante bofetada para el ministro de seguridad nacional del país, Itamar Ben-Gvir, quien el año pasado se vanagloriaba de haber reducido las condiciones de los presos hasta al mínimo indispensable exigido por la ley israelí. El ministro ha denunciado públicamente la decisión del tribunal, acusándolo de "estar defendiendo terroristas" mientras los rehenes israelíes "languidecen en Gaza sin protección". Anticipando la reacción de Ben-Gvir, uno de los tres jueces responsables de la sentencia del Supremo, la magistrada Daphne Barak-Erez, aseguró que "un régimen alimenticio más estricto para los prisioneros palestinos no reduce el sufrimiento de nuestros hermanos secuestrados, de hecho, lo contrario". También señaló que, como parte de las extremas medidas de Ben-Gvir contra los presos, incluso ciudadanos israelíes han sufrido un empeoramiento de su situación carcelaria. "El Estado de Israel es un Estado de derecho", escribió Barak-Erez en la sentencia, antes de añadir que proporcionar una nutrición adecuada a los presos "es el abecé del Estado de derecho". La jueza concluyó recordando a las autoridades israelíes que casos como este "erosionan la presunción de fiabilidad que normalmente se otorga al estado". Como respuesta, Ben-Gvir ha cuestionado públicamente que Barak-Erez "sea ciudadana de Israel".

El uso de la alimentación como medio de castigo

Si bien hace años que la población palestina es detenida y enviada a las prisiones israelíes, el encarcelamiento se ha incrementado desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja en octubre de 2023. Varios grupos de derechos humanos han documentado abusos generalizados en los centros penitenciarios, incluyendo comida y atención médica insuficiente, malas condiciones sanitarias y palizas, según recoge The Guardian. En la misma línea, numerosos testimonios consultados por el diario The Times of Israel informaron que las insuficientes raciones incluían solo unas pocas rebanadas de pan en cada comida, combinada con una crema dulce parecida a la mermelada. Estos reclusos aseguraban haber perdido más de 20 kilogramos en un año de prisión, hecho que coincide con las demandas de ACRI y Gisha sobre el uso de la alimentación "como medio de castigo". En marzo de este año, de hecho, un chico palestino de 17 años murió en una prisión israelí y los médicos reconocieron que la inanición era la principal causa probable de muerte.

Ministros acusan al Supremo de "proteger terroristas"

La decisión del tribunal se ha tomado por mayoría de dos a uno, con uno de los jueces oponiéndose a considerar que el gobierno está incumpliendo la ley con respecto al suministro de alimentos. "Nuestros rehenes en Gaza no tienen ningún Tribunal Superior que los defienda. Los terroristas asesinos y los violadores abominables tienen, para nuestra desgracia, el Alto Tribunal protegiéndolos", ha lanzado Ben-Gvir, quien, a pesar de la sentencia, ha insistido en que mantendrá la política de proporcionar "las condiciones mínimas por ley" a los presos palestinos. El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha expresado una opinión similar, diciendo que "mientras los rehenes pasan hambre en los túneles, un par de jueces del Alto Tribunal exigen que se mejore la comida que se da a los peores terroristas". Con respecto a la respuesta oficial del ejecutivo israelí, este se ha limitado a decir que el menú para los reclusos incluye 2.300 calorías al día, ha sido aprobado por autoridades médicas y, de hecho, se había actualizado después de las peticiones de las organizaciones de derechos humanos al Tribunal Supremo. ACRI y Gisha han cuestionado eso último, dado que siguieron recibiendo quejas de hambre deliberada y pérdidas de peso en los centros penitenciarios israelíes.