ÚLTIMA HORA | Sigue el minuto a minuto del conflicto Rusia - Ucrania
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el 28 de febrero pasado que iniciaba una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad a Rusia por atacar a la población civil de Ucrania, tras recibir el apoyo de 39 estados miembros, entre ellos el Estado español. El apoyo se ha ampliado ahora a 41 estados, con Japón y Macedonia del Norte. Tres expertos catalanes en justicia penal internacional y miembros del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI) han expuesto hoy, en una jornada en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEFJE) de Barcelona, las dificultades de llevar al líder ruso, Vladimir Putin, y responsables de su gobierno para que sean juzgados por estos crímenes. "Esperamos que, como dice el lema de nuestro colegio, la justicia no tiene fronteras", ha manifestado el secretario general del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI-BPI-ICB), Jaume Antich, que ha presentado las jornadas con la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que ha sido contundente: "Desde el Govern denunciamos la intervención militar rusa contra Ucrania, rechazamos la guerra como método para resolver conflictos y apostamos para la negociación con la mediación internacional."
La abogada y tesorera del CAPI , Antònia Rocha, ha explicado con detalle y realismo las trabas legales para sentar Putin en el banquillo de los acusados. El primero de todos es que ni Ucrania ni Rusia forman parte de la Corte Penal Internacional, creada con el Estatuto de Roma el 1998 y que funciona desde el 2003 para enjuiciar los delitos más graves: genocidio (de un colectivo o etnia), crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de agresiones, que rompen los tratados de resolver cualquier controversia de forma pacífica. Rusia revocó su entrada el 2007. El fiscal de la CPI ha resuelto que tiene competencia porque Ucrania le ha dado permiso para poder investigar los hechos que ha pasado en su territorio, hecho -indica Rocha-, que también incluye analizar la acción del gobierno de Ucrania en la región del Donbas. También ha destacado que incluso el fiscal de la CPI ha puesto un correo electrónico (otp.informationdesk@icc-cpi.int) a disposición de todas las personas que le quieran facilitar documentación y testimonios. Ahora, la principal dificultad es que Putin tiene que ser detenido en un estado miembro de la CPI, y hoy por hoy es inverosímil. Por eso, el líder ruso no teme a ser juzgado.
Recursos
En la jornada, el profesor de derecho internacional público de la Universidad Rovira i Virgili, Santiago Castellà, ha expuesto el funcionamiento del derecho internacional "donde las normas no son obligatorias, sino disposiciones, que los Estados aceptan con libre voluntad," y como Rusia fue "una sucesora incuestionada" de la URSS como miembro permanente de Naciones Unidas. Castellà también ha sostenido que "la población de Ucrania ha dejado de forma clara su voluntad de soberanía", y, por lo tanto, los dirigentes rusos "han cometido hechos que violan derechos humanos e internacionales, que requieren respuesta". También ha recordado que los estados no son juzgados, sino las personas, y que delante de la gravedad de los delitos, estos no prescriben. "Se ha cometido un delito de agresión", del cual -ha reconocido- la comunidad internacional tardó en definirlo, aunque "es la madre de los delitos de guerra y de lesa humanidad".
Finalmente, el mediador internacional y defensor de víctimas en la CPI, Jordi Palou-Loverdós, ha realizado una intervención bien crítica a los estados miembros cuando crearon los dos tribunales internacionales, predecesores de la CPI, para juzgar los crímenes de la ex-Yugoslavia y sobre todo de Ruanda, donde ha recordado que el tribunal solamente quiso juzgar el genocidio de 1994, "aunque en 1995 hubo otro delante de los militares de Naciones Unidas. Porque claro, eran de piel negra". El abogado también se ha mostrado sorprendido que la fiscal general del Estado español recientemente haya informado que ha abierto diligencias para colaborar con la CPI a recopilar información, cuando en el 2014 el Gobierno del PP limitó, y mucho, las competencias de la judicatura para juzgar autores de crímenes de lesa humanidad.
Con todo, Palou-Loverdós ha recordado que los tratados internacionales permiten intentar la mediación y resolución de conflictos, cuando continúan abiertos y cuando acaban las hostilidades, y ha exigido a la comunidad internacional más medios para estas resoluciones y para la CPI, exponiendo los millones y millones de euros que se destinan a medios bélicos. Ha expuesto que "en clave jurídica también es interesante analizar si Rusia se ha sentido presionada al ser rodeada por países de la OTAN". Y, ha hecho un llamamiento a los estados miembros a cumplir el compromiso de extradición en el caso del conflicto de Ucrania, y ha recordado que la Corte Penal Internacional no tiene policía y requiere de los recursos de los estados miembros. "Tenemos un mecanismo potente con patas débiles", ha concluido.