Bélgica, sede de las principales instituciones europeas e históricamente considerada uno de los territorios más estables del continente, vive inmersa en una crisis de seguridad que ya muchos describen como “sin precedentes”. Las advertencias de una jueza de instrucción de Amberes, que en una carta abierta alertaba de que el país “corre el riesgo de convertirse en un narcoestado”, han reactivado un debate que hace años que planea sobre el país. La magistrada, que tuvo que pasar cuatro meses escondida por amenazas relacionadas con casos de narcotráfico, denunciaba “una amenaza organizada que mina nuestras instituciones” y la existencia de unas “estructuras mafiosas que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial”.
Un puerto clave y una economía paralela multimillonaria
El puerto de Amberes, una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa, está en el centro del problema. En 2023 se confiscaron 116 toneladas de cocaína, un récord que evidencia el volumen de negocio ilegal. Según investigaciones judiciales, las redes criminales han logrado infiltrar a trabajadores de aduanas, portuarios, policías e incluso personal judicial. Esto ha generado una economía paralela que, según fuentes policiales, se extiende ya a sectores como el inmobiliario.
Este poder económico se ha traducido en violencia, con explosiones ante viviendas, ataques con armas largas, intimidaciones y ajustes de cuentas. Solo en Bruselas se han registrado cerca de un centenar de tiroteos este año, con varios muertos y heridos. En barrios populares de Amberes como Borgerhout o Deurne, las detonaciones y los ataques son parte del paisaje habitual. En Bruselas, la situación es especialmente tensa en Anderlecht, Saint-Gilles y Saint-Josse, mientras que Molenbeek —que ya estuvo en el ojo del huracán por haber sido uno de los focos logísticos del terrorismo yihadista europeo— ahora es uno de los epicentros de las redes de droga. Ante esta escalada, las autoridades han llegado a plantear un toque de queda para los comercios en las zonas más afectadas, una medida insólita en la capital de Europa.
La dimensión institucional del problema
El narcotráfico no solo ha atravesado calles y barrios, sino que también ha puesto el foco sobre las máximas autoridades. El exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, tuvo que ser trasladado a una dirección secreta tras detectarse un intento de secuestro. Más recientemente, se ha frustrado un plan para atentar contra el primer ministro Bart De Wever.
Según el antropólogo Ten Voeten, autor de varios trabajos sobre el narcotráfico en Amberes y la violencia asociada en otras regiones del mundo, Bélgica no es todavía un narcoestado, pero sí que podría describirse como una especie de “narcoestado light”, porque la estructura y los patrones del crimen organizado que opera en el país “son muy similares” a los de territorios con una presencia mafiosa consolidada.
La criminóloga Letizia Paoli, citada por El País, discrepa de esta calificación y recuerda que el concepto de narcoestado solo se puede aplicar cuando coinciden tres condiciones a la vez: una corrupción profunda en las altas esferas de gobierno capaz de poner en riesgo el Estado de derecho; un nivel de violencia tan elevado que llegue a erosionar el monopolio estatal de la fuerza; y una infiltración del crimen organizado tan grande que acabe condicionando la economía legítima. Paoli reconoce que Bélgica muestra indicios preocupantes en cada uno de estos frentes —una economía paralela multimillonaria ligada al narcotráfico, casos de intimidación a jueces y una corrupción que “está permeando las instituciones”—, pero insiste en que el país aún no reúne simultáneamente los tres criterios que definen un narcoestado.
Policía desbordada, respuesta política insuficiente y reclutamiento de menores
Las fuerzas de seguridad denuncian falta de recursos y de efectivos. A pesar de dedicar más de un 20% de la investigación federal a delitos de droga, la capacidad de respuesta parece insuficiente ante un mercado inmenso y altamente rentable. La explosión de demanda global, según diversos expertos, alimenta aún más la cadena de oferta. En paralelo, aumenta la preocupación por la instrumentalización de jóvenes vulnerables. Organizaciones sociales alertan de qué grupos como la Mocro Maffia reclutan menores no acompañados —algunos de solo 13 años— como vigilantes, transportistas o guardianes de la droga.
Un futuro incierto para el Estado de derecho
La jueza de Amberes que hizo saltar todas las alarmas lo resume así: “La cuestión no es si el Estado de derecho está amenazado, porque ya lo está. La cuestión es cómo lo defenderemos”. Bélgica aún no es un narcoestado, según los expertos, pero los síntomas que describen jueces, policías y académicos indican que el país se encuentra ante un reto estructural que marcará su futuro inmediato.