Cuando hacía solo unos días que había empezado la guerra de Ucrania por la invasión de las tropas de Putin, el periodista vasco Pablo González, que se encontraba cubriendo el conflicto, fue detenido en la localidad polaca de Przemsyl, a pocos kilómetros de la frontera. Desde aquel 28 de febrero, González ha estado detenido en Polonia, acusado de ser un agente de la inteligencia militar rusa. Más allá de ser vasco, el periodista también tenía la nacionalidad rusa, motivo que podría haber motivado su detención, por un presunto espionaje a las órdenes del Kremlin. Desde el Gobierno, el caso de Pablo González ha sido a menudo ignorado por parte del Gobierno y el ministerio de Exteriores, algo que le ha valido las críticas de los partidos de la oposición, especialmente desde EH Bildu. Ahora, después de 365 días detenido en Polonia, Amnistía Internacional ha pedido que se ponga fin a su régimen de aislamiento y que pueda salir en libertad a la espera de que se celebre su juicio.

"Aunque González ya puede tener contacto regular con su abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, no contó con asistencia letrada de oficio hasta 16 días después de su detención. Tampoco tuvo un abogado de libre elección hasta dos meses después", ha denunciado al colectivo en un comunicado, que también ha lamentado que hoy todavía no tiene permitido un contacto directo y regular con su familia: la única visita que ha recibido en todo este año a la prisión ha sido el de su mujer, Oihana Goiriena, el pasado mes de noviembre, 8 meses después de ser detenido. Goiriena viajó hasta Polonia acompañada por el abogado Gonzalo Boye y explicó que se habían podido encontrar durante dos horas, "tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias" y con la presencia de una oficial de la inteligencia polaca". En el tiempo que se pudieron ver, Goiriena informó a su marido sobre la situación de su familia tanto en España como en Rusia.

Los tratados que se incumplen con la detención de González

​En su comunicado, Amnistía Internacional recuerda el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que establecen que cualquier persona "tiene que ser informada cuanto antes mejor de los motivos de su detención, así como de todos sus derechos para poder impugnarla", cosa que no se ha cumplido en el caso de Pablo González. También se refiere a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que afirman que "el derecho a la asistencia letrada se configura además como un derecho a una representación efectiva y no solo en la simple presencia de un abogado", y al hecho que "las personas bajo custodia tienen derecho a notificar a uno tercero que han sido arrestadas o detenidas y donde se encuentran recluidas".

Tal como informa la organización internacional, se han puesto en contacto con el fiscal general polaco expresando estas preocupaciones sobre las condiciones de reclusión de Pablo González en el último año y pidiendo sea puesto en libertad antes del juicio. Con todo, no han recibido recibir respuesta. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional está en contacto con familia y abogados del periodista vasco, poniéndose a su disposición y a la de las autoridades españolas.

Iñarritu, contra el Gobierno por Pablo González

Coincidiendo con el aniversario de la detención de Pablo González, el diputado de EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu, que ha sido una de las personas que han hecho más eco de su caso, ha denunciado la inacción del Gobierno. Lo ha hecho en un tuit publicado este domingo después de conocerse la liberación de una joven gallega detenida en Irán: "Excelente actuación del ministro. Ahora estaría bien que hiciera lo mismo con su homólogo polaco y le pidiera la liberación inmediata de Pablo González", escribió en Twitter. Horas antes, publicaba un mensaje escrito en vasco censurando su situación: "Hace un año que está en prisión provisional, en unas condiciones que no son dignas de ninguna persona que haya sido condenada. Mientras tanto, el Gobierno, no respeta el principio de su inocencia", ha lamentado.