Después de la aprobación hace pocos días en el Parlamento Europeo y por parte del resto de instituciones del nuevo "reglamento de retornos" que, entre otras cosas, permite crear centros de migrantes en terceros países con los que se haya suscrito un acuerdo y se respete el principio de no devolución, ahora los países europeos se abren a poder financiar estos centros con fondos comunitarios. Esto es lo que se desprende de un acuerdo al que han llegado los Estados miembros de la Unión Europea en la sesión del Consejo Europeo de este martes sobre el nuevo programa presupuestario de acción exterior del bloque, del cual España se ha desmarcado con una abstención. El texto acordado señala que el programa Europa Global "debería contribuir a conseguir retornos, readmisiones y reintegraciones seguras, dignas, sostenibles y eficaces, así como soluciones innovadoras, incluso para prevenir y contrarrestar la migración irregular de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional".
Es la introducción de este concepto de "soluciones innovadoras", que se utiliza en la jerga comunitaria para hacer referencia, entre otras cosas, a los centros de deportación de migrantes, lo que abre la puerta a la utilización de fondos europeos para financiarlos. Sin embargo, el término genera dudas sobre su implicación legal porque el texto solo nombra estos centros en la parte expositiva de la ley y no en el articulado. El texto acordado entre los veintisiete fija la posición de los gobiernos estatales para negociar con el Parlament Europeu la versión final del programa Europa Global, por lo cual el texto definitivo que surja puede ser diferente del acordado entre las capitales. Esta versión definitiva se deberá negociar antes de la entrada en vigor del programa, prevista para el 1 de enero de 2028. El acuerdo tiene lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios por parte de la opinión pública, que han impulsado los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente. Estos centros tienen el apoyo de la mayoría de los Estados miembros, y los eurodiputados deben dar el miércoles el visto bueno definitivo al texto que prevé su creación.
Voces críticas con las "soluciones innovadoras"
Por la parte española, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha trasladado en un debate el rechazo del Gobierno a incluir este concepto, incluso en la parte expositiva del texto y a pesar de que se aclare que "todas las acciones relacionadas con la migración se tienen que llevar a cabo con pleno respeto al derecho internacional". "Desde el punto de vista español, consideramos que los llamados centros de retorno no tienen cabida dentro de estas soluciones innovadoras y no deberían ser financiados con Europa Global", ha subrayado Sampedro ante el resto de socios comunitarios. El representante del ejecutivo de Pedro Sánchez en la reunión ha añadido que España no puede "suscribir" el uso del concepto porque "no es el lenguaje acordado" entre los líderes en las cumbres y ha recordado que el servicio jurídico del Consejo ha aclarado "en numerosas ocasiones" la "indeterminación jurídica" de la expresión "soluciones innovadoras".
El español, sin embargo, no ha sido el único en expresar sus reservas respecto de la inclusión del concepto en el texto acordado por los gobiernos del bloque comunitario. La portuguesa Inês Domingos ha indicado que su país también rechaza el concepto de "soluciones innovadoras", mientras que el representante del gobierno francés, Benjamin Haddad, ha lamentado que su introducción "dé el efecto" de que podría financiar los centros de retorno, a pesar de que para París esto no tiene aplicación "operativa directa". El acuerdo de este martes tampoco incluye qué dotación tendrá, ya que las cifras serán negociadas a nivel de jefes de Estado y de Gobierno durante los próximos meses. Sin embargo, los socios comunitarios están examinando un borrador presupuestario que asigna 182.500 millones en siete años a este programa.