Este martes, la Mesa del Congreso de los Diputados, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, ha vetado la tramitación en la cámara baja de dos enmiendas, del PP y de Junts, a una propuesta de los populares, que pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convocara elecciones anticipadas. Desde Junts consideran "inaudito" el veto de la mesa y consideran que este "evidencia la debilidad extrema" en que se encuentra el Gobierno de Sánchez, que es "incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno". Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que la negativa del órgano de gobierno de la cámara a admitir la tramitación de las enmiendas muestra el "miedo" de los socialistas. Las dos formaciones recuerdan que la misma Mesa avaló en febrero de 2025 tramitar una proposición no de ley de los independentistas que pedía a Sánchez plantear una cuestión de confianza en la cámara baja.
Muñoz ha considerado que la decisión de los socios de la coalición que preside el Gobierno es "arbitraria" y ha avanzado que su formación presentará un recurso contra la decisión de la Mesa que, en caso de ser rechazado, se reservan su derecho de elevarlo al Tribunal Constitucional. En sus palabras, esta decisión demuestra que los socialistas son "mentirosos, corruptos y, además, cobardes". "¿Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen a que se vote?", se ha preguntado la portavoz popular, para quien los grupos que integran el Gobierno han hecho gala de "un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta". Para la dirigente leonesa, la "decisión acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin", y que ahora solo queda esperar que Sánchez "continúe parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones".
Las enmiendas invaden competencias de Sánchez
Los dos partidos con mayoría en la Mesa, PSOE y Sumar, han argumentado la inadmisión de las enmiendas a que ambas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno" como es la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. Muñoz, como también han hecho los independentistas, ha aludido al contraste de la decisión de la Mesa de este martes con la que se adoptó cuando Junts registró una proposición no de ley en la que exigía a Sánchez que se sometiera a una moción de confianza, la cual también es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, a finales de 2024.
En aquella ocasión, la Mesa también frenó la tramitación del texto, pero, semanas después, Junts aceptó rebajar el contenido de la redacción después de alcanzar un acuerdo con el Govern para apoyar la convalidación de un decreto ley. Los servicios jurídicos del Congreso no pusieron pegas a la iniciativa en ningún momento, pero los socialistas demoraron durante dos meses la decisión de la Mesa, que al final dio el visto bueno a la iniciativa, una vez diluida. Si la redacción inicial de aquel texto instaba directamente a Sánchez a "plantear una cuestión de confianza", la final solo le instaba a "considerar la oportunidad" de plantearla y también añadió expresamente que no tenía "efectos jurídicos" para Sánchez, que no estaba obligado a cumplirla, ya que esta es una "prerrogativa que le confiere la Constitución".
Junts ya asumía que solo era una petición
Desde Junts apuntan al hecho de que, en su enmienda vetada, ya asumían que la exigencia de elecciones generales no supone una obligación para el presidente del Gobierno. En concreto, la enmienda de los independentistas buscaba instar "al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Por su parte, la del PP pedía al Gobierno "reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa, y que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la normalidad democrática, recuperar interés político".