La decisión de Donald Trump de bombardear Irán sin el aval previo del Congreso ha reabierto con fuerza el debate sobre los límites constitucionales de las competencias militares del presidente. Diversas figuras clave del Capitolio presionan para que se someta a votación una Resolución de Poderes Bélicos que obligue a la Casa Blanca a obtener el apoyo parlamentario si quiere mantener la ofensiva. Los congresistas sostienen que la medida limitaría una operación que vulnera la legalidad y empuja a Estados Unidos hacia una nueva escalada en Oriente Medio. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado —donde los republicanos disponen de una mayoría mínima— ya existían borradores de esta resolución antes de los ataques del sábado, pero ahora el debate se prevé inminente y actuará, en la práctica, como un referéndum político sobre la decisión de Trump de actuar unilateralmente. El senador Bernie Sanders, uno de los principales referentes progresistas en el país, aseguró que Trump “ha iniciado una guerra ilegal, premeditada e inconstitucional”.

Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, han situado la Cámara de Representantes en el centro del pulso y han reclamado que la medida se someta a votación sin dilaciones. Khanna ha reclamado que “el Congreso se tiene que reunir el lunes para votar”; tan pronto como se pueda “para detener” la operación Furia Épica. El empuje, sin embargo, choca con un Partido Republicano que, a excepción de Massie y algún congresista más, ha cerrado filas con la decisión de Trump de endurecer la escalada contra Irán, aferrándose al programa nuclear y las capacidades balísticas de la República Islámica. El senador Lindsey Graham lo ha resumido sin matices: “Bien hecho, señor presidente”. La batalla por los poderes bélicos, pues, lleva al Congreso al límite.

La guerra abierta contra Irán pone a prueba el principio de la separación de poderes que establece la Constitución norteamericana. Hace solo unas semanas ya había generado controversia la ofensiva que terminó con la captura de Nicolás Maduro, pero en este caso el debate es aún más profundo, porque implica un enfrentamiento directo con una nación mucho más poderosa que Venezuela. Trump, como presidente de Estados Unidos, ejerce como comandante en jefe de las fuerzas armadas y puede ordenar determinadas operaciones militares sin el visto bueno previo del poder legislativo. Ahora bien, la capacidad de declarar formalmente la guerra corresponde al Congreso. En conflictos previos como la invasión de Irak en 2003, la Casa Blanca buscó durante meses una autorización parlamentaria explícita, cosa que no se ha producido ni en el caso de Irán ni en el de Venezuela. Además, un intento previo del Senado para frenar la acción militar de Trump después del ataque de junio de 2025 había fracasado, hecho que ya evidenciaba las dificultades del legislativo para limitar al ejecutivo cuando se trata de la guerra.

La ofensiva en Venezuela ya había cuestionado la separación de poderes en EE. UU. / EFE

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el debate parlamentario sobre los poderes bélicos tendría sobre todo un valor simbólico. Aunque la resolución prosperara en el Congreso, el presidente podría vetarla y, con la distribución de escaños actual, es altamente improbable que se reuniera la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para levantar este veto. La experiencia reciente con Venezuela ya evidenció las limitaciones del poder legislativo para frenar decisiones militares de la Casa Blanca, y todo apunta a que el margen de acción en este caso sería igualmente reducido, a pesar del aumento de la presión política y mediática sobre el ejecutivo de Trump.

Los demócratas impulsan la Resolución de Poderes Bélicos

Lógicamente, el Partido Demócrata, que está en la oposición desde el 3 de enero de 2025, es el principal impulsor de la medida que busca parar los pies a Trump en el ámbito bélico. Varios dirigentes sostienen que los bombardeos vulneran el orden constitucional y denuncian que la Casa Blanca no ha presentado ni una base jurídica clara ni una estrategia sobre las consecuencias del conflicto con Irán. En el Senado, Chris Van Hollen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, ha acusado al presidente de haber iniciado una “guerra ilegal contra Irán” y ha advertido que la operación “solo perjudica a Estados Unidos y sus intereses”. En este sentido, el demócrata ha reclamado que la cámara alta someta a votación inmediata la Resolución de Poderes Bélicos con el objetivo de frenar la ofensiva militar y recuperar el control parlamentario sobre una decisión que, a su parecer, excede las competencias del ejecutivo.

En la misma línea, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha reclamado información inmediata sobre los planes militares de la administración y ha advertido que “no se debe permitir nunca que Irán consiga una arma nuclear, pero el pueblo americano no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa”.

En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries, que recientemente protagonizó el discurso más largo de la historia de la cámara baja para frenar la agenda presupuestaria de Trump, ha remarcado que, a pesar de considerar a Irán un “mal actor” que debe ser confrontado por sus violaciones de derechos humanos y por la amenaza que representa, la Casa Blanca “debe pedir autorización para el uso preventivo de la fuerza militar que constituya un acto de guerra”.