La administración de Donald Trump ha impuesto este jueves sanciones financieras contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el marco del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha presentado la decisión como una nueva muestra de la línea dura de Washington contra el gobierno castrista y ha asegurado que estas medidas reflejan el compromiso "implacable" de la Casa Blanca para que "Cuba sea libre". En el comunicado, Rubio también ha acusado a "la élite del régimen comunista" de dirigir un "estado fallido" en el que, según ha afirmado, la población sufre dificultades mientras la familia Castro y otros sectores privilegiados se enriquecen mediante la evasión de sanciones y otras actividades que ha calificado de "ilícitas".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incorporado a Castro Calis a su lista de sancionados junto con varias entidades vinculadas al Estado cubano. Entre las afectadas se encuentran el Banco Exterior de Cuba (BEC), con sede en La Habana, y Comercial Cupet, dedicada a operaciones de comercio exterior relacionadas con la importación y exportación de bienes y servicios para el sector petrolero. Las medidas también tienen impacto sobre Nicarotec, Abapet y Cexni, tres empresas estatales especializadas en ámbitos estratégicos de la economía de la isla, desde los servicios técnicos e industriales hasta el suministro de equipamiento tecnológico para infraestructuras energéticas. Estas compañías intervienen igualmente en la importación de materias primas y maquinaria destinada al procesamiento de níquel y cobalto.
Estrategia de presión contra el régimen
Washington ha ampliado en los últimos meses las sanciones contra dirigentes y figuras vinculadas al poder cubano, entre las que se encuentran el presidente Miguel Díaz-Canel y varios miembros de la familia Castro. Fidel Ernesto Castro Calis es hijo de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y director de Inteligencia de Cuba, que también está sancionado por Estados Unidos. Las medidas anunciadas conllevan la prohibición de mantener transacciones financieras o comerciales con las personas y entidades incluidas en la lista, mientras que los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
La nueva ronda de sanciones se enmarca en la estrategia de presión que la administración Trump mantiene sobre La Habana con el objetivo declarado de forzar cambios políticos y económicos. En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó en mayo de 2026 a Raúl Castro por el derribo, en el año 1996, de dos aviones civiles de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en aguas internacionales, un episodio en el que murieron cuatro personas. El expresidente cubano fue acusado de un delito de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro por homicidio.
Además, Washington impuso a principios de este año un bloqueo que ha contribuido a agravar la crisis energética y comercial que atraviesa la isla, marcada por apagones recurrentes derivados de la falta de electricidad. La semana pasada, Trump firmó un memorándum para prorrogar el embargo un año más, hasta septiembre de 2027, manteniendo así la línea de máxima presión sobre el gobierno cubano. Desde La Habana, las autoridades rechazan esta política y defienden que corresponde exclusivamente al pueblo cubano decidir sobre el futuro del país.