Cuba ha autorizado la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores mediante el Decreto Ley 133, publicado por el Consejo de Estado en la Gaceta Oficial. La nueva figura amplía el sector privado más allá de las micro, pequeñas y medianas empresas creadas en 2021 y forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas pel Govern en junio. La norma entrará en vigor siete días después de su publicación.
Más autonomía para las nuevas empresas
Las sociedades podrán constituirse como S.R.L. si tienen varios propietarios o como S.U.R.L. en caso de un único titular. Podrán abrir establecimientos en otras provincias, fijar precios dentro de los límites gubernamentales y decidir los salarios de sus trabajadores. También tendrán la posibilidad de importar y exportar directamente, con autorización del Ministerio de Comercio Exterior, y de asociarse con capital extranjero. Las operaciones financieras deberán canalizarse a través de cuentas bancarias y, en general, las ventas deberán realizarse en pesos cubanos.
Antes de recibir la autorización, los socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria y acreditar su procedencia lícita. Podrán ser propietarios ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior y extranjeros residentes en el país. En cambio, la norma excluye a funcionarios y dirigentes del Estado y del Govern, así como a personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con la actividad empresarial. Las compañías también deberán mantener una "responsabilidad social" con la comunidad.
Cambios para cooperativas, autónomos y educación privada
Las cooperativas también podrán ampliarse territorialmente e importar o exportar con autorización estatal. En cuanto al trabajo por cuenta propia, la colaboración familiar solo podrá ser puntual, mientras que los titulares podrán pasar hasta tres meses al año en el extranjero sin perder la licencia. Si contratan trabajadores, los salarios deberán pagarse por vía bancaria.
El paquete incluye igualmente novedades en el ámbito educativo. La Resolución 30/2026 permite casas privadas de cuidado infantil, con cuidadoras obligadas a superar un curso de capacitación. También se autorizan las clases privadas de idiomas, con un nivel mínimo B1 acreditado por los profesores, y las clases particulares. Los docentes de la educación pública podrán dar repaso fuera del horario laboral, pero no podrán expedir títulos ni utilizar instalaciones o libros oficiales y deberán ofrecer clases gratuitas a niños vulnerables de su comunidad.
Nuevas normas en los alquileres
En el sector inmobiliario, los propietarios podrán alquilar inmuebles a las nuevas empresas privadas y a cooperativas. Los arrendamientos deberán conservar durante cinco años un registro de las personas que pernocten en la vivienda y, en el caso de cubanos residentes en el exterior o ciudadanos extranjeros, los datos se deberán comunicar al Ministerio del Interior. Las reformas se enmarcan en un paquete que también prevé cambios en la agricultura, el comercio exterior, el sector inmobiliario y la autonomía de las empresas estatales, en plena crisis económica en la isla.