La situación social en Marruecos sigue siendo muy tensa y el país vive una escalada de tensión y violencia en las calles de las principales ciudades por las protestas masivas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que ya se han cobrado tres víctimas mortales cuando la policía disparó para repeler un asalto a una comisaría de la gendarmería Real en Laqliaa, en el sur del país. Los jóvenes, principalmente de la generación Z, representados a través de los movimientos GenZ 212 y Morocco Youth Voice, continúan movilizándose en varias ciudades como Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir, entre otras, en demanda de mejoras en sanidad, educación, empleo y justicia social. Mientras que tanto desde el Ministerio del Interior como desde la Fiscalía se ha advertido que los actos de vandalismo durante las manifestaciones pueden alcanzar penas de hasta cadena perpetua, los jóvenes del movimiento GenZ212 ha pedido al rey Mohamed VI que, en virtud de las facultades que la Constitución marroquí otorga al monarca alauita, destituya al actual gobierno al completo por su “fracaso de garantizar la justicia social” en el país.
Liberación de los detenidos
En una carta publicada en sus plataformas digitales, los impulsores de las protestas también reclaman la liberación de todos los detenidos en el marco de las protestas, la disolución de partidos que afrontan casos de corrupción y el inicio de procesos judiciales contra funcionarios y cargos políticos que hayan malversado o se hayan enriquecido ilícitamente en el marco de sus funciones. “Nosotros, los jóvenes marroquíes (...) que sufrimos por las difíciles condiciones de vida y por la brecha entre los derechos constitucionales consagrados y la práctica cotidiana, nos dirigimos a usted con este documento popular lleno de esperanza y de fe en que el Consejo del Trono seguirá siendo garante de la seguridad de la patria y la estabilidad de su pueblo y la dignidad de este”, ha afirmado en una carta difundida a través de la red X.
En la carta, los autores reconocen que si bien la Constitución marroquí, que fue aprobada en un referéndum en 2011, ha logrado “importantes avances”, como la rendición de cuentas y la garantía del respeto a la libertad de expresión, “la aplicación práctica de estos principios ha sufrido “lagunas y abusos que exigen renovar la confianza entre los ciudadanos y las instituciones”. Por esta razón, continúa el escrito, “es nuestro deber alzar la voz y pedir a Su Majestad que intervenga para llevar a cabo una reforma profunda y justa que restablezca los derechos, castigue a los corruptos y renueve el compromiso con (...) la transparencia”. Gen Z 212 solicita específicamente la “destitución” del primer ministro Aziz Ajanuch y de todo su Ejecutivo “por su fracaso a la hora de proteger el poder adquisitivo de los marroquíes y de garantizar la justicia social”. También exige la apertura de “un proceso judicial imparcial” contra todas las personas implicadas en corrupción, “independientemente de su cargo”.
Disolución de los partidos implicados en casos de corrupción
Entre las peticiones, también está la de que se disuelvan todos los partidos políticos que estén implicados en casos de corrupción, que se garantice la igualdad de oportunidades para los jóvenes en educación, salud y empleo, sin clientelismo ni nepotismo; poner fin a todas las formas de represión contra manifestantes y activistas, la liberación inmediata de todos los detenidos que participaron en protestas pacíficas, así como de los presos de conciencia vinculados a revueltas populares y movimientos estudiantiles o la realización de una sesión nacional pública, presidida por el rey, donde el Gobierno rinda cuentas ante los ciudadanos con pruebas y documentos que evidencien casos de corrupción y mala gestión económica y social. "Esta sesión debe basarse en pruebas y documentos que demuestren la implicación del Gobierno y de sus miembros en casos de corrupción y en la gestión fraudulenta de las políticas económicas y sociales", ha añadido al respecto, asegurando que su finalidad "no es la venganza sino (...) sentar un precedente histórico que confirme que Marruecos ha entrado en una nueva etapa en la que (...) se restablece la confianza entre el pueblo y sus instituciones”.
Amenazas desde la Fiscalía
Desde el gobierno y las instituciones marroquíes, sin embargo, han hecho un llamamiento a que finalicen las protestas y los actos vandálicos que las acompañan. El portavoz de la Fiscalía, Ahmed Ouali Alamiha, jefe del Departamento de la Acción Pública, advirtió que “los actos de vandalismo, incendio o violencia” contra bienes públicos o privados serán gravemente penalizados, con condenas que pueden variar entre 10 y 30 años, y en casos con “circunstancias agravantes”, incluso cadena perpetua.
Rachid el Jalfi, portavoz del Ministerio del Interior, justificó la intervención policial que terminó con tres jóvenes muertos en el presunto ataque a una gendarmería en Laqliaa afirmando que los agentes actuaron en legítima defensa. El portavoz también actualizó el número de heridos, que asciende a 740, la mayoría de ellos agentes de las fuerzas de seguridad, y también denunció que se han vandalizado centenares de vehículos y decenas de instalaciones públicas y privadas en más de veinte provincias. El gobierno marroquí, a través del primer ministro Aziz Ajanuch, ha condenado la intensificación de las protestas que comprometen la seguridad nacional, pero se ha mostrado abierto al diálogo con los jóvenes, durante una reunión del Consejo de Ministros.