La represión de la disidencia política en Hong Kong vuelve a intensificarse con una nueva ofensiva policial. Las autoridades han emitido órdenes de arresto contra 19 activistas prodemocráticos en el exilio, a quienes acusan de subversión en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional que Pekín impuso en el 2020, después de las masivas protestas que sacudieron la antigua colonia británica el año anterior. Según la policía, los activistas están vinculados a Hong Kong Parliament, una organización establecida en Canadá que promueve iniciativas como un referéndum no oficial o la formación de una legislatura alternativa. El objetivo, denuncian las autoridades en un comunicado, sería conseguir la autodeterminación, redactar una nueva constitución para Hong Kong y "derribar por medios ilegales" los gobiernos tanto del territorio como de la China continental. En este contexto, ya son diversas las figuras destacadas de la oposición hongkonesa que, ante la amenaza de prisión, han optado por huir al extranjero, mientras otras han sido condenadas a largas penas de reclusión.
En el mismo comunicado, la policía de Hong Kong ha advertido que la investigación sobre Hong Kong Parliament continúa abierta y ha amenazado con ampliar la persecución. "Se ofrecerán recompensas para identificar a más sospechosos si hace falta", han señalado. Las autoridades han instado a los acusados a "volver a Hong Kong y entregarse, en lugar de cometer más errores". Para 15 de los 19 activistas, se ha fijado una recompensa de 200.000 dólares hongkoneses (unos 25.500 dólares americanos), mientras que los otros cuatro ya estaban en busca y captura con una fianza que llega al millón. Entre los nombrados está el empresario Elmer Yuen, el comentarista Victor Ho y los activistas Johnny Fok y Tony Choi.
A pesar de la amenaza explícita, las recompensas se consideran en gran parte simbólicas, ya que van dirigidas contra personas que residen en el extranjero, en países que difícilmente extraditarán activistas políticos a Hong Kong o China. Se trata de la cuarta ocasión en que las autoridades del centro financiero ofrecen dinero para capturar a supuestos infractores de la ley de seguridad nacional. Feng Chongyi, profesor de estudios chinos a la Universidad Tecnológica de Sídney y también incluido en la lista, ha tildado la medida de "ridícula". "Tienen el poder, tienen influencia en el extranjero, quieren controlarlo todo, incluso fuera del país", ha afirmado al Sydney Morning Herald.
"Sedición", represión
"El gobierno de Hong Kong está profundizando la represión en Hong Kong, extendiendo su largo brazo en el extranjero e intentando silenciar las diásporas", ha denunciado por su parte Maya Wang, de Human Rights Watch, en declaraciones a la agencia AFP. Según datos oficiales, ya son 34 las personas buscadas por delitos vinculados a la ley de seguridad nacional, entre los cuales se encuentran la secesión, la subversión o la complicidad con potencias extranjeras. Las anteriores tandas de recompensas suscitaron fuertes críticas por parte de gobiernos occidentales, que Pekín y Hong Kong calificaron de "interferencias" en sus asuntos internos. Además, las autoridades locales han llegado a revocar pasaportes de activistas en el exilio amparándose en esta misma ley.
Hasta el 1 de julio, las autoridades de Hong Kong habían arrestado a un total de 333 personas por delitos supuestamente vinculados a la ley de seguridad nacional, con 165 de ellas ya condenadas. La represión no se detiene: este mes, la policía ha detenido a cuatro personas —incluida una chica de 15 años— acusadas de pertenecer a un grupo establecido en Taiwán que, según las autoridades, promovía el derrocamiento del Partido Comunista Chino. Además, esta misma semana se ha detenido un joven de 18 años por haber escrito "palabras sediciosas" en la pared de un lavabo en un edificio comercial.