Hong Kong ha aprobado una ley de seguridad que preocupa Occidente. Concretamente, el Consejo Legislativo de la ciudad china ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo. Con el voto afirmativo de los 89 legisladores del Parlamento, la norma busca cubrir las lagunas de la ley de seguridad nacional implantada por Pekín en junio de 2020, después de las protestas de 2019.
La normativa se incluye en el conocido artículo 23 de la ley fundamental, que exige que Hong Kong promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros. La ley se ha aprobado de manera acelerada, en solo once días, el plazo más corto en el cual se ha tramitado nunca un proyecto de ley en la ciudad china, a pesar de las voces críticas que han alertado que puede comportar grandes riesgos para las libertades civiles.
Las garantías de libertades en la ciudad
Los críticos han considerado la norma el último paso de una amplia represión política desencadenada por las protestas del 2019, motivo por el cual su aprobación ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La cosa es que Occidente teme que la nueva ley recorte todavía más los derechos y libertades en Hong Kong, sumada a la ley de seguridad nacional de Pekín. En el ámbito territorial, el mencionado artículo 23 ha recibido poca oposición, pero la organización Liga de Socialdemócratas ha expresado también preocupación por el posible impacto negativo que pueda tener en las garantías de libertades en la ciudad. Cuando se intentó aplicar el artículo 23 en Hong Kong en 2003 por última vez, medio millón de personas salieron a la calle en oposición a la iniciativa y en defensa de los valores democráticos.
Dentro del artículo 23 de la ley fundamental, en la nueva legislación figuran crímenes que pueden ser castigados con una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, la insurrección, la incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para hacer daño o debilitar infraestructuras públicas con la finalidad de poner en peligro la seguridad nacional. El jefe de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, ha intentado aclarar las dudas sobre algunos de estos delitos.
Cubrir las lagunas de la ley de Pekín
Tang ha justificado el castigo de la sedición porque "las fuerzas contrarias a China han estado golpeando con su odio y enalteciendo la violencia para debilitar la conciencia respetuosa con la ley de los residentes y sembrar la semilla de la revolución de colores". Además, el gobierno hongkonés ha subrayado la urgencia de promulgar un decreto de seguridad nacional en cumplimiento de su obligación constitucional, cosa por la cual hay que implementar una normativa local que cubra las lagunas de la ley de seguridad nacional implementada por Pekín. La parlamentaria Priscilla Leung ha explicado que son necesarios "límites legales mejor definidos que ofrezcan claridad" y que la ciudad "tiene que aclarar en el mundo entero que se trata de una norma de alta calidad que se ajusta a los principios del derecho consuetudinario y cumple las normas internacionales". "Aquellos que experimentaron la violencia vestida de negro de 2019 saben que, sin una ordenanza de seguridad nacional completa, esto se convertirá en una ciudad sin ley", ha remarcado.
Hong Kong empezó el proceso de promulgación de la ley el 30 de enero con un periodo de consulta pública de cuatro semanas que generó más de 13.000 propuestas y un apoyo ciudadano del 98%, según el gobierno. Desde que se presentó el proyecto, el 8 de marzo, un comité ha celebrado reuniones diarias después del llamamiento del líder hongkonés para aprobarlo "a toda velocidad".