Cuando ya ha transcurrido más de un mes desde el inicio de la guerra de Ucrania, la Comisión Europea insta a los gobiernos europeos a desmantelar los programas que otorgan derechos de residencia o de ciudadanía a extranjeros a cambio de inversiones. Estos intercambios son conocidos como visados o pasaportes dorados, en inglés "golden visa", por los privilegios de quienes los poseen. Además, pide revisar los que ya han sido concedidos a rusos y bielorrusos para identificar y cancelar aquellos que beneficien a sancionados por la UE por su colaboración con la invasión rusa de Ucrania o den apoyo al régimen de Vladimir Putin.
"Los valores europeos no están en venta. Creemos que la venda de la ciudadanía a través de 'pasaportes dorados' es ilegal de acuerdo al Derecho comunitario y plantea serios riesgos para la seguridad porque abre la guerra a la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal", ha indicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en un comunicado.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha avisado de los "abusos" de la libre circulación en el espacio sin fronteras Schengen gracias a estos programas y reclamado "fuertes controles". Estos son vistos con recelos en Bruselas desde hace tiempo. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya alertó sobre la "venta" de valores europeos en 2020, pero con la invasión de Ucrania el debate se ha vuelto más urgente y recientemente el propio Reynders llamó a los Estados miembro a "abolir" los pasaportes y visados dorados.
Rusos que apoyan la guerra
Ahora, el Ejecutivo comunitario publica una serie de recomendaciones para avanzar en la retirada de este tipo de marcos y también para advertir a los gobiernos nacionales del riesgo para la seguridad dentro de la UE que supone que oligarcas sancionados por su colaboración con el Kremlin disfruten de derechos como la libre circulación ligada al permiso de residencia o nacionalidad adquiridos. Por ello, Bruselas reclama que los permisos de residencia que rusos o bielorrusos sancionados por la UE han obtenido por sus inversiones en el pasado, sean "inmediatamente retirados", tras realizar un examen caso por caso y respetando los principios de proporcionalidad, derechos fundamentales y leyes nacionales. Estas medidas para enmendar pasaportes o visados ya expedidos debería aplicarse también, según defienden los servicios comunitarios, a nacionales de Rusia o Bielorrusia que estén "apoyando significativamente" la guerra en Ucrania.
En la actualidad, Malta, Chipre y Bulgaria conceden la ciudadanía a extracomunitarios que invierten en su territorio, aunque Chipre ha tomado medidas para anularlo tras el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario y Malta ha anunciado que los suspenderá para ciudadanos rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania. Otros doce países de la UE, entre ellos España, ofrecen permiso de residencia a cambio de importantes inversiones de extranjeros.
Modo de vida europeo
Hace unas semanas, el ministro de Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares, ya se pronunció sobre este tema, denunciando la presencia de oligarcas en España mientras la guerra continuaba su curso. "No pueden seguir disfrutando de nuestro modo de vida mientras las bombas caen en Ucrania". Así de contundente se mostró entonces el ministro después de que el Gobierno incautara en el puerto de Barcelona un yate propiedad de un oligarca ruso y valorado en unos 140 millones de euros. La idea, explicaba el ministro, "es ir aislando cada vez más al entorno" del presidente ruso, Vladímir Putin.